Todavía pendiente el decreto que concretará el reparto de concejalías entre el PSOE y Ciudadanos, el desembarco del nuevo alcalde en la Alcaldía de Murcia tras la moción de censura al PP ya está teniendo consecuencias. El regidor, el socialista José Antonio Serrano, ha anunciado una auditoría, ha ordenado custodiar los edificios municipales para controlar quiénes y por qué salen con documentos en cajas o en cualquier otro contenedor y ha rodeado el servicio de informática de especiales precauciones: ningún funcionario estaba autorizado este viernes a cumplir instrucciones impartidas por quienes hasta el pleno del jueves eran sus jefes políticos o cargos discrecionales. El objetivo más inmediato, y así lo aseguran las fuentes consultadas por infoLibre, se resume en pocas palabras: evitar que se pierda, por los motivos que sea, o que desaparezca un solo papel o archivo digital de uno de los mandatos locales más largos que se recuerdan en España, el de los 26 años ininterrumpidos en que el PP ha gobernado la capital murciana.
El PSOE da por seguro que abrir los cajones deparará sorpresas y confirmará múltiples sospechas en una ciudad de tamaño medio (casi 460.000 habitantes) donde las polémicas y las dudas sobre los modos de gestión, contratación y subvenciones han pasado hasta ahora casi inadvertidas en el resto del país. "Limpiar", sostiene en privado uno de los ediles llamados a formar parte del nuevo gobierno, se plantea como una tarea prioritaria en un municipio donde al núcleo urbano de Murcia se suman más de 50 pedanías que quienes hasta ahora ocupaban los asientos de la oposición consideran en muchos casos literalmente dejadas de la mano: en este caso, de la mano de una administración pública que sin duda pasará a convertirse en el gran rival del Ejecutivo autonómico cuyo presidente continúa siendo Fernando López Miras, del PP, tras la fallida moción de censura
En principio y salvo sorpresa, se mantendrá como vicealcalde Mario Gómez, el edil de Ciudadanos que ya ocupaba ese puesto con el alcalde del PP, José Ballesta. Gómez abrió la caja de los truenos que desembocó en la doble moción de censura al publicar eldiario.es que en octubre había entregado a la unidad policial contra la corrupción, la UDEF, no menos de tres gigas de documentación sobre contratos bajo sospecha. Como desveló luego infoLibre, el paso dado por Gómez no fue el único en esa dirección: los socialistas también habían entregado ese mes a la Fiscalía un voluminoso informe sobre el agujero detectado en un macrocontrato de más de 40 millones para la mejora de los parques. Y días antes de la moción de censura, el PSOE y Ciudadanos anudaron su alianza con otra entrega a la UDEF: aquí, la que Gómez hizo de un nuevo informe sobre las supuestas y graves irregularidades detectadas por el PSOE en otro contrato de peso, el adjudicado para la implantación de una plataforma de administración electrónica que permita la interoperabilidad plena con otras administraciones.
El exconcejal de Cultura de Murcia compaginó su cargo con la dirección de un hotel que facturó al ayuntamiento 50.000 euros
Otro eslabón en la cadena bajo sospecha
Pero la cascada de asuntos bajo sospecha sigue fluyendo. Ayer, Onda Cero reveló que la Fiscalía murciana está investigando la concesión de casi un millón y medio de euros en subvenciones municipales a una asociación vinculada a un concejal del PP. Ese concejal, Jesús Pacheco, había presidido hasta marzo de 2015 la antes denominada Asociación de Miembros Colaboradores de la Oficina de Congresos de Murcia, ahora rebautizada como Turismo de Murcia Convention Bureau. Lo había hecho como gerente de un hotel, Arco San Juan, a quien también representaba como presidente de la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Murcia. Una vez se hizo con el escaño municipal en mayo de 2015 y fue nombrado concejal con competencias en Turismo, Pacheco optó por la dedicación parcial y compaginó su cargo público con la gerencia del citado hotel.
Fue él quien propuso año tras año a la junta de gobierno que la asociación de colaboradores de la oficina de congresos de Murcia recibiera 250.000 euros. Para entonces, le había sucedido en la cúpula de la asociación Ricardo Zamora, hermano de quien hasta septiembre de 2020 ocupó el cargo de gerente regional del PP murciano y él mismo afiliado al partido al menos hasta 2011, según fuentes con acceso al listado de afiliación que en su día incorporó la Policía al sumario Gürtel. En conversación telefónica con infoLibre, Pacheco dijo este viernes que no tiene conocimiento de que la Fiscalía haya reabierto una investigación que nació hace más de un año de una denuncia del PSOE. Respondió que no recuerda si la asociación que él mismo presidió hasta 2015 posee el marchamo del "interés público", sello que obliga a una asociación a depositar sus memorias y balances en el registro público. Añadió que su papel se limitó a proponer a la junta de gobierno que otorgase esas ayudas pero que no participó en la votación. Aseguró que las cuentas de la asociación han sido fiscalizadas año tras año por el ayuntamiento. Y sostuvo que ni siquiera conocía que su sucesor en la asociación, con quien este medio no ha logrado contactar, fuese o hubiese sido compañero de partido.
Todavía pendiente el decreto que concretará el reparto de concejalías entre el PSOE y Ciudadanos, el desembarco del nuevo alcalde en la Alcaldía de Murcia tras la moción de censura al PP ya está teniendo consecuencias. El regidor, el socialista José Antonio Serrano, ha anunciado una auditoría, ha ordenado custodiar los edificios municipales para controlar quiénes y por qué salen con documentos en cajas o en cualquier otro contenedor y ha rodeado el servicio de informática de especiales precauciones: ningún funcionario estaba autorizado este viernes a cumplir instrucciones impartidas por quienes hasta el pleno del jueves eran sus jefes políticos o cargos discrecionales. El objetivo más inmediato, y así lo aseguran las fuentes consultadas por infoLibre, se resume en pocas palabras: evitar que se pierda, por los motivos que sea, o que desaparezca un solo papel o archivo digital de uno de los mandatos locales más largos que se recuerdan en España, el de los 26 años ininterrumpidos en que el PP ha gobernado la capital murciana.