Las operaciones con paraísos fiscales efectuadas por empresas vinculadas a Oleguer Pujol y articuladas en torno a la matriz Drago Real Estate centran la batería de registros lanzada esta mañana por el juez Santiago Pedraz y en el transcurso de lo cuales el propio Oleguer Pujol ha permanecido retenido por la Policía en su casa de Barcelona y luego puesto en libertad en calidad de imputado. El juez, que indaga la posible existencia de delitos de blanqueo de capital y contra la Hacienda Pública, ha ordenado el bloqueo de todas las cajas de seguridad de las sociedades investigadas. A través de un comunicado la Fiscalía ha informado de que además de Oleguer Pujol fue detenida una segunda persona –presumiblemente su socio, Luis Iglesias– aunque este hecho no está confirmado.
Pedraz, que asumió el caso tras la querella de Podemos y Guanyem, centra sus averiguaciones en siete operaciones inmobiliarias. Entre ellas, la adquisición de 1.152 oficinas del Banco Santander por parte de la sociedad Samos Servicios y Gestiones SL, que fue financiada con un crédito sindicado en el que participó el propio Banco Santander. Las garantías ofrecidas para el préstamo, que como recuerdan fuentes conocedoras de la investigación, debían ser distintas a las que en sí misma representan las oficinas compradas, constituyen una de las incógnitas de esa operación.
La compra de sucursales de Bankia a través de las compañías Step Negocios SL y Ursus Alfa SL, la de un hotel de Canarias y las operaciones de compra de edificios del Grupo Prisa por parte de la mercantil Longshore también figuran en el marco de las investigaciones. Igualmente, el juez busca aclarar la compra de inmuebles en Palma de Mallorca, la del edificio del Consejo General de la Abogacía y otras operaciones inmobiliarias realizadas en Melilla a través de Tres Forcas Capital.
Fuentes de la Audiencia Nacional han remarcado cómo las sociedades inversoras que efectuaron las operaciones mencionadas son propiedad de compañías extranjeras, parte de ellas localizadas en el paraíso fiscal de Guernsey, en el Canal de la Mancha, pero también en las Islas Vírgenes.
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El archipiélago caribeño ocupa un lugar esencial en una de las operaciones investigadas, la compra de un hotel en Canarias. Como publicó infoLibre en julio, la empresa Eldersfield Investments Limited, domiciliada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas y cuyo accionariado no se conoce hasta la fecha, aportó 8,26 millones de euros en mayo de 2006 para la compra de un hotel en Canarias por parte de Servifonía Plus SL, una de las compañías españolas de la órbita de Oleguer Pujol.
El nombre y la firma de Oleguer Pujol quedaron estampados en los documentos que permiten seguir el rastro de la operación en otro territorio offshore más cercano: el de la isla de Guernsey, situada en el Canal de la Mancha y que mantiene intacto su estatus de paraíso fiscal bajo el paraguas político del Reino Unido.
Desde que hace un año aparecieron las primera informaciones que cuestionaban su quehacer empresarial, Oleguer Pujol ha intentado minimizar su importancia en el holding dependiente de Drago. La matriz de esa sociedad, Drago Real Estate Partners, se localiza en Guernsey.
Las operaciones con paraísos fiscales efectuadas por empresas vinculadas a Oleguer Pujol y articuladas en torno a la matriz Drago Real Estate centran la batería de registros lanzada esta mañana por el juez Santiago Pedraz y en el transcurso de lo cuales el propio Oleguer Pujol ha permanecido retenido por la Policía en su casa de Barcelona y luego puesto en libertad en calidad de imputado. El juez, que indaga la posible existencia de delitos de blanqueo de capital y contra la Hacienda Pública, ha ordenado el bloqueo de todas las cajas de seguridad de las sociedades investigadas. A través de un comunicado la Fiscalía ha informado de que además de Oleguer Pujol fue detenida una segunda persona –presumiblemente su socio, Luis Iglesias– aunque este hecho no está confirmado.