Los Derechos Humanos continúan siendo la asignatura pendiente de nuestro país. Así lo llevan demostrando, desde hace varios meses, distintas organizaciones. Rigths International Spain (RIS) ya lo hizo en su balance del año 2017, en el que sostuvo que España ha volvió a perder "una oportunidad para cumplir con las deudas pendientes en materia de derechos y libertades civiles". La impunidad de los crímenes del franquismo, las políticas migratorias o la actuación de la fuerza policial durante el referéndum del pasado 1 de octubre en Cataluña fueron algunas de las materias suspensas. Y lo son también para Amnistía Internacional, que ha presentado este jueves su Informe anual 2017-2018. De nuevo, otro tirón de orejas –o, más bien, ocho– para nuestro país.
Suspenso en libertad de expresión y reunión
"Algunas autoridades restringieron de manera desproporcionada el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica tras la decisión de suspender cautelarmente la ley del referéndum catalán", apunta el informe de la organización. Según Amnistía, las decisiones orientadas a prohibir la consulta del 1 de octubre, así como todos los actos que tuvieran algún tipo de relación con la votación, violan, de forma clara, el derecho a la libertad de expresión. Pasó en Madrid, donde la plataforma Madrileños por el derecho a decidir había convocado un acto prorreferéndum en el espacio cultural Matadero. Poco después de convocarse, el juzgado contencioso-administrativo número 3 decidió suspenderlo cautelarmente. Para el magistrado, era una convocatoria contraria a la Constitución. Para los expertos y para Amnistía, un ataque directo a la libertad de expresión.
Pero, una vez celebrada la votación, las violaciones de estos derechos se siguieron sucediendo, tal y como denuncia la organización. Es el caso del encarcelamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los líderes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Su entrada en prisión sin fianza, investigados por un delito de sedición –"definido de manera muy general" para la ONG–, constituye también, según Amnistía, un ataque a la libertad de expresión y reunión de los dos líderes. Por ello, tras conocerse la decisión, la organización solicitó a las autoridades españolas poner fin a su encarcelamiento.
Fuera de Cataluña, en cambio, la situación no fue mucho más positiva. "Se procesó a decenas de personas por 'enaltecimiento del terrorismo' y 'humillación a las víctimas' en las redes sociales", indica el documento. Se refiere a los casos de condenas impuestas dentro del marco de la Ley mordazaLey mordaza, que inculpó, por ejemplo, a la tuitera Cassandra Vera por haber publicado en la red social unos chistes sobre el homicidio de Carrero Blanco. "En muchos casos, las autoridades presentaron cargos contra personas que habían expresado opiniones que no constituían incitación a cometer un delito de terrorismo y que se inscribían entre las formas de expresión permisibles con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos", opina la organización.
Suspenso en el trato a los detenidos
Tal y como recuerda Amnistía, el pasado mes de septiembre la Audiencia Nacional retiró la solicitud de extradición de Nekane Txapartegi desde Suiza. Meses antes, en abril, "el relator especial de la ONU sobre la tortura había instado a las autoridades suizas a oponerse" a la medida. Las razones, Txapartegi había afirmado ser víctima de torturas y malos tratos durante los días que permaneció detenida en una comisaría de Madrid en el año 1999. Fue detenida por ser sospechosa de delitos de terrorismo y de pertenecer a ETA. Sus denuncias nunca se investigaron. Y, además, el Tribunal Constitucional admitió en mayo un recurso del Gobierno contra una ley del parlamento vasco "relativa al reconocimiento y la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos".
Pero los tribunales europeos parece que no toman sus decisiones judiciales en la misma línea que lo hizo el TC. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó la semana pasada a España a indemnizar con 30.000 y 20.000 euros respectivamente a los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola al considerar probado que ambos recibieron un "trato inhumano y degradante" por parte de la Guardia Civil cuando fueron detenidos en enero de 2008. Se trata del primer tirón de orejas a España por infligir malos tratos a personas detenidas. No obstante, sí existen nueve condenas previas por no investigar debidamente supuestos casos de tortura, siete de ellos relativos a miembros de ETA y su entorno durante el periodo de detención policial incomunicada.
