Si existe un color más negro que el negro es con el que se pinta la pasada semana del Partido Popular valenciano. El martes una macro redada anticorrupción dejó 33 registros simultáneos, 24 detenidos y fianzas por responsabilidad civil entre 15.000 euros y dos millones. Un ciclón de 9 juzgados de instrucción al unísono que llevó al calabozo durante 60 horas a la cúpula de la Diputación de Valencia, con su expresidente Alfonso Rus a la cabeza, y destacados miembros del PP local de Rita Barberá y el Consell que dirigió Francisco Camps. Un lienzo de financiación irregular del partido y blanqueo de capitales como lúgubre paisaje de fondo. Un circuito de tuberías a modo de vasos comunicantes en un PP que gobernó sin fisuras ni finuras los años fértiles del asfalto y hormigón.
Las evidencias más sólidas llegaban el jueves con el desfile por los cuarteles de la Guardia Civil de 50 cargos del PP en el Ayuntamiento entre concejales, exconcejales y asesores. Todos imputados (ahora investigados), sospechosos de haber ingresado 1.000 euros cada uno como donación a las cuentas del partido durante la última campaña de las locales. Un dinero que, al poco, habrían recuperado con dos billetes de 500 euros en mano. “Una organización criminal”, según las primeros escritos judiciales, que se volatilizó la tarde del jueves cuando desde Génova disolvieron la agrupación local y anunciaron una Gestora que se creará a lo largo de esta semana.
Son los primeros y contundentes pasos judiciales de una causa bautizada como Taula (mesa en valenciano) y bajo secreto de sumario. El grueso de las instituciones valencianas en la época del PP estarían implicadas en el objetivo común de adjudicar contratos de obra a cambio de comisiones entre el 3 y el 10%. Una parte habría ido a las cuentas del partido y otra a los intermediarios. Los siguientes perfiles recogen, por ahora, los principales protagonistas.
Rosa Pérez Garijo. La diputada d'Esquerra Unida que destapó la trama
Cuando Rosa Pérez Garijo llegó a la diputación en 2011 comenzó a revisar expedientes. Todos ellos, según reconoció a InfoLibre, tenían un denominador común: “No había uno solo que no contara con alguna irregularidad”. Eso se traducía en sobrecostes, modificaciones fuera de la ley, falta de cobro de sanciones (“32 millones en siete años”) e incluso adjudicaciones sin contrato. Un reguero de opacidades que se remonta a 2003 y que la oposición no quiso fiscalizar. “Había técnicos que me decían que acudieron con pruebas y documentos a la oposición y estos no movieron un dedo”, denuncia Pérez Garijo sin dar nombres de personas ni siglas. “A la Diputación, me decían, se viene a sacar dinero para tus ayuntamientos y no a meterse en líos”, denuncia la diputada.
Pero ella se dedicó a atizar la madeja, que resultó ser un avispero. Y se quedó sola en mitad de los plenos broncos en los que Rus llegó a amenazar con echarla “de una patada”. También recibió insultos y gritos en los pasillos y hasta un intento de registro a su despacho. Paralelamente iba recabando información de llamadas, algunas anónimas, y filtraciones. Hasta que en mayo recibió 10 horas de grabaciones: “La pieza que daba coherencia al puzle”. Aunque las conversaciones eran de 2005 y 2006, un año antes de la llegada de Alfonso Rus a la Diputación, se constataba la preparación del salto a la corporación provincial “porque estaba fuera del foco, lejos de las cámaras, un terreno donde era fácil hacer sin ser visto”. Y en aquellas grabaciones también quedaban patentes las mordidas de partidas del Ayuntamiento gobernado por Rita Barberá.
Pérez Garijo denunció los hechos el 31 de julio de 2014 a la Fiscalía Anticorrupción. Y la investigación siguió su curso hasta que el caso estalló en marzo de 2015 y se llevó por delante a Alfonso Rus, suspendido de militancia. Diez meses después, las diligencias, tras el palazo de la semana pasada, siguen excavando un pozo turbio hacia las entrañas del PP que parece no tener fin.
