El 11 de octubre de 2006, víspera de la Fiesta Nacional, el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), un organismo de funcionamiento opaco y que recibía "importantes ayudas" europeas, adjudicó tres contratos de publicidad por 4,5 millones. Seis días más tarde, el 17 de octubre, adjudicó otro por 4,5 millones. En solo una semana, y ya en la primera fase de la carrera hacia las elecciones municipales y autonómicas de 2007, el Imade destinó así nueve millones a contratos cuyo objetivo aparente era publicitar "la importancia de los autónomos", "la importancia de la innovación tecnológica", "la importancia del desarrollo económico equilibrado" y, así en general, las "actividades del Imade". Lo tramitó todo por la vía de urgencia.
En el auto por el que imputa a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, así como a cuatro exconsejeros del Gobierno regional, todo lo investigado hasta la fecha lleva al juez de Púnica, Manuel García Castellón a sostener una grave conclusión: que esos contratos, como otros posteriores y cuyo número de expediente también cita, se inscriben dentro del "plan preconcebido" para financiar al partido con dinero público y que condujo al "saqueo" del Imade. El magistrado sostiene que ese plan de desvío masivo de fondos públicos fue "impulsado desde Presidencia y Vicepresidencia". Es decir, desde el puente de mando donde se situaban Esperanza Aguirre y su delfín, Ignacio González, imputado por partida doble: por el presunto enriquecimiento del PP en Púnica y por el suyo propio, en Lezo.
Párrafo del auto por el que el juez García Castellón imputa a Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y cuatro exconsejeros y donde explica el saqueo del Imade.
El desaforado gasto en publicidad comprometido hace 13 años en una sola semana por el ya extinto Imade –fue liquidado en 2011, en plena investigación sobre Gürtel– se aproxima a lo que el Ejecutivo madrileño acordó en diciembre de 2018 gastar este año en apoyo de los autónomos que inician su actividad. La cifra de políticos de primer nivel investigados por la financiación del PP asciende ya a tres expresidentes (Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes) y a seis exconsejeros.
Según los datos que ofrece el juez en su auto, al menos la mitad de esos nueve millones se corresponden con tres contratos "amañados" y que fueron directamente a parar a tres empresas investigadas en la causa: Over Marketing SL (2.000.000 euros), cuyo dueño ya admitió en sede judicial que participó en la financiación ilegal del PP; Marketing Quality Management SL (1.250.000 euros); y Ruiz Nicoli Líneas SA, que en la resolución aparece por error con la palabra Ideas y no Líneas y que recibió también 1.250.000 euros. La cuarta adjudicación, fechada el 17 de octubre de 2006 y por 4,5 millones, llegó a la empresa Media By Design SA. Fue a esta última a la que el Imade le encargó la "inserción de anuncios en medios de comunicación", cosa a la que no venían obligadas las otras tres empresas. ¿Gastó realmente Media By Design esos 4,5 millones solo en anuncios publicitarios de actividades del Imade? No es posible saberlo.
Vallas, manteles y la mano poderosa de la empresa Swat
Antes del verano, el juez le pidió a la empresa que "justificara la inserción de anuncios objeto del contrato" y que aportara igualmente todas las facturas emitidas. Lo segundo lo ha hecho la compañía. Lo primero, no. Su representante ofreció la siguiente explicación: que, dado el tiempo transcurrido, la mercantil "no está en disposición de proporcionar más información del contrato/proyecto". Y que, "a día de la fecha no trabaja ningún empleado en la compañía que participara en aquel contrato/proyecto que pudiera facilitar alguna información adicional, habiendo sido suprimidos todos sus datos personales según la normativa de protección de datos de carácter laboral". Aunque el pliego de condiciones de ese contrato habla en exclusiva de anuncios "en medios de comunicación", distintas facturas emitidas por Media by Design al Imade incluyen conceptos como "vallas metro" o "manteles". La mayor parte de las facturas se refieren a anuncios insertados en los meses de 2007 previos a los comicios de mayo de aquel año.
