El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre afrodescendientes alerta al Gobierno en un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) [consultar aquí íntegro] sobre el problema "endémico" del uso de perfiles raciales como criterio para llevar a cabo detenciones e identificaciones aleatorias por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Estos expertos sobre derechos humanos de la ONU visitaron España el pasado mes de febrero. Ya en sus primeras conclusiones alertaron de que esta discriminación "es la realidad que vive el colectivo".
Con este informe, este grupo de trabajo traslada su preocupación al Gobierno por la situación de los derechos humanos de los afrodescendientes en España. Según explican, son víctimas de "racismo" y "discriminación racial" en todos los ámbitos de la sociedad: "desde los centros escolares hasta el mercado de trabajo, pasando por la vivienda, la sanidad y otros servicios sociales". Por ello, animan al Gobierno a que estudien la "posibilidad" de aprobar una ley integral para combatir este tipo de intolerancia.
Incluso, desde este documento también denuncian que los descendientes de africanos son tomados "constantemente" por inmigrantes indocumentados y se les detiene "mucho más" que a personas de otro origen étnico en controles aleatorios en la vía pública. "La sociedad civil informó de que la población negra corre el riesgo de ser señalada 42 veces más a menudo en los puertos y el transporte público, simplemente por el color de su piel", asegura el documento de la ONU. Esta práctica, explican desde Naciones Unidas, no sólo "discrimina" sino que también alimenta el racismo: "quienes presencia esas interpelaciones dan por sentado que las víctimas desarrollan actividades delictivas".
Aunque reconocen que el Código Penal establece como circunstancia "agravante" la motivación racista, al grupo de trabajo le preocupa la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza: "las sanciones para quienes capten imágenes de agentes del orden e invierten la carga de la prueba por lo visto han abocado a la población a la autocensura, con la consiguiente disminución del número de denuncias por discriminación, los casos que se investigan y enjuician y las reparaciones concedidas a las víctimas".
Asimismo, los expertos sobre derechos humanos señalan un "gran techo" entre la legislación y la práctica en la protección de los afrodescendientes contra "el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, la afrofobia y las formas conexas de intolerancia". También observan con preocupación la falta de datos desglosados por origen étnico o raza. "En la práctica ello conduce a la invisibilización de la comunidad afrodescendiente e impide encontrar soluciones eficaces contra el racismo, la discriminación racial y la exclusión social", aseguran en las conclusiones del informe y recomiendan al Ejecutivo "recoger, recopilar, analizar, difundir y publicar" datos estadísticos "fidedignos".
Otro de los problemas que detectan es la falta de representación de los afrodescendientes a todos los niveles, tanto en los poderes judicial como legislativo. Aunque reconocen que esto se puede deber a las "características demográficas" de la migración y al "requisito de poseer la nacionalidad española", alertan de que esta infrarrepresentación se puede deber a "prejuicios raciales" que continúen perpetuando "los estereotipos de los afrodescendientes como migrantes y no como miembros contribuyentes de la sociedad española".
El esfuerzo de España en la crisis migratoria
Otro de los puntos que trata el informe es la crisis migratoria y felicita al Gobierno por su esfuerzo en las operaciones de rescate marítimo. Sin embargo, también advierte de las diferencias en los "planteamientos de asilo" entre la península y Ceuta y Melilla que "socavan la protección internacional de los afrodescedientes".
Isabelle Mamadou: "En España nunca se ha hecho un esfuerzo real para combatir los prejuicios hacia los afrodescendientes"
Mientras que los que llegan vía marítima "suelen tener" acceso al territorio español, son detenidos en virtud de un "marco jurídico" relacionado con la inmigración irregular. "La detención sistemática de quienes llegan por mar y declaran desde un principio su intención de solicitar protección tiene un efecto disuasorio por cuanto respecta a la solicitud de asilo y vulnera lo dispuesto en la legislación al respecto", explican los expertos en derechos humanos de la ONU.
Con respecto a la situación en las fronteras de Ceuta y Melilla, a este grupo de trabajo les preocupa "las expulsiones colectivas y los múltiples rechazos que se llevan a cabo". "Urge modificar los criterios que rigen la actividad de los agentes de control fronterizo de Ceuta y Melilla para que puedan entregar a las personas que tratan de entrar en el territorio español a la policía nacional de modo que se puedan llevar a cabo los procedimientos previstos en la normativa sobre migración y se informe a los interesados de la posibilidad de solicitar protección internacional", explican. Recuerda en este punto al Gobierno la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que consideraba ilegales las devoluciones en caliente y condenaba a España por la expulsión colectiva de extranjeros.
El Gobierno se lleva, por último, otra felicitación: la reducción del tiempo máximo de retención en los centros de internamiento de extranjeros a 60 díascentros de internamiento de extranjeros. Sin embargo, este grupo de expertos se muestra preocupados por la detención de inmigrantes como forma habitual de "detención administrativa", es decir, cuando la persona no ha cometido delito alguno. "Teniendo en cuenta el probado sufrimiento que experimentan los afrodescendientes en su viaje a Europa y las múltiples violaciones de sus derechos, su posterior detención tiene un efecto perjudicial en su salud psíquica", afirman.
El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre afrodescendientes alerta al Gobierno en un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) [consultar aquí íntegro] sobre el problema "endémico" del uso de perfiles raciales como criterio para llevar a cabo detenciones e identificaciones aleatorias por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Estos expertos sobre derechos humanos de la ONU visitaron España el pasado mes de febrero. Ya en sus primeras conclusiones alertaron de que esta discriminación "es la realidad que vive el colectivo".