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Se llamará Oficina del Español, se encargará de "identificar oportunidades de desarrollo y crecimiento" en sectores que tengan el idioma como "eje" y, por el momento, no tiene ni estructura ni presupuesto. Esos son todos los detalles que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha ofrecido hasta la fecha sobre el cargo por el que Toni Cantó percibirá unos 75.000 euros anuales. Durante los últimos días, el actor ha tratado de defender que el puesto no es, para nada, uno de esos chiringuitos que tanto ha criticado durante su trayectoria política. Principalmente, defendía Cantó, porque solo él compondrá esa Oficina. Una estructura parecida a la de aquella fundación pública levantada hace años para colocar a Santiago Abascal con un jugoso sueldo público y de la que solo formaban parte el ahora líder de Vox y una asesora técnica. Una entidad, asumida como chiringuito por el propio jefe de la ultraderecha, que no fue más que un sumidero de dinero público con apenas objetivos cumplidos. Como tantas otras en la región.
No siempre las entidades públicas y los cargos ad hoc innecesarios han recibido el apelativo de chiringuitos por parte de la derecha. Hace no muchos años, era otra la expresión que imperaba en suelo regional. “Las mamandurrias tienen que acabarse”, repetía una y otra vez Esperanza Aguirre en sus intervenciones. La gran baronesa del PP se refería así, diccionario de la RAE en mano, a aquel “sueldo que se disfruta sin merecerlo, sinecura, ganga permanente”. Y eso que, de puertas para dentro, la conservadora tenía una larga lista de proyectos y entidades que, con el paso de los años, demostrarían no ser más que un enorme agujero negro de millones públicos y trabajo a medio hacer. La lista es larga. Y va desde la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social a la Fundación Arpegio o Madrid Network. Lugares ideales para cobijar a jóvenes promesas dentro de las filas conservadoras con sueldos bastante apetecibles.
El google earth madrileño y Arpegiogoogle earth
A comienzos de 2006, Aguirre afrontaba los últimos compases de su primera legislatura en la Puerta del Sol, aquella a la que llegó tras el polémico tamayazo. Y los anuncios se repetían semana tras semana. Corría el mes de marzo cuando la líder del Ejecutivo regional presentó a bombo y platillo Geomadrid, una especie de google earth a la madrileña en el que se comenzó a trabajar durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón. “Es una sofisticada base de datos cartográficos que hoy se pone a disposición de todos los madrileños”, celebraba. Sin embargo, aquel proyecto “vanguardista”, que se encargó de presupuestar y dirigir una sociedad de la que fueron presidentes, entre otros, Francisco Granados, no pasó de una fase embrionaria. A los pocos meses, los técnicos se percatan de que plantea problemas y no funciona. Se integra entonces en Planeo, de la que se encargan los expertos del Ejecutivo regional. Al final, 45 millones de euros a la basura.
Aquel proyecto terminó durmiendo en los cajones de Arpegio, una de las empresas públicas analizadas por la justicia en el marco del caso Púnica. Una investigación judicial que también salpicó a la Fundación Arpegio. La entidad fue creada en diciembre de 2006 con el objetivo de canalizar los beneficios que generaba la sociedad principal. Sin embargo, con el paso de los años acabo viéndose que no fue otra cosa que un pozo sin fondo para las arcas públicas. Según se desprendió de la información contable de la entidad que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes entregó en el marco de una investigación parlamentaria sobre las épocas de Aguirre e Ignacio González al frente de la Comunidad de Madrid, recogida por El Mundo, la entidad repartió durante los primeros años de vida 10 millones de euros sin control. Entre los gastos, 3.030 euros mensuales al exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna como asesor jurídico externo. Eso sí, con la excepción de 2008, cuando tuvo un abono extra de 12.000 euros por elaborar un informe de 30 páginas sobre el impacto de la Ley de Contratos del Sector Público.
“Mi impresión es que era un chiringuito para hacer favores”, apuntó hace ya un lustro la abogada del Estado Elisa de la Nuez, quien estuvo en nómina de la fundación durante medio año y quien se encargó de resaltar en los medios que la entidad “no tenía técnicos que controlaran qué se hacía y cómo”. Un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid, hecho público a finales de 2018, también mostraba su preocupación por la falta de controles: “Tampoco podía ejercer –al carecer de profesionales en su estructura– el control efectivo de la correcta ejecución de los contratos de obras y servicios suscritos”. La plantilla de aquella entidad nunca fue muy numerosa. En 2011, la integraba media decena de personas. De ahí, pasaron a solo una en 2012, 2013, 2014 y 2015. El único puesto que se mantuvo fue el de gerente, con un sueldo de casi 78.000 euros anuales.
En su informe, el órgano fiscalizador se mostraba sorprendido por la puesta en marcha de la entidad. “Llama la atención la propia creación de la Fundación Arpegio, es decir, de la necesidad de su existencia como ente instrumental”, recogía la Cámara de Cuentas, que resaltaba que “las competencias” que se atribuían al ente “perfectamente podrían haberse desplegado” por parte o bien de la Consejería de Medio Ambiente o bien de la mercantil Arpegio. Y lanzaba sus sospechas: “Cabe significar que la creación (…) responde a la idea de contar con un instrumento flexible que pueda operar fuera de los controles financieros habituales. Esta huida del marco de controles públicos propició que la fundación se convirtiera en una mera ‘caja pagadora’ de las facturas que se le presentaban, puesto que con sus escasos recursos no podía hacer frente ni al diseño de planes medioambientales, ni a la elaboración de memorias técnicas”.
