Los recientes juicios de los casos denominados Palau y Pretoria, en los que los principales procesados son excargos de los diferentes gobiernos de Convergència i Unió (CiU), han devuelto a la actualidad la corrupción en Cataluña, territorio en el que también destacan las investigaciones que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata sobre la "familia-organización" Pujol y el caso denominado del 3% que desarrolla el titular del Juzgado de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch, y en el que se investiga la financiación ilegal de Convergència Democrática de Catalunya (CDC).
Dentro de esta maraña de casos de corrupción destaca el de la familia Pujol. Durante las dos décadas largas en que presidió la Generalitat (desde 1980 a 2003), Jordi Pujol Soley cultivó el mito del "oasis catalán", un territorio supuestamente libre de la corrupción que sufría España. Pero las investigaciones judiciales están demostrando que el oasis también estaba inundado de corrupción. El exfiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que fue uno de los dos representantes del Ministerio Público que en 1984 interpusieron una querella contra Pujol por la quiebra de Banca Catalana –la Audiencia de Barcelona decidió no juzgarlo– llegó a declarar a este diario tras la confesión del expresidente de que durante su mandato tuvo dinero de forma ilegal en un banco de Andorra: "Un delincuente ha gobernado Cataluña durante 23 años".
No fue hasta 2014 cuando un juzgado de Barcelona, en concreto el de Instrucción número 31, decidió investigar el caso para posteriormente enviarlo a la Audiencia Nacional. También se inhibió en favor del juez José de la Mata el titular del Central número 1, Santiago Pedraz, que había recibido la querella que interpusieron Podemos y otras organizaciones sociales contra Oleguer Pujol.
De la Mata considera que el comunicado público realizado por el expresident catalán, en julio de 2014, en el que reconocía que tenía una cuenta en Andorra, que según su versión procedía de la herencia de su padre, "no se compadece con los datos ahora acreditados. No consta la realidad del legado mismo salvo por esas manifestaciones de Pujol Soley, y el comunicado referido es en sí mismo un mero relato, sin contenido determinante alguno", asegura el magistrado en un auto reciente. Los siete hijos de Pujol Soley están imputados en la Audiencia NacionalPujol Soley.
Condena en el caso Pallerolscaso Pallerols
En 2013 la socia de Convergència en CiU, Unió Democrática de Catalunya (UDC), ya fue condenada en el caso Pallerols a devolvercaso Pallerols, de forma solidaria con los tres condenados, los 385.000 euros desviados de subvenciones públicas por la trama a la formación catalana.
Y en la actualidad, los jueces y fiscales investigan o enjuician hasta ocho casos de corrupción vinculados a Convergéncia (uno de ellos el de los Pujol), tres al PSC y uno a Unió. Según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre 2015 y 2016 el número de procesados o investigados por corrupción en Cataluña fue de 303, lo que le coloca como la primera Comunidad Autónoma en este ranking, muy por delante de los 153 de Andalucía, con una población superior (Andalucía tiene 8,4 millones de habitantes por 7,4 millones Cataluña); de Madrid (145 investigados y 6,4 millones de habitantes); Cantabria (100 investigados); Illes Balears (70 investigados) y la Comunidad Valenciana (51 investigados).
Estos son los principales casos de corrupción que están pendientes de sentencia, en pleno juicio o en fase de instrucción en Cataluña:
1. Caso Palau (CDC)Caso Palau
El 1 de marzo se inició, casi ocho años después de que el 23 de julio de 2009 los Mossos d'Esquadra irrumpiesen en la institución musical para registrarla, el juicio en la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona de uno de los casos de corrupción más conocidos de Cataluña, el del expolio del Palau de la Música por parte de su expresidente Fèlix Millet y su número dos, Jordi Montull.
En este caso también se investiga la supuesta financiación ilegal de CDC, el partido encabezado por el expresidente catalán Jordi Pujol.
Entre los acusados está el extesorero de CDC (ahora refundado como PDeCAT) Daniel Osàcar por los presuntos cobros de comisiones del partido a constructoras a través de la institución cultural.
El fiscal Emilio Sánchez Ulled considera que el partido suscribió un "pacto criminal estable" con la constructora Ferrovial, a la que presuntamente le facilitó la concesión de obras públicas en Cataluña a cambio de 6,6 millones de euros de comisiones ilegales, que supuestamente se camuflaron a través del Palau de la Música.
En sus declaraciones en el juicio, los responsables del Palau reconocieron la financiación ilegal del partido de Pujol a través del auditorio barcelonés. En concreto, Millet afirmó que la constructora Ferrovial "hacía donaciones para que el dinero fuera a CDC a cambio de obras públicas".
El expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet, a su llegada a la Ciutat de la Justicia.
La Fiscalía considera que CDC se financiaba ilegalmente recibiendo fondos de la constructora que se hacían pasar como donativos al Palau, pero que en realidad eran adjudicaciones de obra pública por parte de instituciones que controlaba el partido.
Por su parte, Montull reconoció en su declaración que las presuntas comisiones que CDC reclamaba a Ferrovial eran del 3% pero se subieron al 4% porque el partido "quería más dinero". En su declaración Montull explicó que del 4% que pagaba la constructora al Palau de la Música, el 2,5% iba para CDC y el 1,5 se lo repartían los dos máximos mandatarios del Palau.
Además, Montull admitió que él mismo se reunía de forma habitual con el que era tesorero de CDC, Daniel Osàcar, también acusado: "Venía, yo tenía el dinero a punto en un sobre, él lo contaba, lo cogía y se iba", aseguró el procesado.
El exconsejero delegado de la empresa de publicidad Altraforma Miguel Giménez Salinas explicó en el juicio que un cargo de CDC, que no identificó, les llamó para que facturaran también al Palau de la Música los trabajos que en realidad había hecho para esta formación política.
Anticorrupción sostiene que Millet dirigía "de forma personalísima y con un intenso cariz jerárquico a la vez que carismático" todas las instituciones creadas en torno al conocido auditorio catalán.
Millet y Montull hicieron ademásobras "suntuosas" en sus residencias, falsificando facturas para ocultar los trabajos reales y haciendo constar que eran recibos por supuestas reformas del Palau.
2. Caso Pretoria (PSC y CiU)Caso Pretoria
El 13 de marzo se inició en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el juicio del caso Pretoria, que consistía en una trama que operó entre los años 2000 y 2009 en los Ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona y que habría defraudado unos 45 millones de euros.
El caso fue bautizado con ese nombre por el despacho de abogados Petrus, que el 1 de diciembre de 2006 fue registrado por orden del entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, que investigaba las cuentas del BBV Privanza en paraísos fiscales.
Cuatro de los once acusados han aceptado los hechos tras pactar con la Fiscalía, que les atribuye la comisión de delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo. Todos fueron detenidos en el operativo policial que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2009, bajo la instrucción del propio Garzón.
De izda a dcha. El ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta, el exconseller Macià Alavedra, el exdiputado socialista Luis Andrés García, y el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz.
Anticorrupción considera que los cabecillas de la red corrupta eran el exdiputado del PSC y presunto cerebro de la trama, Luis Andrés García, alias Luigi, que se enfrenta a ocho años de cárcel, y dos exaltos cargos del Gobierno de Cataluña con CiU durante la presidencia de Jordi Pujol: el exsecretario de la Presidencia Lluis Prenafeta y el exconsejero de Economía Macià Alavedra. La Fiscalía Anticorrupción pide para cada uno de ellos seis años y diez meses de prisión.
Según el fiscal, tanto Alavedra como Prenafeta mantenían "una estrecha relación personal con el entonces presidente de la Generalitat Jordi Pujol", y a sabiendas de la influencia que ejercían sobre "determinados cargos públicos de Cataluña", "planificaron y ejecutaron el cobro de cuantiosas comisiones a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas relacionadas con el desarrollo urbanístico de los tres Ayuntamientos barceloneses".
Además, utilizaron para eludir los pagos a la Hacienda Pública "un complejo entramado societario constituido por entidades domiciliadas en territorios off shoreoff shore y diversas cuentas bancarias abiertas en entidades suizas y andorranas".
En su declaración en el juicio, el exconseller Macià Alavedra reconoció que tanto él como el exconseller de Presidencia Lluis Prenafeta cobraron comisiones del 4 por ciento por su labor de "intermediación" en dos operaciones urbanísticas llevadas a cabo en Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.
El Ministerio Público sostiene que los acusados intervinieron en una serie de operaciones urbanísticas que les proporcionaron "cuantiosos e ilícitos beneficios carentes de toda justificación y lógica comercial" por tres operaciones.
3. Caso 3% (CDC)Caso 3%
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch, dirige la investigación de una trama vinculada a excargos del Gobierno de Jordi Pujol por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.
En el centro de las pesquisas del magistrado está la presunta financiación irregular de la antigua CDC, que el expresidente catalán Pasqual Maragall cifró en su día en un 3% del presupuesto de las obras. En el caso se analizan las donaciones realizadas por empresarios de la construcción a cambio de obra pública.
Entre los imputados está el extesorero de CDC Andreu Viloca, que también fue responsable de las cuentas de la Fundación Trias Fargas de 2011 a 2016, un periodo posterior al que se juzga en el caso Palau, que estalló en 2009, por el que sí se sienta en el banquillo el que entonces era tesorero, Daniel Osàcar.
Los fiscales Fernando Bermejo y José Grinda consideran que Viloca era la persona de CDC que llevaba el control de las licitaciones, adjudicaciones y los concursos de obras públicas de las instituciones gobernadas por la formación política.
