Ginso, la asociación sin ánimo de lucro a la que Francisco Granados involucró el jueves durante su declaración judicial en la presunta financiación ilegal de la campaña de Esperanza Aguirre en 2007 a través de facturas falsas, ha cobrado de la Comunidad de Madrid 147,6 millones de euros desde 2006, cuando se alzó mediante un convenio sin concurso previo con la gestión de un centro de internamiento de menores. La asociación desarrolla al menos desde 2011 uno de sus programas de manera conjunta con una empresa del que hasta 2001 fue Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, Javier Urra.
infoLibre intentó con reiteración y sin éxito este lunes contactar con Javier Urra para conocer en qué momento se inició la colaboración de su mercantil Urrainfancia SL con Ginso. Una vez publicada la información, Urra se puso en contacto con este periódico para indicar que la relación de su empresa con Ginso empezó en 2011, "años después de que firmase el convenio con la Comunidad de Madrid en 2006". Además, Urra rechazó de forma tajante cualquier relación con la "financiación irregular" del PP y quiso destacar que su sociedad mercantil "no tiene participación social alguna en la ONG Ginso". "No me hago responsable en nada de aquello en lo que no he participado", concluyó.
Tampoco respondió a las llamadas el arquitecto Alfredo Santos, presidente de la ONG. Una vez suscrito el convenio con el Gobierno de Aguirre para levantar y gestionar el centro de menores proyectado en el municipio de Brea del Tajo, Ginso encargó el edificio a tres constructoras: una de ellas, Icono Consultores SA, propiedad de su máximo directivo; y otras dos, vinculadas a sus socios. "Sería absurdo que no me contratase a mí mismo", adujo Santos cuando el diario El País desveló la transferencia de fondos -12 millones, según sus propios números- desde la asociación sin ánimo de lucro a las empresas en las que su presidente tenía un interés directo o indirecto.
Acrónimo de Asociación para la Gestión de la Integración Social, el convenio que deparó a Ginso la adjudicación del centro de Brea del Tajo estaba exento de las obligaciones de concurrencia y publicidad establecidas para los contratos públicos. Así lo han confirmado a infoLibre fuentes de la Comunidad de Madrid. Cifrado en 157 millones de euros y con 15 años de vigencia, el convenio ya ha reportado a Ginso 147.612.245 euros exactamente.
En sus declaraciones de mayo de 2006 a El País, el presidente de Ginso precisó que la firma del convenio, fechado el 3 de marzo de aquel año, se produjo a iniciativa de la Comunidad de Madrid. "Se pusieron en contacto conmigo y nos contrataron la gestión y el edificio. Se llegó a un precio y lo hicimos. En el caso de Brea de Tajo es de 157 millones de euros. Luego, lo gestionaremos para conseguir la reinserción de los jóvenes".
Cuando Esperanza Aguirre inauguró la primera fase del centro de menores el 30 de septiembre de 2006, la nota oficial difundida por su Ejecutivo no contenía ni una sola mención a que había sido construido por Ginso. Aguirre destacó "que el nuevo centro de menores es fruto de la colaboración entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Brea de Tajo", decía el comunicado oficial. El reformatorio quedó bautizado como Santa Teresa de Calculta.
El papel de Urrainfancia SL
La asociación fue constituida en 2001, el año de la entrada en vigor de la Ley del Menor aprobada por el Gobierno de José María Aznar. Urrainfancia SL quedó constituida en septiembre de 2006. Ginso y Urrainfancia publicitan el denominado programa Recurra como puesto en marcha "en el año 2011". El objetivo central de ese programa estriba en que padres con hijos conflictivos que no han sido condenados por ningún tribunal puedan confinarlos en el centro de internamiento de menores de Brea del Tajo. Este diario no ha podido verificar si se trata de un programa estrictamente privado o si por el contrario dispone de subvenciones públicas.
El convenio con Ginso para la gestión del centro de Brea fue rubricado por Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia del Ejecutivo madrileño y que en 2009 se convirtió en uno de los dirigentes del PP madrileño que denunciaron haber sido espiados por empleados del departamento que ya en ese momento dirigía Francisco Granados, también responsable de Interior.
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Al año siguiente de su firma es cuando, según el relato expuesto por Granados ante el juez de la Operación Púnica, se materializó la falsificación de facturas para ocultar aportaciones ilegales a la campaña electoral de Esperanza Aguirre. Lo que sostiene Granados es que, bajo el concepto oficial de estudios sobre delincuencia juvenil y reinserción, Ginso le pagó 150.000 euros a una empresa propiedad del ya ese momento exdirector de Telemadrid, Álvaro Renedo, y del periodista Germán Yanke, que falleció hace un año. Esos estudios -dice el que hasta 2011 fue número dos del PP madrileño y hoy permanece en libertad bajo fianza como principal investigado -imputado- en Púnica- eran un mero camuflaje.
Renedo también aparecía en los partes elaborados por los espías a sueldo de la Comunidad de Madrid. Lo espiaron justamente en una reunión que mantuvo con Alfredo Prada. Tanto el expresidente de Telemadrid y luego propietario de Estrella Digital -web que, precisa él mismo, acabó vendiendo- como el exconsejero Prada mantienen que Granados ha mentido.
Prada, que prepara una querella, niega haber participado en ninguna estrategia conducente a recabar fondos opacos para Aguirre, que lo defenestró en 2008 y a quien permaneció enfrentado desde entonces. Y Renedo tilda de "absolutamente falso" que las facturas emitidas por la sociedad que compartía con el difundo Yanke, Inver-Eleto SL, fueran una mera ficción destinada a camuflar gastos de la que durante muchos años había sido amiga suya, Esperanza Aguirre.
Ginso, la asociación sin ánimo de lucro a la que Francisco Granados involucró el jueves durante su declaración judicial en la presunta financiación ilegal de la campaña de Esperanza Aguirre en 2007 a través de facturas falsas, ha cobrado de la Comunidad de Madrid 147,6 millones de euros desde 2006, cuando se alzó mediante un convenio sin concurso previo con la gestión de un centro de internamiento de menores. La asociación desarrolla al menos desde 2011 uno de sus programas de manera conjunta con una empresa del que hasta 2001 fue Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, Javier Urra.