La 'Operación Lezo' alcanza al segundo expresidente de Madrid y convierte en imputado a Gallardón

El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón declarará el 7 de junio como imputado en el caso Lezocaso Lezo por la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II a finales de 2001, cuando el político presidía la Comunidad de Madrid. Con la imputación de Gallardón, la operación lanzada hace un año alcanza al segundo de los cuatro políticos que han presidido hasta ahora la Comunidad de Madrid. Los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica han terminado así por unir en su condición de investigados al también exalcalde de la capital y a uno de sus enemigos acérrimos: Ignacio González, antiguo delfín de Esperanza Aguirre y predecesor de Cristina Cifuentes al frente del Ejecutivo regional.

También declararán como investigados, los días 5 y 6 de junio, otros dos políticos de relevancia en la estructura del Canal en aquella época: el que durante todo su mandato como presidente autonómico y luego alcalde de la capital fue su mano derecha, Manuel Cobo; y Carlos Mayor Oreja, que presidió la empresa pública de agua.

Fuentes jurídicas han confirmado a infoLibre que el instructor del caso, el juez Manuel García Castellón, ha citado a Gallardón mediante una providencia -una resolución mucho más escueta que un auto- que se le ha notificado en persona esta mañana. Su citación se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

La implicación del ex titular de Justicia en el caso por la compra de la colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II planeaba sobre Lezo desde el inicio. De hecho, fue ese punto el que primero enfrentó a los fiscales que entonces investigaban el caso con quien entonces era su jefe, Manuel Moix, que dimitió en junio de 2017 tras desvelar este periódico su pertenencia a una sociedad panameña. Moix se opuso, por ejemplo, a que los registros practicados en el Canal afectasen a la etapa de Gallardón. Temerosos de que cualquier demora hiciera prescribir el eventual delito de malversación, los fiscales del caso lograron para sus posiciones el respaldo de la Audiencia Nacional.

Tras el relevo de Moix por Alejandro Luzón, la Fiscalía Anticorrupción aplicó una estrategia en relación al exministro consistente en acumular indicios de peso antes de decidir formalmente si Gallardón debía comparecer como investigado. Es decir, como imputado. El hecho de que ahora se le cite ya parece implicar por tanto que las pesquisas señalan de manera sólida al exministro como presunto responsable penal. Y no que, como suelen argüir muchas veces los imputados, se le hace comparecer en esa condición para que pueda acudir asistido de letrado.

En enero, un año después de que la Audiencia Nacional diese vía libre de forma implícita a la imputación de Alberto Ruiz-Gallardón en la Operación Lezo, la situación procesal del exministro de Justicia había pasado a ser un confuso enigma. Porque 2017 acabó con una decisión judicial que si bien le acorralaba le mantenía todavía oficialmente ajeno al círculo de investigados: la citación como imputados, anunciada el 27 de diciembre, de los que bajo su mandato como presidente de Madrid integraban la cúpula del Canal de Isabel II cuando la empresa de aguas adquirió Inassa mediante una operación bajo sospecha.

Confusión sobre la situación procesal

Pero la confusión que desde el inicio había planeado sobre la situación procesal del exministro se disparó, como adelantó infoLibre, se disparó al trascender que apenas dos meses antes, el 17 de octubre, un auto del juzgado central 6 ya asignaba a Gallardón de forma inequívoca la condición de "investigado" en Lezo.

Aquel auto reproducía de manera literal un escrito firmado por el entonces fiscal del caso, Carlos Yáñez, que renunció poco después. En aquel momento, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción subrayaron a este periódico que, aunque la resolución del juez Egea mencionaba de forma expresa a Gallardón su situación procesal no había variado: y que sobre el exministro no pesaba ninguna imputación formal aunque su actuación y su eventual responsabilidad penal en aquella compra siguen bajo investigación. 

En diciembre, Gallardón compareció ante la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid. Allí defendió la legalidad de la compra de Inassa, la calificó de ética pese a que se articuló a través de una empresa pantalla del paraíso fiscal de Panamá y negó que implicase el menor sobrecoste a las arcas públicas madrileñas. No obstante, el expresidente remarcó y remachó una afirmación: que jamás supo hasta ahora que el Canal adquirió una empresa panameña para de ese modo hacerse con las acciones de Inassa.

La presencia del paraíso fiscal de Panamá –adujo Gallardón ante la Cámara madrileña– ni siquiera llegó a la mesa del Gobierno por él presidido porque "eso era competencia estricta del Canal"; que la operación se hizo previa petición de dos informes de valoración; que había sido bendecida con antelación por "el mejor" despacho fiscalista del país, Garrigues; y que nadie en el consejo de administración del Canal, en el que participaban cuatro representantes del PSOE y dos sindicalistas, observó nada reprochable.

Fue el propio Ignacio González, antiguo delfín de Esperanza Aguirre, máximo jerarca del Canal de Isabel II casi durante una década, presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015 y hoy principal investigado en Lezo, quien de manera involuntaria puso el foco sobre la compra de Inassa. En una de las conversaciones interceptadas por al Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil antes del estallido de la Operación Lezo, González le contó al exministro Eduardo Zaplana que el equipo de Gallardón había adquirido esa compañía colombiana por 100 millones –de dólares– cuando en realidad no valía ni 30.

González reveló en esa charla que un informe encargado por él mismo –al bufete Cuatrecasas– había reflejado las irregularidades de esa compra. Y añadió que, a diferencia de su sucesora, Cristina Cifuentes, que denunció ante la Fiscalía la segunda gran compra sospechosa del Canal en Latinoamérica, la de la brasileña Emissao, él guardó en un cajón ese informe.

El informe de Cuatrecasas desvelaba que a finales de 2001 el Canal de Isabel II pagó 83 millones por el 75% de la firma colombiana Inassa, diez veces el valor fijado un año antes, pese a que la prórroga de su principal concesión pendía de un hilo y a que ni siquiera tenía derechos de exclusividad en el abastecimiento de agua. Asimismo, el documento señalaba que la supuesta valoración independiente previa a la compra fue realizada por la auditora que propuso Tecvasa, una empresa valenciana ligada a la extinta caja de ahorros CAM y a la que el Canal escogió como socia para su desembarco en Colombia. 

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Pero durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid y en una maniobra que podría definirse como de judo intelectual –aprovechar la fuerza del contrario en beneficio propio–, Gallardón invocó en su favor a Ignacio González como "fuente autorizada". "La única fuente autorizada que yo tengo sobre el informe de Cuatrecasas es lo que dice en sede judicial el señor González: que en absoluto concluye que hubiera comisión alguna penalmente relevante".

En sucesivos escritos, tanto la Fiscalía como los jueces que hasta ahora han investigado el caso cifran en 73 millones de dólares (83.655.000 euros al cambio de la época) el desembolso de dinero público efectuado por la compra de Inassa. El informe de Cuatrecasas mencionado por Gallardón destapaba múltiples fisuras en esa operación, en la que el Canal de Isabel II dio entrada a una empresa valenciana, Tecvasa, de capital netamente privado. Tecvasa estaba constituida por antiguos directivos de Aguas de Barcelona, es decir, de la compañía que inicialmente poseía la mayoría de las acciones de Inassa.