Marcos Benavent. El “yonqui del dinero” que superó el síndrome de abstinencia
Vive retirado en el secano cerca de Xàtiva y se dedica a la agricultura ecológica y la meditación. No quiere saber nada de un caso en el que ha sido mecha, cerilla y elevada porción de dinamita. En 1995 fue concejal de Juventud en la Xàtiva de Alfonso Rus, quien lo ascendió a Fiestas. De allí saltó a la consejería de Cultura y a la Fundación Jaume II el Just, dirigida por Vicente Burgos, uno de los detenidos, entonces marido de María José Alcón, la también arrestada exconcejal del Ayuntamiento de Valencia. Pero Benavent regresó en 2007 al círculo cercano de Rus, quien le nombró gerente de Imelsa (la empresa pública mejor dotada de la Diputación) y recadero de confianza, según la investigación, para el pago y cobro de comisiones. Todo a través de dos empresas pantallas sin plantilla: Berceo Mantenimientos y Spartaki Sinergies, que facturaban a terceros por trabajos no realizados.
Benavent, “un verso suelto dentro del PP”, según Pérez Garijo, vivía como un “yonqui del dinero”, tal y como el mismo reconoció, y con el susto en los huesos. Por eso grababa todos sus encuentros con un dispositivo incrustado en su reloj e instaló inhibidores de frecuencia en su despacho. Medidas insuficientes para evitar que su exsuegro, Mariano López (detenido y con una fianza de 500.000 euros), histórico jefe de la patronal de Xàtiva, le robara parte de ese material y, supuestamente, lo hiciera llegar a Pérez Garijo. Una forma de extorsión después que Benavent se divorciara de su hija y, sobre todo, bloqueara desde Imelsa los 35.000 euros mensuales que López percibía como gestor del jugosísimo call center tributario de la Diputación.
En diciembre de 2014, Benavent desapareció con al menos dos discos duros de Imelsa. Se sabe que estuvo en Ecuador, Japón y Holanda y que regresó tras el estallido del caso para colaborar con la justicia. “Va a salir mierda a punta pala”, anunció a las puertas de los juzgados el pasado 26 de mayo, convertido en una especie de yogui hipster de barbas blancas, ropas anchas y aparatosa gestualidad budista.
Alfonso Rus. El contador de billetes de 1.000 euros
Aquella grabación contando dinero, hasta “dos millones de pelas”, fue su epitafio. Salió a la luz pública en vísperas de las elecciones autonómicas y dejó al PP amputado en su credibilidad. Hasta entonces Rus jugaba a disputarle el control del Partido a Alberto Fabra. La lucha por el carisma la tenía ganada. Y contaba con el apoyo de Rita Barberá y con la simpatía de Mariano Rajoy. Para Rus, la Diputación, única institución solvente en tiempos de crisis, era su mejor cartel. Tras ella había dinero contante y sonante para adjudicar a afines y inyectar vida al partido. De ahí su buena consideración interna.
Rus fue el último en abandonar los calabozos la semana pasada. El fiscal solicitó su ingreso en prisión, pero el juez no percibió ni riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas. Finalmente se le impuso una fianza de dos millones por responsabilidad civil. Un millón más que a Emili Llopis, su jefe de gabinete, y Juan José Medina, exvicepresidente encargado de Cooperación, que en lenguaje del PP valenciano se refería a la transfusión de dinero a los ayuntamientos. Y es ahí donde está el alma del supuesto desfalco. Desde la diputación se presupuestaban partidas multimillonarias para implantar césped artificial o bombillas leds (bajo consumo). Unas operaciones que no se licitaban (por lo que no existía publicidad ni libre concurrencia), sino que se imponían a los consistorios a través de una central de compras donde operaban empresarios concretos. En 2008 se adjudicaron 32 millones para el césped a Hermanos Doménech y Benigrass, sin recorrido en el sector y en manos de Vicente Cuquerella, dueño del 37,2% del edificio donde está la sede del PP valenciano. Y en 2012, por el asunto de las leds, fueron 38 millones a Inelcom, de Vicente Quilis, íntimo de Rus.
