El alquiler de la anterior sede del partido a una empresa vinculada a su vicepresidente y cuya reforma "no reflejan" las cuentas del partido. La supuesta entrega "en sobres" de donativos recaudados en mesas en la calle. Un supuesto censo manipulado de militantes para lograr el "encubrimiento de ingresos de procedencia opaca o ilícita disimulados como cuotas de inexistentes afiliados". Y la venta de merchandising adquirido al partido y con el que se busca "eludir los controles que estipula la ley". Esos son los ejes en torno a los cuales gira la denuncia por presunta financiación ilegal, blanqueo y organización criminal que un partido político registrado hace menos de un año, Alianza Cívica, acaba de presentar este jueves ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
Además de financiación ilegal, el blanqueo y la pertenencia a organización criminal, el relato de hechos que Alianza Cívica ha puesto en manos del Tribunal de Cuentas incluye administración desleal y malversación. Esos delitos atribuye a la organización que lidera Santiago Abascal. La denuncia le señala como conocedor de algunas supuestas prácticas ilegales como la "venta encubierta de mercadotecnia". E incorpora 19 anexos, algunos de los cuales contienen información interna que todo indica ha sido aportada por antiguos militantes. Uno de ellos, Juan Jara, exvicepresidente del partido, se declara dispuesto a declarar.
El Tribunal de Cuentas (TCU) no efectúa investigaciones sobre hipotéticos delitos sino solo sobre irregularidades del estricto ámbito contable. Si detecta indicios de conductas delictivas remite el caso a la jurisdicción penal. Ante la pregunta de por qué su partido no ha acudido a la Fiscalía Anticorrupción o ha interpuesto una querella, la presidenta de Alianza Cívica, Herennia Trillo, responde así: "Porque las irregularidades se circunscriben alrededor de la financiación y es el TCU el encargado de auditar y regular la financiación de los partidos políticos". "Y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas –añade– tiene además potestades para una auditoría expresa y extensa de las cuentas del partido". Trillo acude a un ejemplo: "Si te duele la cabeza vas al neurólogo, no al traumatólogo". ¿Pertenecían a Vox los ahora afiliados de Alianza Cívica? Su presidenta asegura que no es así. Y que lo que su partido persigue es la limpieza democrática en el panorama político. Sí conviene en que antiguos militantes de la organización de Abascal les informaron de hechos que Alianza Cívica "ha estado investigando".
Entre los documentos aportados al Tribunal de Cuentas figura uno que, con el sello de Vox Alicante, da instrucciones para que lo recaudado en mesas petitorias se ingrese en el banco pero sin recurrir al método de la transferencia. Los ingresos de lo que contiene la "hucha" han de ser en efectivo para evitar "la pérdida del 100% de las donaciones".
Uno de los documentos aportados habla de cómo el ingreso de las cantidades recaudades en la hucha han de ser en efectivo y no mediante transferencias para evitar la pérdida del 100% de las donaciones.
Entre los anexos que adjunta la denuncia figura el escrito dirigido a Santiago Abascal en marzo de 2019 por un cargo interno de Albacete y en el que se narra algo similar a lo que expone el documento de Alicante que aparece sobre estas líneas.
Escrito dirigido desde Albacete a Santiago Abascal en marzo de 2019 y en el que se exponen diversas irregularidades.
Sobre el alquiler de la que iba a convertirse en sede central de Vox en el céntrico distrito madrileño de Chamberí, la denuncia recoge buena parte de la información desvelada por infoLibre en 2019: que el partido había alquilado su nuevo cuartel general a una empresa vinculada a su vicepresidente y que esa empresa, controlada por otra de Luxemburgo, había comprado el local un mes antes. La empresa se llama Coravest y el vicepresidente de Vox, Víctor González Coello de Portugal. Pero, como remarca la denuncia, tan solo unos meses después, en enero de 2020, el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), escuela de formación de líderes políticos gestionada por Marion Maréchal Le Pen, sobrina de la líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, se había instalado en ese mismo local. Entre sus profesores, agrega el texto, se incluían "Gabriel Ariza y Julio Ariza Irigoyen, o el primer presidente de Vox, Alejo Vidal-Quadras".
Con un alquiler barato –3.500 euros– y una estancia muy corta –nunca llegó a funcionar como sede central–, la denuncia argumenta lo siguiente: "Vox habría sufragado de forma encubierta la reforma del local propiedad de la sociedad administrada por su vicepresidente primero, asumiendo sus costes y revalorizando el inmueble además de facilitar su posterior e inmediato alquiler por una entidad afín, que además emplearía a cargos de Vox en su actividad".
Lo sucedido con la sede que acabó en manos del instituto dirigido por un miembro de los Le Pen "constituiría un claro uso privativo del capital de la caja de la formación". Y esa caja está "compuesta no solo de las cuotas de sus afiliados, sino de subvenciones (concretamente 9.937.942€ en 2019) procedentes de dinero público, con el único fin presunto de enriquecer a sus dirigentes en sus actividades particulares".
Aunque la denuncia no lo precisa, este periódico confirmó meses atrás que como inquilino de Coravest consta ahora una de las empresas de Gabriel Ariza. A nombre de una segunda sociedad del mismo empresario figuraba hasta hace poco la web del medio oficial de comunicación de Vox, gaceta.es. Se trata de una publicación que durante años perteneció al grupo fundado por los Ariza, Intereconomía, que adeuda a Hacienda 19 millones de euros.
infoLibre comunicó a varios portavoces oficiales de Vox la presentación de la denuncia ante el Tribunal de Cuentas para recabar la versión del partido y reproducirla de forma literal. No hubo respuesta.
El alquiler de la anterior sede del partido a una empresa vinculada a su vicepresidente y cuya reforma "no reflejan" las cuentas del partido. La supuesta entrega "en sobres" de donativos recaudados en mesas en la calle. Un supuesto censo manipulado de militantes para lograr el "encubrimiento de ingresos de procedencia opaca o ilícita disimulados como cuotas de inexistentes afiliados". Y la venta de merchandising adquirido al partido y con el que se busca "eludir los controles que estipula la ley". Esos son los ejes en torno a los cuales gira la denuncia por presunta financiación ilegal, blanqueo y organización criminal que un partido político registrado hace menos de un año, Alianza Cívica, acaba de presentar este jueves ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
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