"A menos que la información solicitada sea cumplimentada, la Oficina de Información de Impuestos del Reino Unido no podrá llevar a cabo la asistencia requerida". Así han contestado las autoridades británicas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona (Málaga), que investiga la compra en 2009 del ático de lujo propiedad del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
¿Y qué datos faltan? Pues algo tan básico como el número de cuenta bancaria y la concreción del período sobre el que el banco británico Lloyd's TSB Bank tiene que suministrar la información vinculada a la compra del inmueble de Estepona, ahora propiedad del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su esposa, Lourdes Cavero.
La jueza sustituta Mariana Peregrina reclamó al Reino Unido una comisión rogatoria al banco de Londres en la que reclamaba la identidad del último beneficiario de la cuenta a nombre de Coast Investors LLC, la firma que pagó 750.000 euros al empresario vasco Francisco Javier Villate en 2009, poco antes de que el ático de lujo fuera "alquilado" por González y su mujer, tal y como aseguró a los medios de comunicación el dirigente conservador.
Un comisario
El caso fue investigado en Estepona (Málaga) por el comisario Agapito Hermes de Dios. Poco después de destaparse en los medios de comunicación, tanto Hermes de Dios como el entonces jefe de la Policía Judicial, Enrique Rodríguez Ulla, fueron destituidos de sus puestos.
Tras estallar el escándalo, González anunció la compra del inmueble por unos 20.000 euros más del precio original: 770.000 euros. Según el sumario, el presidente de la Comunidad de Madrid adquirió el ático el 18 de diciembre de 2012, un día después de que la empresa dueña del inmueble (Coast Investors LCC), cuyo representante es el ciudadano mexicano Rudy Valner, abonase 74.290 euros por impuestos que no había pagado a Hacienda.
Las declaraciones desarrolladas en el juzgado de Estepona han puesto de manifiesto que Valner, residente en Estados Unidos, compró el ático de lujo en la localidad malagueña. Y lo hizo tras una negociación telefónica desde EEUU y después de que la mujer de González visitaseGonzález al menos en dos ocasiones la vivienda.
Isabel Conejo
En la actualidad, y tras la reincorporación de la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Isabel Conejo Barranco, la investigación se centra en conocer quién está detrás de la sociedad que compró el apartamento que tiene el matrimonio González-Cavero, alquilado inicialmente por 2.000 euros al mes.
Pero la decisión de las autoridades británicas de pedir más información no es el primer problema constatado a lo largo de la instrucción del caso. La jueza Peregrina sufrió el bloqueo de dos comisiones rogatorias, solicitadas inicialmente en diciembre de 2013, y que todavía no se han recibido.
Sin traducir
La primera de las rogatorias tenía como destino al Reino Unido, mientras que la segunda a Estados Unidos. Ambas fueron devueltas a la jueza "sin cumplimentar ni traducir". Además, en el caso de la solicitud a las autoridades británicas, la Brigada de la Policía Judicial de Málaga la remitió al destinatario equivocado: tenía que cursarla vía Ministerio de Justicia y la envió a través de Interpol. La petición fue devuelta por el Reino Unido, que recordó que sólo acepta las rogatorias entre ministerios.
También Panamá rechazó la comisión rogatoria sobre el caso con el argumento de que el delito fiscal no existe en su legislación.
"A menos que la información solicitada sea cumplimentada, la Oficina de Información de Impuestos del Reino Unido no podrá llevar a cabo la asistencia requerida". Así han contestado las autoridades británicas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona (Málaga), que investiga la compra en 2009 del ático de lujo propiedad del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.