Suspenso a la actuación policial que trataba de impedir el 1-O
Lo denunció Rights International Spain, Human Rights Watch y hasta la ONU: los agentes encargados de impedir la celebración del 1 de octubre emplearon una "fuerza excesiva" y un "uso indiscriminado de la violencia". Amnistía Internacional se sitúa en la misma línea y, en su informe anual, vuelve a insistir en ello: "La policía disparó cartuchos de fogueo y pelotas de goma, e hirió de gravedad a una persona, que perdió la visión de un ojo".
Y no es la primera vez que ocurre. Ya en el año 2014, la organización denunció en el informe España: el derecho a protestar amenazado, el "uso de la fuerza durante las actuaciones policiales en las manifestaciones". Desde 2011, año en que comenzaron las manifestaciones en torno al movimiento 15-M, los agentes ya actuaban de esta manera para intentar impedir la celebración de las manifestaciones que, según Amnistía, finalizaban con un "uso excesivo e indiferenciado de la fuerza y uso indebido de material antidisturbios para hacer frente a manifestantes; un uso excesivo de la fuerza al detener a manifestantes; y malos tratos a detenidos puestos bajo custodia policial".
Suspenso en políticas migratorias
España fue uno de los países que más incumplió la cuota de acogida impuesta por la UE en 2015. El pasado 26 de septiembre, cuando vencía el plazo, habían llegado a España 1.983 personas, aunque el compromiso adoptado era de 17.337, tanto por la vía de la reubicación –es decir, la acogida de personas procedentes de Grecia e Italia– como por la del reasentamiento –el traslado de personas de países externos a la Unión Europea, principalmente Turquía o Líbano–. A 31 de diciembre, los números tampoco se acercaban a lo prometido: 1.328 personas reubicadas y 1.360 reasentadas, el 15,5%.
Además, Amnistía Internacional destaca, por otro lado, el lento funcionamiento del sistema de asilo de nuestro país, que parece no dar a basto para todas las solicitudes que se reciben año tras año. De enero a diciembre se presentaron 25.853 solicitudes, y al finalizar octubre continuaban pendientes 34.655. "En muchos casos, el plazo durante el que estas personas tenían derecho a recibir el apoyo del Gobierno mientras aguardaban la respuesta a su solicitud expiraba mucho antes de que se hubiera tomado la decisión", explica el informe de la organización.
Por otro lado, la ONG destaca igualmente el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del pasado mes de octubre, en el que señaló, por primera vez, que las devoluciones en caliente son ilegales. España había vulnerado el Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el derecho a un recurso efectivo con la expulsión en agosto de 2014 N.D. y N.T. (de Mali y Costa de Marfil, respectivamente). No obstante, tras el recurso presentado por el Gobierno, esta sentencia se encuentra ahora en fase de revisión por el Tribunal, que tendrá que decidir si la indemnización solicitada a España es firme o no.
Suspenso en legislación antiterrorista
La Audiencia Nacional acogerá, entre el 16 y el 27 del próximo mes de abril, el juicio a los ocho acusados de agredir a dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua (Navarra) en octubre del año 2016. La Fiscalía atribuye a siete de ellos cuatro delitos de lesiones terroristas, con una condena de 12 años y medio por cada una. Al octavo tan solo se le imputa un delito de amenazas terroristas. Para él, también piden 12 años y medio de cárcel.
En total, el fiscal José Perals pide un total de 375 años de cárcel para los acusados, cuyas reivindicaciones vincula con las que empleaba la banda terrorista ETA en 1976. Para Amnistía, en cambio, este ejemplo tan sólo es una muestra más de que el poder judicial ha continuado "aplicando de manera desproporcionada la legislación antiterrorista".
Suspenso en la lucha contra la violencia machista
"Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 48 mujeres (y 8 menores de edad)" fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, denuncia el informe de Amnistía. Estos preocupantes datos, que se repiten año tras año, constituyen uno de los principales problemas de nuestro país. Además, este tipo de crímenes constituyen la mitad de las muertes violentas de las mujeres: de las más de 2.000 que han sido asesinadas desde 1999, el 52,5% fue víctima mortal de su compañero o excompañero sentimental.
Entre 2010 y 2016, el Estado cifra en 398 las mujeres asesinadas por la violencia machista. Sin embargo, los crímenes perpetrados por desconocidos, parientes o amigos no figuran en los recuentos oficiales y sus víctimas se encuentran "totalmente invisibilizadas". La plataforma Feminicidios, que sí los contempla, eleva el dato a la escalofriante cifra de 678 mujeres muertas.