Opacidad en la Fundación Dos de Mayo y el chiringuito de Abascalchiringuito
La opacidad fue una de las características fundamentales de aquellos chiringuitos puestos en marcha durante la época de Esperanza Aguirre. De nuevo, el informe de la Cámara de Cuentas sobre la mesa. “Ante la ausencia de datos económico-financieros de esta fundación no se ha podido proceder a la fiscalización de la misma al objeto de acreditar la fiabilidad de sus cuentas”, recogía el organismo fiscalizador sobre la Fundación Dos de Mayo Nación y Libertad. La entidad fue creada por el Ejecutivo regional en verano de 2007 para organizar los actos conmemorativos del bicentenario del levantamiento de 1808 e impulsar actividades relativas a la “difusión y promoción” de los “valores de nación y libertad”. Como Arpegio, a esta fundación también se le puso el ojo en el marco de la investigación del caso Púnica. Los investigadores sospechaban que pudiera haberse utilizado en la financiación irregular del PP.
Entre las entidades analizadas por el organismo encargado de ejercer el control económico y presupuestario del sector público regional también se encontraba la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social. “Dada la insuficiencia de datos aportados, no se ha podido examinar la fiabilidad de las cuentas”, recogía el informe. Creada en 2001, la entidad fue la elegida por el Gobierno de Ignacio González para dar cobijo a Santiago Abascal tras el cierre de la Agencia Madrileña de Protección de Datos, donde Aguirre le colocó como director. El ahora líder de la ultraderecha todavía era, en el momento de su nombramiento, un destacado militante del PP afín a la lideresa. Asumió el cargo de gerente de la fundación en febrero de 2013, un puesto en el que estuvo hasta que el patronato decidió disolverla por sorpresa el 17 de diciembre de ese mismo año, justo el mismo día en el que Vox se inscribió en el Ministerio del Interior como partido político. El sueldo anual de Abascal se había fijado en 82.491 euros.
A lo largo de aquel ejercicio, la entidad no llevó a cabo las actividades planificadas. La única meta alcanzada, según figuraba en la memoria a la que tuvo acceso en su día infoLibre, fue la gestión de una beca unipersonal con una agencia de noticias que se renovaba de manera automática. Se intentó captar colaboración empresarial para fines como elaborar una guía de enfermedades raras, “patrocinar un equipo de fútbol de discapacitados”, conseguir que “centros de equitación” o “criaderos de perros” cooperasen en su inserción o editar un estudio sobre innovación social. “Ninguna de estas actuaciones encontró el respaldo de la iniciativa privada”, apuntaba la memoria. Tampoco pudo realizarse la gala de premios a la responsabilidad social empresarial “por falta de medios” ni alcanzarse un acuerdo con bancos y cajas para conseguir promocionar con sus bolígrafos el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor. Su plan para que Ikea amueblase un inmueble de la Consejería de Asuntos Sociales también fue un fracaso.
La cantera de Madrid Network
Otra de esas entidades que florecieron con Esperanza Aguirre en la Puerta del Sol fue Madrid Network. Su presentación, de la que se encargó el exconsejero de Economía y Hacienda Antonio Beteta, se produjo en junio de 2009 ante más de un millar de empresarios. La firma es un ente de derecho privado, lo que la exime de presentar cuentas ante el Registro Mercantil y de someterse al escrutinio de la intervención pública o del Parlamento regional. A pesar de ello, el Ejecutivo regional dejó en manos de la asociación, tal y como desveló este diario en 2017, el reparto efectivo de 98,5 millones de euros a través de la firma de cuatro convenios. El más jugoso, el destinado a la gestión de un macropréstamo de 80 millones concedido por el Ministerio de Ciencia al Ejecutivo regional para investigación y desarrollo, del que solo se beneficiaron las entidades afiliadas a Madrid Network.
Entre los beneficiarios de aquellos fondos figuran empresas vinculadas a antiguos altos cargos, entre ellos, Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad de Madrid, e Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II. La gestión fue un desastre. A principios de 2019, 26 de las firmas que se beneficiaron habían dejado de pagar el crédito. Además, una auditoría encargada por el Ministerio de Economía durante la época de Luis de Guindos, desvelada hace unos meses por El País, puso de manifiesto que 67 de los 80 millones estaban sin justificar, además de que la mayoría de proyectos que se financiaron con ese dinero no se ajustaban “a las líneas de actividad” que se recogían en el convenio. Como consecuencia directa de los impagos, siempre según los datos aportados por el citado medio, Madrid Network ya da por perdidos 20 millones de euros públicos de los contribuyentes.
La “entidad privada con personal jurídica propia”, como la define el Ejecutivo regional, ha sido cantera de jóvenes promesas conservadoras. Isabel Díaz Ayuso, ahora presidenta madrileña, trabajó para Madrid Network al menos entre 2009 y 2011. Lo hizo en el departamento de prensa –es periodista de formación–, percibiendo por sus labores, que terminaron con su entrada como diputada en la Asamblea, un sueldo de 4.219 euros al mes, según El País. Para la entidad también estuvieron trabajando, aunque en este casos como consultores externos, dos nombres propios vinculados al PP: Francisco Javier Úbeda y Jesús Egea. El primero sería años después alcalde de Boadilla del Monte (Madrid). El segundo, teniente de alcalde del municipio.
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