¿Estaba igualmente "amañado" como los anteriores el contrato de Media by Design, o incluso uno muy posterior, otorgado a la firma Mediacom en 2009 y que también aparece citado en el auto? De la lectura de la resolución no queda claro ese punto -no hay nadie de ninguna de esas dos empresas imputado a día de hoy- pero tras enumerar los expedientes en liza, el juez García Castellón agrega un párrafo que alienta las sospechas. Dice así: "Todos estos contratos tuvieron como nota común, que, en los concursos, las ofertas de los licitadores fueron valoradas por el investigado Juan Miguel Madoz Echevarría, administrador de la sociedad Swat, quien (...) también venía cooperando en el desvío de fondos públicos desde otros organismos, a favor del PPCM [PP de Madrid], que costearían, además de enriquecer a los intervinientes en los hechos, gastos electorales omitidos en la contabilidad electoral de cada campaña". La Fiscalía Anticorrupción califica a Madoz de "hombre clave en el PPCM [PP madrileño]"
Párrafos del auto del juez García Castellón sobre los contratos amañados y el papel de la empresa Swat.
En 2010, en plena investigación del caso Gürtel, el diario Público ya destapó que Swat, Over Marketing y Marketing Quality Management se habían coordinado con empresas de la trama de Correa. Aquella vez ni siquiera se llamó a declarar en Madrid a sus responsables. Luego, el dueño de Over, Daniel Mercado, terminó narrando ante el juez de Palma José Castro que Correa le había amenazado por hacerle la competencia con el PP.
El contrato que convirtió a Swat en empresa consultora del Imade para decidir quiénes se llevarían los contratos de publicidad aparece fechado el 1 de septiembre de 2006. A cambio de 1.372.668 euros, la empresa de Madoz comenzó así a efectuar una tarea crucial habitualmente atribuida a funcionarios y con la que benefició a Over Marketing, Marketing Quality Management y Ruiz Nicoli.
El PP arranca la precampaña desplegando una lona en Génova con el lema '¿Ellos o nosotros?'
En nombre del Imade firmaron el contrato su gerente, Aurelio García de Sola, y su adjunto, Álvaro de Arenzana. A finales de 2010, cuando Esperanza Aguirre ordenó liquidar el Imade y otras 101 entidades públicas, García de Sola fue aupado a la cúpula de Madrid Network, una organización creada por impulso de la Comunidad de Madrid, presidida por la Consejería de Economía y que adoptó la peculiar forma jurídica de asociación privada sin ánimo de lucro.
Al no haber sido jamás declarada ni siquiera asociación de utilidad pública, Madrid Network ni siquiera está obligada a hacer públicas sus cuentas anuales. Pero tras la desaparición del Imade pasó en 2011 a gestionar el reparto de 80 millones públicos para créditos blandos. El dinero procedía del Gobierno central. De esos créditos se beneficiaron ex altos cargos del Gobierno madrileño, entre ellos el exconsejero Manuel Lamela, ahora imputado en Púnica y que, según los últimos datos publicados por Madrid Network nunca devolvió el dinero; e Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II, imputado en Lezo y que tampoco reintegró el préstamo. Como desveló infoLibre, la actual presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, trabajó entre 2009 y 2011 para Madrid Network.
El 11 de octubre de 2006, víspera de la Fiesta Nacional, el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), un organismo de funcionamiento opaco y que recibía "importantes ayudas" europeas, adjudicó tres contratos de publicidad por 4,5 millones. Seis días más tarde, el 17 de octubre, adjudicó otro por 4,5 millones. En solo una semana, y ya en la primera fase de la carrera hacia las elecciones municipales y autonómicas de 2007, el Imade destinó así nueve millones a contratos cuyo objetivo aparente era publicitar "la importancia de los autónomos", "la importancia de la innovación tecnológica", "la importancia del desarrollo económico equilibrado" y, así en general, las "actividades del Imade". Lo tramitó todo por la vía de urgencia.