Cambio tras 26 años de gobierno local del PP

El exconcejal de Cultura de Murcia compaginó su cargo con la dirección de un hotel que facturó al ayuntamiento 50.000 euros

Jesús Pacheco, viceportavoz del Ayuntamiento de Murcia.
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Jesús Pacheco, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia hasta que la moción de censura desalojó el jueves al PP del gobierno local, desempeñó durante al menos cinco años el doble papel de pagador público y cobrador privado de fondos procedentes de su misma concejalía. Desde 2015, año en que obtuvo el escaño municipal, Pacheco compatibilizó su cargo como responsable de Cultura y Turismo con el de director gerente de un hotel que facturó a esa área municipal 49.685 euros hasta que cerró sus puertas en marzo de 2020.  

El edil, con quien infoLibre contactó el pasado viernes, sostiene que nada irregular hubo. Aduce que tenía solo dedicación parcial como responsable de Cultura y Turismo. Que antes de su llegada en 2015 el establecimiento del que era gerente, el hotel Arco de San Juan, ya tenía ingresos por alojamiento de terceros que pagaba el consistorio. Y que los servicios jurídicos le dijeron que no existía incompatibilidad, aunque no precisó si hubo o no informe escrito.

El nombre de Jesús Pacheco ha ganado ahora relevancia al trascender que, como adelantó el viernes Onda Cero, la Fiscalía de Murcia investiga las ayudas que por casi un millón y medio y en virtud de un convenio que en 2016 firmó de su puño y letra concedió a una asociación: 250.000 euros por año, la cifra más alta manejada por la corporación murciana en cuanto a subvenciones nominativas. De carácter empresarial, de esa asociación él mismo había sido presidente hasta su llegada al consistorio. Luego le sucedió al frente de la entidad otro asociado, hermano de quien hasta septiembre de 2020 ocupó el puesto de gerente regional del PP y él mismo afiliado también al partido. Pacheco asegura que las cuentas anuales han sido fiscalizadas por el Ayuntamiento cada año aunque no recuerda si la asociación –ahora rebautizada como Turismo de Murcia Convention Bureau se cuenta entre las calificadas como de interés público. Es ese sello el que obliga a una asociación a depositar sus memorias y balances en el registro público.

La lista que atestigua los pagos directos de la concejalía de Cultura y Turismo a la sociedad propietaria de Arco de San Juan –Inmuebles Turísticos SA– fue elaborada por el PSOE con datos oficiales de la relación anual de contratos menores del Ayuntamiento de Murcia. En cada tabla figura la fecha de emisión de la factura, el número del documento oficial de pago, el importe satisfecho, qué invitados de la concejalía que dirigía Pacheco se alojaron en este hotel de tres estrellas en cada ocasión y con qué evento cultural guardaba relación su desplazamiento a Murcia.

El salto que separa a un vocal de pedanía de un concejal de gobierno 

Aunque entonces carecían de las cifras totales, los socialistas difundieron su hallazgo en junio de 2020: la noticia pasó prácticamente inadvertida. Y ello pese a que, como sostienen ahora fuentes del PSOE,  el vocal de una pedanía –figura similar en lo administrativo a las juntas de distrito–, "que ni siquiera cobra del ayuntamiento, no está autorizado a compaginar ese puesto con el de proveedor de productos o servicios". Pacheco, remarcan las mismas fuentes, no era el propietario del hotel. Pero sí su principal ejecutivo. ¿Hay un informe jurídico que avale la posición del edil? Los consultados por este periódico no tienen aún respuesta.

El número de facturas emitidas por el hotel que Pacheco seguía dirigiendo mientras llevaba las riendas de la política cultural y turística de la ciudad fue creciendo: 26 en 2015 y 34 en 2016 con un total en el bienio de 15.609 euros; 44 en 2017 (9.927 euros); 50 en 2018 (11.940 euros)y solo 16 en 2019 (12.209 euros) aunque una de ellas se colocó en la cima por la envergadura de su importe: 6.526 euros por el alojamiento del Ballet Español en el Arco de San Juan en noviembre de 2019.

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El último de la serie, 2019, fue el más beneficioso para Arco de San Juan. Con Pacheco refrendado como concejal tras las elecciones de mayo de aquel año –de Cultura, pero ahora sin Turismo–, el hotel sumó a los 5.683 euros cobrados por 15 facturas de corto alcance económico y a la de los 65.26 otro cobro. Pero este se hizo a través de un meandro: la factura en cuestión se elevó a 3.910 euros, pero no fue emitida al ayuntamiento por el hotel sino por una tercera empresa privada, Delta Facility SL, a la que –remarca el PSOE– el Ayuntamiento había encargado ese año gestionar los gastos de diferentes protagonistas de eventos culturales. Y esos 3.910 euros se correspondían con alojamientos en el establecimiento cuyo cuadro directivo todavía encabezaba Pacheco.

Las dudas sobre la facturación del hotel que capitaneaba el concejal de Cultura y sobre las subvenciones a la asociación que presidió cuando todavía se llamaba Asociación de Miembros Colaboradores de la Oficina de Congresos de Murcia se suman a una cadena de asuntos bajo sospecha que los socialistas y sus socios de Ciudadanos planean investigar. De hecho, fue quien desde ayer repite como vicealcalde de Murcia, Mario Gómez, de la formación naranja, quien abrió la caja de los truenos que desembocó en la doble moción de censura. Lo hizo al publicar eldiario.es que en octubre de 2020 había entregado a la unidad policial contra la corrupción, la UDEF, no menos de tres gigas de documentación sobre contratos bajo sospecha.

Como desveló luego infoLibre, el paso dado por Gómez no fue el único en esa dirección: los socialistas también habían entregado en octubre a la Fiscalía un informe sobre la presunta malversación detectada en un macrocontrato de más de 40 millones para la mejora de los parques. En vísperas de la moción de censura contra el alcalde del PP, José Ballesta, el PSOE y Ciudadanos afianzaron su alianza con otra entrega a la UDEF: aquí, la que Gómez hizo de un nuevo informe sobre las supuestas y graves irregularidades detectadas por el PSOE en otro contrato de peso: el que, como también adelantó este periódico, había sido adjudicado para la implantación de una plataforma de administración electrónica que permita la interoperabilidad plena con otras administraciones.

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