Madrid, 17 de octubre de 2018. La Conferencia Episcopal Española (CEE) pone en marcha en una comisión reservada para actualizar los protocolos de actuación contra los abusos sexuales cometidos en su seno. Lo hace en plena investigación del diario El País sobre la ocultación por parte de la Iglesia durante décadas de estos casos. Y a solo cinco meses de la celebración en el Vaticano de una cumbre antipederastia que nunca convenció a las víctimas. "La Iglesia católica asume el compromiso de [...] proteger a todos menores y adultos vulnerables", señala en una nota de prensa. Al frente del grupo el entonces obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, enormemente cuestionado por su actuación en relación con algunos casos de agresiones en el Seminario Menor de La Bañeza (León).
Han pasado ya cinco años de aquello. Y la pederastia en la Iglesia, su pecado original, sigue estando bajo la lupa de investigadores e instituciones. Una de ellas es el Defensor del Pueblo, que el próximo viernes dará a conocer los resultados de su estudio sobre las agresiones a menores por parte de religiosos. Se trata de la primera aproximación oficial a nivel estatal que se hace sobre este asunto, una tarea que ya han llevado a cabo otros países como Australia, Francia, Portugal o Alemania. Una investigación que permitirá dimensionar esta lacra –se espera que se ponga sobre la mesa una cifra de víctimas y victimarios– y que abordará el papel que la jerarquía eclesiástica ha jugado durante décadas en nuestro país a la hora de encubrir o silenciar estos delitos.
La actividad del Ministerio Público y los tribunales en torno a esta cuestión ha sido intensa durante los últimos años. A cierre de 2022, había en sede fiscal y judicial al menos 147 investigaciones abiertas por abusos y agresiones sexuales cometidos en el ámbito de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa. No obstante, podrían ser más. Al fin y al cabo, los datos de los que se disponen en la Fiscalía General del Estado son muy parciales. Primero, por la "dificultad" de detectar ese tipo de procedimientos "al no constar registro específico para esos supuestos en las aplicaciones de gestión procesal de los órganos judiciales". Y segundo, porque la mayor parte de testimonios se refieren a procedimientos que tuvieron su origen en 2021 y 2022.
El 67% de los hechos que entonces se encontraban bajo la lupa de jueces y fiscales tuvieron lugar en este siglo. Y el 33% antes de la década de los noventa. Un paso del tiempo que va en contra de las propias víctimas, a quienes cuesta un mundo afrontar el trauma de poner los hechos en conocimiento de las autoridades. Así lo ponen de manifiesto los datos recopilados por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, recogidos en el último informe anual del Ministerio Público. Un tercio de los asuntos que han acabado en un cajón en los últimos años fueron archivados en sede fiscal o judicial al haberse extinguido la responsabilidad penal por prescripción. Y otro 5% por haber fallecido el autor de los mismos.
El ejemplo perfecto de este problema lo encontramos en el caso La Salle. En enero de 2022, el escritor Alejandro Palomas denunció públicamente que a mediados de los setenta sufrió abusos por parte de su profesor y tutor en La Salle de Premià de Mar. Entonces, sólo tenía ocho y nueve años. Tras su testimonio, un juzgado de Mataró abrió diligencias de investigación. Sin embargo, no tardó en dar carpetazo al asunto: "[Los hechos] están prescritos a efectos penales". La misma suerte corrieron otras alumnas que denunciaron al mismo profesor Jesús Linares, por abusos durante su etapa en La Salle Montcada. Pocos meses después, el religioso falleció. Y todos los casos que aún quedaban vivos contra él se vinieron abajo.
Durante la última legislatura se ha dado algún paso importante en lo relativo a la prescripción. Así, con la aprobación de la Ley de Protección a la Infancia, popularmente conocida como ley Rhodes, ha quedado establecido que el plazo de prescripción por un delito contra la libertad sexual de un menor no empiece a contar hasta que la víctima tenga 35 años. Algún grupo intentó en el Congreso de los Diputados elevarlo hasta los 45 años, en línea con la recomendación que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa estableció en su Resolución 2330 (2020), en la que planteaba que los plazos de prescripción para la violencia sexual contra los niños no fueran inferiores "a treinta años después de que la víctima haya cumplido los 18 años".
Opacidad
Pero la prescripción no es el único obstáculo con el que se ha encontrado el Ministerio Público desde que comenzó a hacer un seguimiento exhaustivo de estos casos de abusos en el seno de instituciones religiosas. También está la opacidad eclesiástica. El pasado noviembre, la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado envió un oficio a las setenta diócesis para que le remitieran información de las denuncias por delitos contra la libertad sexual de menores que constasen en sus oficinas de asistencia a la víctima. Sin embargo, a finales de marzo, cuatro meses después, más de un tercio de las diócesis aún no habían respondido y solo una docena aportaban datos significativos al Ministerio Público.
