Las víctimas de los bebés robados en España lo han denunciado en varias ocasiones. "El Estado no está involucrado" en su caso. Pero ahora, por primera vez, quien sí lo está es la ONU. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha solicitado a España explicaciones sobre el archivo de un caso concreto que, desde hace tres años, ha hecho batallar en los tribunales españoles a un matrimonio navarro.
El abogado de la familia y presidente de la asociación SOS Raíces adoptados, Enrique Vila, explica a infoLibre que los afectados prefieren mantener la mayor discreción posible. Comenzaron su periplo judicial en el año 2015, pero su caso empezó 30 años antes, en 1985, cuando la mujer dio a luz en una clínica de Pamplona. Supuestamente, el bebé que nació en ese momento fue robado en el mismo hospital. Con esas sospechas, presentaron una querella en el Juzgado de Instrucción de la ciudad. "Allí abrieron diligencias pero, como en tantos otros casos, para cumplir sobre el papel, porque realmente nunca se hace una investigación efectiva", denuncia Vila.
Pidieron que se practicaran pruebas para dirimir qué había ocurrido con el recién nacido, pero no lo hicieron solos. A la demanda que realizó la familia se sumó el Ministerio Fiscal, como recuerda el abogado. "No practicaron ninguna", se queja. Ni siquiera, según recuerda, se llamó a declarar a los afectados, ni al matrimonio ni al personal de la clínica que asistió el parto. "No hubo ninguna declaración testifical", apunta. Pero este modus operandi no es único. "Fue un archivo más de los muchos que, por desgracia, se hacen sin ni siquiera investigar", explica.
Tras este primer varapalo, el siguiente paso fue acudir a la Audiencia Provincial de Navarra, de nuevo, junto a la Fiscalía. Pero la respuesta fue la misma y se mantuvo el archivo del caso. "Luego acudimos al Tribunal Constitucional, que no admitió el recurso de amparo", recuerda Vila. Es en ese momento cuando, añade, decide explorar una vía que nunca antes había probado. "Decidí acudir al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas" porque, explica, la Justicia española estaba vulnerando un derecho fundamental recogido en la Convención de los Derechos del Niño, ratificado por España. Está recogido en los artículos 7 y 9. Según el documento, "el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos" y, además, "los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos".
España, fuera de plazo
Tal y como explica Vila, Naciones Unidas admitió su queja, solicitando en diciembre de 2017 al Estado español explicaciones de los motivos por los cuales los tribunales habían decidido archivar el caso del matrimonio. "Yo también recibí ese documento", explica Vila, que indica a este diario que, por motivos de "secreto profesional", no puede enviarlo a ningún medio.
infoLibre trató de acceder a la petición de la ONU a través de la Dirección General de Comunicación e Información Diplomática. Desde este organismo informaron que, en cualquier caso, las instituciones que deberían tener conocimiento del escrito son el Ministerio del Interior o el de Justicia, que trasladaron a este periódico que la competencia, en cambio, era del Ministerio de Asuntos Exteriores. Al cierre de esta edición, este organismo no había respondido.
El plazo que Naciones Unidas dio a España para responder era de seis meses, que finalizaron el pasado junio. "O, al menos, yo no he recibido información de que el Estado haya respondido", indica Vila que, sin embargo, se muestra optimista. "Es un mal gesto que no se haya cumplido el plazo, pero estoy casi seguro de que responderán y de que, aunque sea un poco más tarde, la ONU lo aceptará", explica.
Y ahí llega el problema que, según Vila, tendrá España. "Argumentarán que archivaron el caso porque no veían" que tuviera recorrido, explica. Pero, eso sí, "cuando les pregunten por qué no realizaron las pruebas que solicitamos... A ver cómo responde".
Pero de momento, explica, están satisfechos. "Todos estamos hartos de que estos casos se cierren sin investigar", se queja. Y, además, de que se haga con ciertas "trampas". "Lo que hacen es archivar los casos provisionalmente", haciendo que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no pueda intervenir. La excusa, explica, es que el caso no está completamente cerrado, y podrá reabrirse con la aparición de nuevas pruebas. "¿Pero quién las busca?", se pregunta. "Es un falso archivo definitivo. Mantienen ahí los casos para que parezca que no se han olvidado, pero no hacen nada", lamenta.
No es un precedente
Vila es optimista pero admite que, de momento, los pasos dados hasta ahora por la ONU no significan nada definitivo. Pase lo que pase, este caso, según argumenta, no servirá como precedente para los demás. "Hay que ver siempre cada caso de forma individual", indica.
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La noticia llega un mes después de que comenzara el primer juicio por bebés robados en España. Lo consiguió Inés Madrigal, que sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid el ginecólogo Eduardo Vela, de 85 años, para quien la Fiscalía pedía once años de prisión por supuestamente haber participado en la sustracción a su madre biológica de una niña nacida en 1969 en la Clínica San Ramón de Madrid y de haberla entregado a una mujer estéril de 46 años, a quien recomendó fingir un embarazo con cojines. Vela fue la mano derecha de la fallecida Sor María, la monja que murió en 2013 cuatro días después de ser citada a declarar por otro caso similar. La niña era Madrigal.
El juicio, de momento, ha sido suspendido. El motivo es que Vela fue ingresado en un hospital madrileño con fuertes náuseas y mareos. Por ahora, se desconoce cuándo se retomará.
Semanas más tarde, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, solicitó dar un nuevo impulso a las investigaciones sobre los casos de bebés robados en sendos escritos remitidos a los Ministerios de Justicia, del Interior y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y a la Fiscalía General del Estado, según informó la institución. En opinión del Defensor, los poderes públicos están obligados a dar una respuesta legal a las víctimas y hacer un esfuerzo por esclarecer los hechos denunciados, así como darles todo el apoyo necesario para paliar la angustia que les produce el hecho de no poder conocer a su familia biológica. Pero de momento no ha habido, tampoco, ningún tipo de acción.
Las víctimas de los bebés robados en España lo han denunciado en varias ocasiones. "El Estado no está involucrado" en su caso. Pero ahora, por primera vez, quien sí lo está es la ONU. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha solicitado a España explicaciones sobre el archivo de un caso concreto que, desde hace tres años, ha hecho batallar en los tribunales españoles a un matrimonio navarro.