El colectivo Xnet, un grupo de activistas que trabajan desde 2008 en diferentes campos relacionados con la democracia en red, presentó este miércoles su Agenda Digital 2017, que ha llevado al Congreso, al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y a los distintos grupos parlamentarios. La iniciativa se basa en una hoja de ruta con una serie de temas clave que los miembros de la plataforma creen fundamentales para abordar a lo largo del año. "Se trata de un plan de acción para la defensa de los derechos y las libertades, así como de las posibilidades de innovar y emprender", señala la organización.
El documento [consultar aquí] desarrolla ocho cuestiones básicas para avanzar hacia una mayor calidad democrática, especialmente desde una perspectiva digital.
1. Derechos de autor
La plataforma confía en que "con la llegada de nuevos actores al Parlamento" sea posible corregir las "flagrantes deficiencias de la última reforma de la ley de Propiedad Intelectual". Apuntan, en este sentido, al Canon AEDE, "cuyas consecuencias han sido clara y llanamente negativas", o el Canon por copia privada, "recientemente invalidado desde la UE". Reclaman un enfoque "menos retrógrado y más valiente respecto a como regular nuestras posibilidades de generar y difundir cultura, conocimiento e información".
Para ello, proponen una aplicación urgente de medidas que combatan "el potencial económico y de mejora social general de Internet con un copyright que equilibre los legítimos derechos de los autores y las empresas de vivir de su trabajo, con los derechos de los usuarios al acceso y distribución". A lo largo del 2017, trabajarán en proponer enmiendas como una "máquina de filtrado que traerá consigo la censura y acabaría de un plumazo con las excepciones sobre el copyright que garantizan nuestro derecho a la cita, a la parodia, o al uso para fines educativos e investigación".
2. Denunciantes de corrupción
Xnet subraya lo imprescindible de una normativa de protección específica para el denunciante de corrupción. "Las personas que destapan corrupción, prácticas empresariales cuestionables y evasiones fiscales no deben ser criminalizadas sino protegidas", reivindican.
En este sentido, entienden que el secreto comercial no debe estar por encima de la protección de los denunciantes, de modo que prevén trabajar con las distintas Comisiones Parlamentarias para elaborar propuestas concretas y vigilar "que no se desvirtúe el objetivo de las legislaciones con demagogias inefectivas".
3. Neutralidad en la red
El colectivo insta al recién estrenado Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que establezca que el espacio de Internet sea "abierto, libre y competitivo" de forma que "rectifique tendencias de anteriores gobiernos, cuyo servilismo ante los intereses" de las grandes empresas ha tenido consecuencias tales como sanciones de la UE. En este ejercicio de responsabilidad que reclaman, incluyen además la denuncia de "prácticas antineutralidad de empresas de telecomunicación y tecnológicas".
4. Privacidad y vigilancia
El pasado 21 de diciembre de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dictaminó que ningún país europeo puede tener leyes que exijan a los proveedores de comunicaciones llevar a cabo un registro general e indiscriminado de la actividad de los usuarios. De esta forma, la justicia europea está "afirmando claramente que tales medidas violan los fundamentos de una sociedad democrática".
Los activistas subrayan que la resolución supone una "la sentencia de muerte" de la ley de Conservación de Datos del Estado español, y de las leyes que dependen de ella, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de Enjuiciamiento Civil. Exigen al Gobierno que actúe "con la máxima presteza invalidando una ley de Conservación de Datos que avala prácticas de vigilancia generalizadas y desproporcionadas que violan sistemáticamente la privacidad de la ciudadanía".
5. Regulaciones en la sombra
El colectivo pone sobre la mesa el asunto de las llamadas regulaciones en la sombra, es decir, acuerdos entre empresas que regulan el uso de Internet, "a menudo sin conocimiento de la ciudadanía". Gracias a este tipo de regulaciones, "los gobiernos pueden presionar a las plataformas, en base a sus algoritmos o términos de servicio, para que actúen como policía eliminando contenidos".