En total, según esta última recopilación hecha por la Fiscalía a la que ha tenido acceso este diario, 27 diócesis no habían respondido hasta la fecha a la petición de información, mientras que otras 24 habían señalado que no existían "denuncias o testimonios" sobre abusos recabados en sus oficinas de asistencia a las víctimas y 9 apuntaban que los casos que a ellas les constaban ya habían sido puestos en conocimiento de la "fiscalía competente". Por último, solo doce aportaban "datos más concretos", como por ejemplo nombres. En su último informe Para dar luz, la Conferencia Episcopal hablaba de 927 víctimas y 728 abusadores. De estos últimos, señalaba que solo un tercio seguía vivo. En cuanto al marco temporal, un 71,5% de los hechos ocurrieron en el siglo pasado.
Una auditoría que no llega
Estas cifras contrastan con las que durante años ha ido recopilando el diario El País, cuya base de datos contabiliza ya 2.206 víctimas y 1.036 acusados. De "varios miles de víctimas" hablaba también a comienzos de año Javier Cremades, presidente del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo. Este bufete fue contratado a comienzos de 2022 por la Conferencia Episcopal para elaborar una auditoría independiente sobre las denuncias de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. En un principio se preveía que el trabajo encomendado tuviera una duración de un año. Luego, dijeron que las conclusiones tendrían que esperar hasta después del verano dado el volumen de información. Y ahora parece que el asunto se va a demorar unas cuantas semanas más.
A comienzos de octubre, desde Cremades & Calvo-Sotelo achacaron este último retraso a la falta de respuesta del Vaticano en relación a unos tres centenares de casos de curas españoles denunciados ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Esa información es clave para contrastar si todos esos nombres ya están contemplados en el registro que ellos manejan o si se tratan de datos nuevos. La Conferencia Episcopal dio al despacho hasta el pasado viernes para entregar su trabajo. Sin embargo, el bufete se mantiene firme en su intención de entregar un resumen ejecutivo en las próximas semanas y el dosier definitivo a final de año. "Seguimos trabajando y concentrados en este asunto", se limitan a decir desde Cremades & Calvo-Sotelo.
Se espera que esta auditoría plantee, entre otras cosas, el pago de indemnizaciones a las víctimas, algo que ni siquiera la Conferencia Episcopal mencionó en la instrucción que emitió el pasado mes de mayo sobre abusos sexuales. Una reparación a las víctimas que también ocupará, con total seguridad, una parte importante del informe que este viernes hará público el Defensor del Pueblo sobre esta misma lacra. La institución dirigida por Ángel Gabilondo lleva algo más de un año investigando, tal y como le encargó por amplia mayoría el Congreso de los Diputados, las agresiones en el seno de la Iglesia. Y lo ha hecho con la ayuda de expertos, entre los que se encuentran psicólogos o juristas. Entre ellos, María Jesús Raimundo, antes fiscal de la Secretaría Técnica y ahora fiscal de odio.
Un Ministerio Público que, de hecho, en su última memoria plantea, entre otras cosas, la necesidad de "revisar la posible solicitud de responsabilidad civil subsidiaria" de la institución religiosa donde han tenido lugar los hechos o "valorar" la "extensión de la acusación", cuando se den los elementos incriminadores necesarios, a las "posibles conductas encubridoras" por parte de los representantes de dichas instituciones. Unas actuaciones de las que, recuerda la Fiscalía, "pueden dimanar tanto responsabilidades penales como civiles". Un mirar para otro lado que ha sido seña de identidad de la jerarquía eclesiástica. Durante décadas.
Madrid, 17 de octubre de 2018. La Conferencia Episcopal Española (CEE) pone en marcha en una comisión reservada para actualizar los protocolos de actuación contra los abusos sexuales cometidos en su seno. Lo hace en plena investigación del diario El País sobre la ocultación por parte de la Iglesia durante décadas de estos casos. Y a solo cinco meses de la celebración en el Vaticano de una cumbre antipederastia que nunca convenció a las víctimas. "La Iglesia católica asume el compromiso de [...] proteger a todos menores y adultos vulnerables", señala en una nota de prensa. Al frente del grupo el entonces obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, enormemente cuestionado por su actuación en relación con algunos casos de agresiones en el Seminario Menor de La Bañeza (León).