La investigación judicial llevada a cabo por la Fiscalía y agentes de la UCO de la Guardia Civil creen que buen parte de las mordidas salía de contrataciones de este tipo.
David Serra. La conexión con el Consell de Camps
Fue uno de los secundarios con más poder en la época del PP de Francisco Camps. Diputado autonómico desde 1999, Serra dimitió en septiembre de 2014 tras ser procesado en la ramas de la Gürtel que investigan la presunta financiación ilegal del PP valenciano también asociada a un supuesto caso de delito electoral. Se le le investiga fundamentalmente por su etapa como secretario autonómico de Deportes cuando, en el marco del Open de Tenis de 2007, y según el juez, troceó contratos para evitar el concurso público y asignarlos a dedo a Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta. Durante la operación Taula, Serra fue arrestado y salió en libertad con cargos y con una fianza de 15.000 euros.
En el ámbito del Consell también destaca otro arrestado con pedigrí, Máximo Caturla, uno de los vicepresidente de Rus en la Diputación y gerente de Ciegsa, la empresa dependiente de la consejería de Cultura y dedicada a la construcción de escuelas. Caturla fue su gerente entre 2004 y 2006 y dejó una huella de 91 millones en sobrecostes, a los que habría que sumar 909 hasta llegar a la profundidad completa del agujero que midió hace unos días la última auditoría de la Intervención General. El magistrado de Instrucción 18, al frente de la diligencias por la Operación Taula, dejó a Caturla en libertad con cargos y con una fianza de 2 millones.
Archivada la causa contra un exconcejal del PP de Valencia por el 'pitufeo' en el 'caso Imelsa'
María José Alcón y Mari Carmen García Fuster. El camino recto hacia Rita Barberá
María José Alcón, exconcejal de Cutlura en el Ayuntamiento de Valencia aparece en las grabaciones de la trama, fue una de las arrestadas la semana pasada y quedó en libertad con cargos tras 150.000 euros de fianza. En las conversaciones se le escucha negociar con Benavent presuntas comisiones de hasta 9.000 euros en adjudicaciones a obras por valor de 1,5 millones. Según la investigación, las mordidas más voraces se efectuaron en obras de referencia para la ciudad como la rehabilitación de las Torres de Quart, la peatonalización del puente de los Serranos o la edificación del centro cultural La Rambleta. Y también se habría aplicado la mandíbula en eventos como la Mostra de Valencia de 2005 y 2006, en la que uno de los contratistas fue Enrique Sospedra Barberá, sobrino de la exalcadesa.
De hecho, Barberá, no tuvo más remedio que prescindir de Alcón como asesora en abril de 2015, tras la publicación de estas conversaciones comprometedoras en las que, además, se hablaba de “La Jefa”, apelativo con el que, teóricamente, se referían a la propia Barberá. De hecho, el grupo municipal era territorio abonado para los motes. “La Lavadora” es como se conoce a Mari Carmen García Fuster, secretaria de Barberá desde 1991 y dueña de las cuentas del partido hasta su detención el pasado martes. Un hilo contable que acabó por dejar al desnudo la totalidad del grupo y con 50 imputados señalando a una posible 51: Rita Barberá, aforada como senadora territorial hasta el momento.
Si existe un color más negro que el negro es con el que se pinta la pasada semana del Partido Popular valenciano. El martes una macro redada anticorrupción dejó 33 registros simultáneos, 24 detenidos y fianzas por responsabilidad civil entre 15.000 euros y dos millones. Un ciclón de 9 juzgados de instrucción al unísono que llevó al calabozo durante 60 horas a la cúpula de la Diputación de Valencia, con su expresidente Alfonso Rus a la cabeza, y destacados miembros del PP local de Rita Barberá y el Consell que dirigió Francisco Camps. Un lienzo de financiación irregular del partido y blanqueo de capitales como lúgubre paisaje de fondo. Un circuito de tuberías a modo de vasos comunicantes en un PP que gobernó sin fisuras ni finuras los años fértiles del asfalto y hormigón.