Este tipo de prácticas resultan, por tanto, "muy conveniente para los legisladores, ya que en lugar de tener que legislar correctamente pueden descargar esta responsabilidad y aplicar medidas indirectamente" de forma que no rinden cuentas por ello. Xnet no sólo denuncia esta situación, sino que además exige que las plataformas online se basen y estén estrictamente sujetas a la ley, y no al revés.
6. Publicidad y medios
Uno de los debates más candentes en el ámbito digital versa sobre la publicidad y los medios de comunicación. A través de programas dedicados al bloqueo de publicidad, los usuarios ponen topes a los mensajes publicitarios de los que se nutren buena parte de los medios digitales. Como consecuencia, "los intentos de compensar pérdidas con más publicidad y más agresiva han convertido el uso de bloqueadores de publicidad en una total necesidad a la que los usuarios se ven empujados para defenderse de anuncios intrusivos y molestos".
A juicio de los activistas, una solución que respete al usuario al tiempo que permita a los medios nutrirse de la publicidad, se basaría en difundir "publicidad siempre que ésta sea respetuosa con unos estándares de publicidad no intrusiva, segura, no engañosa y respetuosa con la privacidad".
7. Transparencia
Otra de las cuestiones que más preocupan a las plataformas que velan por una democracia en red de calidad es el de la transparencia. "Consideramos que la transparencia institucional es requisito fundamental para que la ciudadanía pueda estar informada y pueda tomar decisiones sobre su futuro", insiste Xnet.
Sin embargo, tal y como denuncia Access Info, la ley de Transparencia "es la ley más restrictiva del mundo en cuanto a los requisitos para solicitar información y va en contra del Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Oficiales". Por tanto, se trata de una norma que "no reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, y que excluye informaciones relevantes e imprescindibles para una transparencia real".
Xnet considera "inaceptable" que para la solicitud de información el ciudadano deba disponer de DNI o tenga que pasar por "engorrosos trámites administrativos para ejercer su derecho de acceso a la información". Solicitan, por ello, una mejora de la ley de transparencia que la ponga a nivel de las exigencias europeas y una revisión del funcionamiento del portal de transparencia "para que cumpla su función de facilitar el acceso a la información y no de ofuscarlo".
Activistas temen que la nueva Ley de Protección de Datos obstaculice la lucha contra la corrupción
8. Libertad de expresión
Finalmente, la organización señala una serie de leyes y reformas impulsadas por el PP que, consideran, han funcionado como trabas a la libertad de expresión en el país. La reforma de la ley de Derecho al Honor impulsada por el PP "pretende nuevamente criminalizar Internet y legislarlo como un estado de excepción en el que es justificable recortar libertades". Xnet entiende que "la elaboración de leyes a medida para coartar las libertades de crítica o sátira política es un atentado contra la libertad de expresión a la altura de los más opresores regímenes".
Exigen, asimismo, la derogación de las conocidas como leyes mordaza: la ley de Seguridad Ciudadana, la ley de Enjuiciamiento Criminal y la reforma del Código Penal. El colectivo lamenta que sigan "vigentes a pesar de promesas electoralistas de los partidos en oposición de actuar para derogarlas", y recalca su lucha junto a No Somos Delito para evitar "los abusos de dichas leyes".
El colectivo Xnet, un grupo de activistas que trabajan desde 2008 en diferentes campos relacionados con la democracia en red, presentó este miércoles su Agenda Digital 2017, que ha llevado al Congreso, al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y a los distintos grupos parlamentarios. La iniciativa se basa en una hoja de ruta con una serie de temas clave que los miembros de la plataforma creen fundamentales para abordar a lo largo del año. "Se trata de un plan de acción para la defensa de los derechos y las libertades, así como de las posibilidades de innovar y emprender", señala la organización.