Hace dos años que las personas en situación administrativa irregular, lo que coloquialmente se conoce como sin papeles, perdieron el derecho a la sanidad normalizada en España. Su atención gratuita está garantizada en urgencias, parto y posparto y también para los menores de edad sea cual sea la situación administrativa del paciente. Aunque este precepto no siempre se cumple. Las ONG, que se han mostrado muy críticas con esta medida, censuran que el Ejecutivo haya hecho oídos sordos a recomendaciones de instancias internacionales como el Consejo de Europa, que, en un informe oficial, tildó de ilegal esta medida y concluyó que "la crisis no puede servir como pretexto para negar el acceso a la sanidad".
En un comunicado publicado este viernes de forma conjunta por Amnistía Internacional, Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo y Red Acoge, estas organizaciones recordaron además que distintos relatores de la ONU han expresado en al menos tres ocasiones su preocupación por la imposición de barreras económicas en el acceso a los servicios de salud o han criticado que las normas básicas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por las presiones fiscales. Antes incluso de que se elaborase la norma, las ONG aseguran que Naciones Unidas ya pidió que se evaluase el impacto que podría tener una medida que lleva dos años en vigor y que ha provocado la expulsión de más de 870.000 personas de la atención sanitaria en igualdad de condiciones, según los últimos datos reconocidos por Sanidad.
Desde el departamento que dirige Ana Mato argumentan que el decreto no se hizo para recortar derechos "sino para ordenarlos y, en ningún caso, para evitar el acceso al sistema sanitario". En julio de 2013 este departamento puso en marcha seguros especiales para que las personas excluidas pudieran acceder a la sanidad pública pagando entre 60 y 157 euros al mes. Sin embargo, las ONG señalan que este importe "podría suponer una barrera al acceso a la atención sanitaria de las personas en situación de mayor vulnerabilidad". El diario El País informó el pasado abril de que sólo 300 personas habían suscrito estos convenios en todo el país.
No obstante, como la Sanidad es una competencia transferida a las comunidades autónomas, los extranjeros que viven en situación irregular tienen cobertura según donde viven porque no todas las autonomías han seguido lo marcado por el decreto. Hay autonomías como Andalucía, Cataluña, País Vasco o Asturias que se declararon objetoras. Y que otras como Baleares y Castilla-La Mancha lo están cumpliendo a rajatabla. Manuel Marín, médico de familia y presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) señalan que "aunque se ha paralizado en sus aplicaciones más lesivas, es evidente que la intencionalidad de este cambio es avanzar progresivamente hacia un modelo de seguros, lo que supondría un aumento del gasto sanitario y de las desigualdades en el acceso, tal y como demuestra la experiencia internacional".
Las trabas administrativas
Otro asunto que preocupa a las ONG son las trabas administrativas que, a juicio de estos colectivos, disuaden a los sin papeles de acudir a determinados servicios. Médicos del Mundo ha certificado casos de facturas por la atención en Urgencias, algo que no contempla la ley, en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Canarias, Baleares y Euskadi, si bien en esta comunidad la ONG matiza que no ve afán recaudatorio en la medida aunque sí disuasorio ya que basta la presentación de un recurso donde se explica que esa persona no tiene recursos económicos para que sean archivadas (aunque no destruidas). Una atención de Urgencias en un hospital, sin pruebas diagnósticas, puede costar 160 euros.
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Álvaro (prefiere no facilitar su apellido), portavoz del colectivo Yo Sí Sanidad Universal, también concluye que es "una práctica sistemática". "En nuestro colectivo tenemos más de cuarenta grupos de acompañamiento que se encargan de ayudar a los inmigrantes que se han quedado sin tarjeta sanitaria, darles asesoramiento legal y compañía y por eso conocemos lo que ocurre de primera mano. Lo que dice la población excluida es la realidad, aunque es cierto que se trata de una práctica heterogénea por la gran dispersión normativa que existe en torno a este asunto", asevera.
En un sentido similar, la plataforma Yo Sí Sanidad Universal –integrada por ciudadanos y profesionales sanitarios que asesoran y acompañan a inmigrantes sin cobertura médica– aglutinó en un informe documentación sobre casos en los que no se cumplen las excepciones del decreto de exclusión sanitaria. En ese documento el colectivo certifica que en hasta seis centros de Atención Primaria de la Comunidad se ha denegado la atención en Urgencias. En otras ocasiones –detalla el documento– el bloqueo del acceso a la atención, en lugar de plantearse como un rechazo frontal, se produce como resultado de la exigencia de una fianza previa a dicha atención o de un compromiso de pago. Además, en ocho centros hospitalarios de la región, entre los que se encuentran los principales hospitales de referencia, la plataforma también ha detectado casos de facturación posterior a la atención en urgencias.
Sobre este asunto, en el Ministerio de Sanidad admiten que se emiten facturas en Urgencias por la prestación de asistencia a las personas que no tienen tarjeta sanitaria, si bien dicen que "no es algo nuevo" y que el hecho de que se emita la factura "no significa que se vaya a cobrar" porque "si una persona no tiene recursos puede acudir a los servicios sociales para que le ayuden a hacer los trámites necesarios y no tenga que abonar nada". Estas fuentes justifican la emisión de facturas en el hecho de que a las Urgencias de la sanidad pública también pueden acudir en un momento dado personas de países con los que España tiene convenios, extranjeros que cuentan con pólizas privadas o nacionales funcionarios que optaron por un seguro privado a través de una mutua.
Hace dos años que las personas en situación administrativa irregular, lo que coloquialmente se conoce como sin papeles, perdieron el derecho a la sanidad normalizada en España. Su atención gratuita está garantizada en urgencias, parto y posparto y también para los menores de edad sea cual sea la situación administrativa del paciente. Aunque este precepto no siempre se cumple. Las ONG, que se han mostrado muy críticas con esta medida, censuran que el Ejecutivo haya hecho oídos sordos a recomendaciones de instancias internacionales como el Consejo de Europa, que, en un informe oficial, tildó de ilegal esta medida y concluyó que "la crisis no puede servir como pretexto para negar el acceso a la sanidad".