Asimismo, la Fiscalía considera acreditado que el exconseller de Justicia y exsecretario del Gobierno de Cataluña Germà Gordó era "el conseguidor o el recaudador"Germà Gordó de presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC a cambio de concesiones de obras públicas.
"Germà Gordó ha ido más allá del tráfico de influencias y ha actuado decisivamente para la adjudicación de contratos con la Administración pública", concluye la Fiscalía, que señala al ahora diputado de JxSí en el Parlament como actor principal en las contrataciones.
Además, según la Agencia Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción recoge en un informe que un testigo (cuyo nombre no se cita) declaró que entre 2006 y 2007 mantuvo una reunión en la anterior sede de CDC en la calle Còrsega con Germà Gordó y Artur Mas. En esa reunión, Mas supuestamente le dijo al testigo, que había hecho donaciones a la fundación Catdem: "A partir de ahora todas las adjudicaciones han de ser a través de Germà Gordó".
Según consta en este informe, de 17 de noviembre de 2016, tiempo después de esa primera reunión, al encontrarse con Gordó en un acto en Tarragona, éste le dijo: "Tú no obedeces. Ahora a quien no obedeces es president, a ver qué va a pasarpresident".
Dos piezas del 3%
En dos piezas separadas del caso 3% están investigados los ex altos cargos del Gobierno catalán Joan Lluis Quer y Manuel Hernández por delitos de malversación de caudales públicos y adjudicaciones presuntamente ilegales. También está imputado el exalcalde de Torredembarra (Tarragona) Daniel Masagué (CiU), en relación a irregularidades detectadas en oposiciones del Consistorio, lo que podría suponer un delito contra la administración pública.
4. Caso Innova (CiU, PSC, ERC e ICV)Caso Innova
En plena instrucción, esta macrocausa de corrupción investiga si ex altos cargos del Instituto Catalán de la Salud del Gobierno de CiU y del Ayuntamiento de Reus (tripartito) cometieron, entre otros, los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Además de los cargos de CiU también está imputados otros excargos socialistas. Los principales investigados son el expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) Josep Prat Doménech, y el exalcalde de Reus Lluis Miquel Pérez Segura (PSC); y el presidente de la Diputación de Tarragona y alcalde de Vila-Seca, Josep Poblet (CiU).
El juez del caso Innova, Diego Álvarez de Juan, impuso una fianza de 8 millones a cada uno de los 19 investigados en la pieza principal de esta causa, entre ellos a Josep Prat y al exalcalde de la localidad Lluís Miquel Pérez (PSC).
En concreto, el juez investiga si desde el Ayuntamiento de Reus se intentó ayudar a una empresa del municipio, La Morella Nuts, a través de la sociedad pública Shirota Functional Foods, a la que presuntamente el Consistorio concedió un crédito de tres millones sin garantías de que el dinero pudiese ser devuelto. La finalidad de esta operación, según el juez, es que los fondos acabaran en La Morella Nuts.
El juez sospecha que la firma Shirota, participada por la propia Morella Nuts y el Ayuntamiento, se creó con la intención de descapitalizarla para sanear las cuentas de la empresa.
5. Caso Mercurio (PSC)Caso Mercurio
También en fase de instrucción, un juez persigue en la rama principal y en las 35 piezas separadas los presuntos delitos urbanísticos y de corrupción cometidos en el seno del Ayuntamiento de Sabadell. El 27 de noviembre de 2012, los Mossos d’Esquadra registraron el Consistorio y varias viviendas.
Este proceso judicial apunta al entonces alcalde del PSC Manuel Bustos; su homóloga de Montcada i Reixac, María Elena Pérez; el ex secretario de Organización del PSC Daniel Fernández, varios exconcejales y empresarios locales. De las 35 piezas separadas se han sobreseído ocho, archivado dos y se ha celebrado un juicio.
El Tribunal Supremo confirmó la condena de un año y cuatro meses de prisión al exalcalde de Reus y al exsecretario de organización del PSC Daniel Fernández. En una pieza separada se investiga a la diputada del PSC Montserrat Capdevila por un delito de malversación de caudales públicos.
6 Caso Associació Catalana de Municipis (CDC)Caso Associació Catalana de Municipis
Proceso contra altos cargos de la Associació Catalana de Municipis (ACM) en el que la Fiscalía acusa de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental a los excargos de CDC Josep Maria Matas y Francesc Xavier Solà.
En octubre, la Sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona juzgará a Matas y Solà (CDC), por desviar casi un millón de euros de la entidad para enriquecerse. La Fiscalía reclama cinco años y medio de prisión para cada uno ya que presuntamente facturaron gastos falsos o inflados a la entidad a través de sociedades instrumentales.