Esta situación, y la ausencia de políticas destinadas a frenar estas violencias que, aunque normalmente se visibilizan con los asesinatos, comienzan mucho antes, es otra de las claves a las que apunta Amnistía Internacional en su informe anual publicado este jueves. "En septiembre, el Parlamento aprobó un plan para combatir la violencia de género que incluía la reforma de la legislación y otras medidas dirigidas a cumplir las obligaciones proclamadas en el Convenio de Estambul en relación con la violencia contra las mujeres", escribe la organización. Se refiere al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en el Congreso de los Diputados pero, de momento, sin avances. Para la Plataforma Feminista 7N contra las Violencias Machistas este pacto, desde diciembre, ya llegaba "tarde".
Suspenso en garantizar el derecho a la vivienda
"Hubo 26.767 desalojos por impago de alquiler y 16.992 por ejecución hipotecaria", es decir, un total de 43.759 desahucios en todo el año 2017. "Miles de personas sufrieron desalojos forzosos sin garantías judiciales adecuadas ni provisión de alojamiento alternativo por el Estado", denuncia Amnistía, que critica que España ha vulnerado, así, el derecho a la vivienda. "El gasto público en vivienda continuó disminuyendo, a pesar de que persistía una gran demanda de vivienda social asequible", lamenta la organización.
Y como ejemplo, una decisión adoptada en julio por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. El organismo condenó a España por vulnerar el derecho a una vivienda de una familia de cuatro miembros que, tras ser desahuciada, tuvo que vivir en el coche. Por ello, la institución recomendó a nuestro país "la obligación de ofrecer una reparación efectiva a las víctimas, asegurar que su legislación y su aplicación son conformes con las obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda y la obligación de prevenir violaciones similares en el futuro", según informó la propia Amnistía Internacional en un comunicado. Sin embargo, la respuesta de España vuelve a decepcionar a esta y a otras muchas organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El motivo, tan solo se limitó a informar acerca de que el IVIMA había iniciado los trámites para que los afectados puedan presentarse a los procedimientos abiertos para la adjudicación de vivienda pública.
Suspenso en memoria histórica
Más de 30 organizaciones suspenden a España en un examen sobre derechos humanos
La impunidad de los crímenes del franquismo, denunciada en numerosas ocasiones por varios organismos, continúa siendo un aspecto clave de vulneración de Derechos Humanos en nuestro país, tal y como denuncia Amnistía Internacional. La organización informa, en este sentido, de que "las autoridades españolas continuaron cerrando investigaciones sobre crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo". La argumentación española: "no es posible investigar los crímenes denunciados debido, entre otras cosas, a la Ley de Amnistía y a la prescripción de los delitos".
Así, los restos de víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales siguieron sin localizarse por la falta de aplicación de medidas, "dejando que las familias y las organizaciones interesadas acometieran los proyectos de exhumación sin el apoyo del Estado". "Hasta la fecha, los familiares están librados a su propia suerte", criticó el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones involuntarias de Naciones Unidas en el informe de seguimiento a las recomendaciones que realizó a España en el año 2013.
Y así lo constataron también las víctimas de casos de bebés robados, que se concentraron el pasado mes de agosto ante el Congreso para denunciar que, aunque reciben "buenas palabras" desde las instituciones, su situación está "en el mismo punto" en el que estaban cuando comenzaron a luchar. Tan solo la Procuraduría General de la Repúlica de México puso en marcha una investigación sobre este caso, convirtiéndose así en el segundo país que investigaba los crímenes de derecho internacional cometidos en España entre 1936 y 1975, según informó Amnistía. España, en cambio, ya va por el quinto año de incumplir las recomendaciones de la ONU.
Los Derechos Humanos continúan siendo la asignatura pendiente de nuestro país. Así lo llevan demostrando, desde hace varios meses, distintas organizaciones. Rigths International Spain (RIS) ya lo hizo en su balance del año 2017, en el que sostuvo que España ha volvió a perder "una oportunidad para cumplir con las deudas pendientes en materia de derechos y libertades civiles". La impunidad de los crímenes del franquismo, las políticas migratorias o la actuación de la fuerza policial durante el referéndum del pasado 1 de octubre en Cataluña fueron algunas de las materias suspensas. Y lo son también para Amnistía Internacional, que ha presentado este jueves su Informe anual 2017-2018. De nuevo, otro tirón de orejas –o, más bien, ocho– para nuestro país.