El Observatori del Deute en la Globalització (ODG), el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y Ecologistas en Acción han publicado este jueves el informe Guía NextGenerationEU: más sombras que luces [disponible aquí en PDF], en el que analizan las "oportunidades, deficiencias y propuestas" para que los fondos europeos de recuperación sirvan para una "transición ecosocial justa" que limite "la fuerza del lobby de las grandes empresas".lobby Los activistas analizan tanto el sistema europeo mediante el que se reparten las subvenciones y los préstamos como el decreto español, a su juicio plagado de carencias que pueden ser incompatibles con "una reconstrucción económica que revierta la creciente desigualdad, frene la crisis sanitaria, económica, ecológica, social y de género". Temen que la presión de las compañías más influyentes desvíe unas ayudas que, consideran, deberían regar los modelos públicos, comunitarios, de empresas e iniciativas pequeñas que ejerzan una verdadera transformación. Por lo que han elaborado ocho propuestas para que el Gobierno las considere, a pesar de que el decreto ha sido aprobado ya por el Congreso, de cara al proyecto de ley que se está negociando.
El documento comienza analizando lo ya sabido sobre los fondos Next Generation EU: 360.000 millones de euros en préstamos y 312.000 millones en subvenciones. El 90% corresponde al Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, de cuyas ayudas directas corresponde a España un 20%. Las organizaciones advierten sobre la letra pequeña: por ahora, las autoridades europeas están centradas en la "reconstrucción verde y digital", pero habrá, prevén, una tercera etapa basada en "el pago de la deuda y las políticas de austeridad". El Ejecutivo comunitario suspendió el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en marzo de 2020, pero "puede reactivarlo en cualquier momento". Ello implicará, prevén los autores del informe, que los países deban volver a la estrecha senda de la contención del gasto, velando por una "sostenibilidad fiscal" difícil de alcanzar tras los gastos ejecutados para salir de la depresión postpandemia.
"Los organismos y los criterios para seleccionar los proyectos NGEU se organizan a dos niveles: la Unión Europea y el Gobierno español", explica el documento. La Comisión propone las líneas maestras y da el visto bueno a los planes nacionales: y el Ejecutivo español diseña y aplica dicho plan, titulado España puede. "El dinero europeo no llegará directamente a las comunidades autónomas ni se repartirá de acuerdo a su población o PIB. Será temático; los ministerios trabajarán con las autonomías para que estas ejecuten los proyectos junto con las empresas privadas involucradas". Y en este procedimiento, ODG, OMAL y Ecologistas identifican "más sombras que luces". El real decreto vigente adolece de "falta de garantías de transparencia" y "procesos de fiscalización insuficientes". Además, "no se garantizan suficientemente los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación de acceso" ya que no hay "claridad" acerca de cómo podrán acceder pymes, autónomos o "actores de la economía social y solidaria"; y "se reducen controles y criterios de evaluación medioambiental insuficientes".
Estas carencias del decreto, aseguran las organizaciones, ya se están haciendo notar en las peticiones que hacen las distintas comunidades autónomas, asociadas con empresas privadas. Las autonomías mandaron hace meses sus propios planes, y el informe denuncia que "la falta de participación ha sido absoluta". El análisis de los proyectos extrae conclusiones "poco alentadoras": millones de euros a grandes empresas con trayectorias poco edificantes en materia medioambiental o social, a pesar de que el objetivo de la transición ecológica es compartido entre activistas y empresas. Importa el quién y el qué. Preocupa a los activistas el protagonismo del "hidrógeno verde", respaldado por empresas cuyas carteras de negocio son altamente contaminantes, como Repsol y su filial Petronor, y canalizado por Ejecutivos autonómicos como el de Euskadi. El Ibex 35 ha presentado proyectos directamente en base a las llamadas "ventanillas informales" por valor de 100.000 millones de euros.
El sector privado es el que ejecuta los fondos, acompañado de las administraciones públicas a través de los "Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica" (Perte). Las empresas se llevan los beneficios y el Estado asume los riesgos, considera el informe. Además, las consultoras agrupadas bajo el término big four (Deloitte, Pricewaterhouse Coopers, KPMG y Ernst & Young) están asesorando tanto a la administración como a las compañías. Todo está montado, juzgan, para facilitar al máximo la transferencia de dinero público a grandes compañías y concentrar el capital en un oligopolio reducido, en vez de repartir la tarta con otros métodos para generar riqueza y reducir las desigualdades.
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"Existe una evidente y enorme asimetría de oportunidades a la hora de presentar proyectos. Empresas y corporaciones tienen el acceso a los servicios de las consultoras que les permiten plantear multitud de proyectos, mientras las pymes, entidades de la economía social y solidaria, personas autónomas, proyectos feministas e incluso los pequeños municipios no tienen el conocimiento para presentar sus proyectos que, en muchos casos, son los realmente transformadores, resilientes y con impactos sociales, de género y ecológicos". No hay controles suficientes, añaden, para que estos grandes planes de los empresarios más poderosos del país sean compatibles con la crisis climática o con la corrección de desigualdades.
ODG, OMAL y Ecologistas no se quedan solo en la crítica: hacen ocho propuestas para revertir lo que consideran fallas estructurales en la reconstrucción española. En primer lugar, "se debe neutralizar la fuerza del lobby de las grandes empresas y evitar el conflicto de intereses", garantizando la transparencia y el acceso de información. "La Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) debe ampliar la información que publica para incluir la formulación del proyecto final aprobado y su presupuesto; informes de adecuación a los criterios de elegibilidad; informes de seguimiento intermedios y finales; auditorías para verificar el buen uso de los fondos y de adecuación a la normativa europea", defienden.
Los fondos europeos, consideran los activistas, deberían "promover la desprivatización y desmercantilización de servicios básicos y sectores estratégicos", cambiar la "colaboración público-privada" entre administración y empresas por la colaboración "público-comunitaria" entre la administración y la gente y criterios claros y ambiciosos para que lo financiado contribuya a objetivos "climáticos, ecológicos y de justicia social". Además, apuestan por establecer baremos de exclusión para que empresas cuyo negocio sea incompatible con los objetivos del Acuerdo de París no reciban dinero y extraer recursos no solo de los fondos Next Generation: gravando más a lo más ricos y establecer una fiscalidad verde realmente ambiciosa donde el que contamina pague más, sin perjudicar a los sectores poblacionales más vulnerables.