7. CASO ADIGSA (CDC)CASO ADIGSA
Este juicio por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental está previsto que se celebre en mayo y sentará en el banquillo a siete personas, incluidos excargos de la empresa pública Adigsa, que gestiona las viviendas sociales de la Generalitat catalana.
Dos de los procesados son el ex consejero delegado de Adigsa Josep Antoni Fontdevila y el empresario Josep Maria Penin, que según la Fiscalía entregaba los proyectos de rehabilitación de viviendas a constructoras de su confianza sin que tuvieran que someterse a concurso público. A cambio, percibía una comisión. Este fue el primer caso de corrupción en Cataluña en el que se habló de comisiones del 3%.
8. CASO Fundació Catalunya i Territori (UniÓ)CASO Fundació Catalunya i Territori
En enero se inició el juicio contra la fundación vinculada a UDC en el que la Fiscalía considera "clara y palmaria" la responsabilidad civil directa de la formación política, que se benefició de forma injustificada de recursos de la Fundació Catalunya i Territori (FCT) a través del alquiler y posterior compra de unos locales y de pago de servicios.
En su informe, el fiscal Pedro Ariche ha destacado que entre 2005 y 2009 el partido que lideraba Josep Antoni Duran i Lleida "utilizó los recursos de la FCT en beneficio propio, lo que queda acreditado en el juicio", que arrancó el 20 de enero en la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona.
Para el fiscal, este juicio tiene muchas vinculaciones con el caso Palau, caso Palau,en el que se juzga el desfalco de la entidad musical y la financiación de CDC.
9. Caso de las ITV (CDC)Caso de las ITV
Este caso de corrupción, que está pendiente de que se señale una fecha de juicio, conecta los casos de corrupción de CDC con los de la denominada por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata "familia-organización" de los Pujol.
El fiscal de Anticorrupción Fernando Maldonado ha pedido cinco años y dos meses de cárcel para el exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol Ferrusola, el quinto de los siete hijos del expresident Jordi Pujol Soley. También reclama tres años y cuatro meses de prisión para su mujer, Anna Vidal Maragall, por su presunta implicación en el caso de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV).
Oriol Pujol.
El fiscal acusa a Oriol Pujol de los delitos de tráfico de influencias, por el que pide dos años; cohecho, por el que solicita un año y dos meses, y falsedad continuada en documento mercantil, por lo que demanda dos años más.
El fiscal considera que Oriol Pujol utilizó sus influencias políticas como presidente del grupo parlamentario de CiU en el Parlament catalán y de secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), para beneficiar a un empresario del sector de las ITV. Pero también para cobrar de forma fraudulenta y con la intermediación de su mujer, 699.752 euros, abonados porun empresario que se benefició de cuatro importantes negocios en Cataluña.
10. La "familia-organización" Pujol
El juez José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, acusa al expresidente catalán Jordi Pujol, a su mujer, Marta Ferrusola, y a sus siete hijos de ingresar 48 millones de euros, la mayoría en efectivo, en sus cuentas de Andorra. Los integrantes del clan podrían haber cometido los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y falsedad en documento mercantil.
De la Mata vuelve a citar a Jordi Pujol Ferrusola tras los últimos avances en la instrucción
La UDEF detalló en un informe, denominado Operación Corcho, el reparto de fondos entre los Pujol. Y según la Policía, el modus operandi del clan consistía en que el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, recibía el dinero de las presuntas comisiones ilegales, que posteriormente repartía entre sus hermanos: "Tal distribución se hace mediante transferencias a cuentas bancarias de todos y cada de uno de ellos en la misma entidad bancaria andorrana", destaca el juez en uno de sus autos.
Asimismo, De la Mata ha constatado que la actuación del grupo familiar conserva "un patrón similar de comportamiento, manteniendo los fondos en Andbank hasta 2010, en que los pasaron a BPA". En BPA estuvieron hasta 2012, en que los ocultaron tras fundaciones panameñas hasta 2014, con la excepción de Oriol Pujol Ferrusola, que lo reintegró en efectivo, "desconociéndose su destino final", especifica la mencionada resolución judicial.
Según la Policía, Jordi Pujol Ferrusola habría defraudado un total de 14 millones desde 2012, año que comenzó la investigación en la Audiencia Nacional contra el clan por el origen de su patrimonio.
Los recientes juicios de los casos denominados Palau y Pretoria, en los que los principales procesados son excargos de los diferentes gobiernos de Convergència i Unió (CiU), han devuelto a la actualidad la corrupción en Cataluña, territorio en el que también destacan las investigaciones que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata sobre la "familia-organización" Pujol y el caso denominado del 3% que desarrolla el titular del Juzgado de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch, y en el que se investiga la financiación ilegal de Convergència Democrática de Catalunya (CDC).