Los magistrados de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, Ismael Moreno y Javier Gómez Bermúdez sentarán en el banquillo a once banqueros de tres cajas de ahorros acusados de autoconcederse indemnizaciones y sueldos que superan los 35 millones de euros, según el recuento realizado por infoLibre basado en los autos de los jueces y en los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción.
A los casos ya conocidos de Caixa Penedés y Caixanova, este martes se ha sumado la decisión de Gómez Bermúdez de enviar a juicio al exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y al exresponsable de la comisión de control Ramón Avilés. También están acusados otros 18 integrantes de la caja y cuatro familiares de los imputados.
54 imputados en Caixa Catalunya
Pero el número de banqueros procesados puede incrementarse en los próximos meses, habida cuenta de que en estos momentos juzgados de toda España investigan a cerca de 200 directivos de las cajas de ahorros y empresarios, según adelantó este periódico. Las entidadas financieras con más imputados son Caixa Catalunya (54), Bankia (36) y Banco de Valencia (30)
El primero en tomar la decisión fue Pedraz, que en marzo del año pasado acordó que se juzgara por un delito societario de administración desleal al ex director general de Caixa Penedés Ricardo Pagés, al exdirector general adjunto Manuel Troyano y a otros dos ex altos cargos, Santiago José Abella y Juan Caellas. En su escrito de acusación la Fiscalía Anticorrupción solicitó 3 años y 6 meses de prisión para Pagés y tres años para los otros tres procesados. Jaume Jorba, otro de los querellados por la percepción de indemnizaciones, falleció durante la instrucción del caso.
"Beneficio particular"
El Ministerio Público explica en su escrito de acusación que Ricardo Pagés Font y su círculo de directivos más próximos, actuando de "común acuerdo" para vincular "fraudulentamente" a la caja de ahorros que dirigían, se autonconcedieron obligaciones económicas "para su beneficio particular y en perjuicio de la entidad, actuando de espaldas a los órganos de control".
En concreto, según Anticorrupción, los imputados diseñaron una estrategia destinada a garantizarse una "desproporcionada" ganancia patrimonial a costa de la entidad, pensada para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo por cualquier motivo. Además, enmascararon su actuación con la intención de que no se conocieran las indemnizaciones.
Según la Fiscalía, Pagés percibió 10,73 millones de euros. Por su parte Abella cobró 1,89 millones y el fallecido Jaume Jorba 2,5 millones de euros. Los otros dos imputados fueron expulsados de la caja, por lo que no se beneficiaron de los fondos previstos. Los cuatro imputados de la caja catalana ya tienen fecha fijada para el juicio: el 19 de mayo.
Caixanova
El segundo juez que ha iniciado los trámites para procesar a los responsables de una caja por aprobarse indemnizaciones millonarias fue Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2. La caja perjudicada fue Caixanova y su sucesora NovacaixagaliciaCaixanova. En este caso los banqueros imputados son cinco, a los que hay que añadir un abogado que se encargó de asesorar a los directivos que se autoconcedieron las indemnizaciones.
En concreto, José Luis Pego Alonso percibió 7.731.487 euros de indemnización; Óscar Rodríguez Estrada, 691.261; Gregorio Gorriarán Laza, 4.833.504, y Javier García de Paredes, 5.650.037 euros. Al igual que en el caso de Caixa Penedés, los pagos de Caixanova, los conceptos incluidos en las liquidaciones y los importes concretos, no fueron conocidos ni aprobados por el consejo de administración de la caja ni tampoco por el Banco de España hasta después de su abono.
Moreno ha acusado de haber cometido un delito de apropiación indebida o alternativamente de estafa al excopresidente de Novacaixagalicia y expresidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y los exdirectivos José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza, Oscar Rodríguez Estrada y Francisco Javier García de Paredes Moro. Además, también acusa de los mismos delitos al abogado Ricardo Pradas Montilla, experto en derecho laboral que asesoró a Novacaixagalicia. La Fiscalía todavía no ha formalizado su petición de penas.
Caja del Mediterráneo
Los directivos de siete cajas rescatadas fueron indemnizados con más de 270 millones
Este martes ha sido el turno del juez Gómez Bermúdez, quien ha dado por concluida la primera de las cuatro piezas que investiga en relación a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Y la ha concluido elevando a juicio oral al ex director general de la caja Roberto López Abad, y al expresidente de la comisión de control de las empresas participadas de la caja, Ramón Avilés. Según el fiscal, López Abad, Avilés y otras 19 personas percibieron 1,5 millones de euros. El Ministerio Público considera que la comisión era únicamente "un instrumento" para elevar los sueldos a los banqueros al margen de la normativa. En concreto, López Abad percibió 308.700 euros.
En este caso, la investigación del Ministerio Público incluye la concesión irregular de créditos por parte de Ramón Avilés, que utilizó a la caja para tratar de solucionar sus problemas de liquidez, perjudicando los intereses de la entidad, que perdió 4,91 millones. López Abad se enfrenta a una petición de pena de cárcel de cuatro años por los delitos de apropiación indebida, administración desleal y delito societario. Ramón Avilés afronta dos años de prisión por los delitos de apropiación indebida, administración desleal, otorgamiento de contrato simulado y un delito societario.
López Abad ya había sido detenido por orden de Bermúdez por su presunta participación en el desvío de 246,5 millones de euros a paraísos fiscales.
Los magistrados de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, Ismael Moreno y Javier Gómez Bermúdez sentarán en el banquillo a once banqueros de tres cajas de ahorros acusados de autoconcederse indemnizaciones y sueldos que superan los 35 millones de euros, según el recuento realizado por infoLibre basado en los autos de los jueces y en los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción.