La Ley de Transparencia comienza oficialmente su andadura parlamentaria. Y lo hace de la peor forma posible. Con el rechazo y la desconfianza de la oposición, que la cree insuficiente, pide más detalles sobre cómo afectará el proyecto a la Corona, los partidos, los sindicatos, la patronal o la Iglesia y reclama que no haya tantos límites para el acceso a la información pública. El malestar se ha traducido de forma tangible: todos los grupos del Congreso, menos PSOE y PP, han presentado enmienda de totalidad (Izquierda Plural, CiU, PNV, UPyD, y cuatro fuerzas del Mixto: Amaiur, ERC, BNG y Compromís-Equo). Los socialistas no comparten el texto del Ejecutivo, y tienen unas reservas similares a las del resto de partidos, pero apreciaron la semana pasada las "ganas de pactar" de la Moncloa y, en aras del consenso, rehusaron registrar la enmienda de devolución. Lo mismo que el PSOE piensa Coalición Canaria, que vio al Gabinete del PP "desesperado" por llegar a acuerdos.
Tras la convocatoria que hizo el jueves pasado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, la duda pesaba sobre qué harían finalmente CiU y PNV. Los dos mantuvieron "conversaciones informales" con la Moncloa en los últimos días, pero no le arrancaron el "compromiso" de que iba a subsanar un aspecto también fundamental para los nacionalistas: la "invasión competencial" que recoge el Título II de la ley, el del llamado "buen gobierno", que otorga al Ministerio de Hacienda la facultad de sancionar e incluso cesar a alcaldes y presidentes autonómicos por malas prácticas en el uso de fondos públicos, hecho que juzgan como una "clara extralimitación" de las funciones del Ejecutivo central. Como "medida preventiva", para "curarse en salud", CiU y PNV registraron ayer martes a las 20 horas –cuando vencía el plazo– sendas enmiendas de totalidad. Con idéntica redacción. No son sólo CiU y PNV quienes ven con malos ojos que Hacienda pueda inhabilitar cargos públicos: lo censuran igualmente PSOE, BNG, ERC o Coalición Canaria.
Los grupos, en líneas generales, denuncian "carencias" e "insuficiencias" de la ley, como el hecho de que se consagre el silencio negativo de las administraciones. Esto es, que un ciudadano pueda reclamar información y que la Administración competente tenga la potestad de no contestar. Buena parte de la oposición entiende que la transparencia es un derecho fundamental de los ciudadanos, no una concesión graciosa de los poderes públicos, y en ese sentido coincide en demandar que se tramite con carácter orgánico.
Además, aprueban que la norma se extienda a la Casa del Rey, a la Iglesia, los sindicatos o los partidos. Pero el Gobierno, denuncian, no ha dado más detalles, ni siquiera ha ofrecido un listado completo de qué entidades que reciben fondos públicos quedarán bajo el imperio de la ley, ni ha querido concretar cómo afectará exactamente la obligación de transparencia a estos organismos. La mayoría de estos partidos también censuran la configuración prevista de la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. Este organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia es dependiente del Gobierno, según el texto enviado a la Cámara, y los grupos entienden que debe ser independiente y sometido a la vigilancia del Parlamento. El PSOE y Coalición Canaria comparten estas "reservas", pero confían en que las negociaciones prosperen y el Ejecutivo ceda. "Hemos visto que el PP quiere llegar a acuerdos, que está abierto a prácticamente todo", señalaba a este diario la portavoz de CC, Ana Oramas.
ERC: límites a los salarios públicos
Este miércoles, quienes presentaron su enmienda de devolución a los medios fueron, de un lado, Izquierda Plural, y de otro, ERC, el único partido que ha registrado un texto alternativo al del Gobierno. Joan Josep Nuet, portavoz de la Comisión Constitucional por IU-ICV-CHA, subrayó que la ley nace "atrasada" –es un texto "del siglo XX, no del XXI"–, que va a "defraudar" al conjunto de la sociedad española, que hoy demanda más "transparencia y publicidad", y encima preservará el manto de "opacidad y oscuridad" sobre la Casa del Rey, ya que esta tendrá un rango de "segunda división", sin someterse a los estándares de transparencia del resto de instituciones. El diputado de IU hizo hincapié en que quizá sirva para dar algún paso más, pero se seguirá sin conocer la agenda del monarca o el patrimonio de los miembros de la familia real, algo "inadmisible" a estas alturas. "Una ley defectuosa provoca una democracia débil", redondeó su compañero Joan Coscubiela, de ICV. Y Chesús Yuste, representante de CHA, se fijó en el "acuerdo bipartito" de PSOE y PP para sacar adelante un texto "alicorto", una "miniley de transparencia".
Enmiendas de totalidad de los grupos del Congreso al proyecto de Ley de Transparencia (21/05/2013)
ERC incide en aspectos ya enunciados por los demás grupos, y añade otros, como explicó su portavoz, Alfred Bosch. Entre ellos, la publicación de las balanzas fiscales –lo que aportan y lo que reciben las comunidades autónomas– o que se territorialicen ciertas informaciones. El texto alternativo también impone un límite a los salarios públicos: ningún cargo de representación política, dicen los republicanos, puede cobrar anualmente más que el presidente del Gobierno, cuyo sueldo ronda los 80.000 euros. Además, "ningún cargo público puede cobrar más de un 25% anual" que el jefe del Ejecutivo, artículo dirigido sobre todo al rey –que percibirá en 2013 292.752 euros– o al presidente del Tribunal Constitucional. Estas dos disposiciones quiere ERC que se extiendan a todos los cargos de todo el Estado. Y ahora, en pleno debate de los sobresueldos en el PP, los republicanos ponen por escrito que nadie pueda cobrar "dos o más sueldos públicos" y que los cargos públicos vean cubiertos sus gastos de manutención y alojamiento en los viajes, pero no puedan recibir dietas.
El siguiente trámite es el debate de las enmiendas de totalidad. Será la semana próxima, el jueves 30 de mayo. Una vez supere el proyecto de ley esa prueba, se abrirá el plazo de presentación de enmiendas parciales que, según pactó el Gobierno con los grupos la pasada semana, finalizará el 11 de junio. Antes de las vacaciones de agosto, el pleno de la Cámara baja debería visar el texto para enviarlo después al Senado.
La Ley de Transparencia comienza oficialmente su andadura parlamentaria. Y lo hace de la peor forma posible. Con el rechazo y la desconfianza de la oposición, que la cree insuficiente, pide más detalles sobre cómo afectará el proyecto a la Corona, los partidos, los sindicatos, la patronal o la Iglesia y reclama que no haya tantos límites para el acceso a la información pública. El malestar se ha traducido de forma tangible: todos los grupos del Congreso, menos PSOE y PP, han presentado enmienda de totalidad (Izquierda Plural, CiU, PNV, UPyD, y cuatro fuerzas del Mixto: Amaiur, ERC, BNG y Compromís-Equo). Los socialistas no comparten el texto del Ejecutivo, y tienen unas reservas similares a las del resto de partidos, pero apreciaron la semana pasada las "ganas de pactar" de la Moncloa y, en aras del consenso, rehusaron registrar la enmienda de devolución. Lo mismo que el PSOE piensa Coalición Canaria, que vio al Gabinete del PP "desesperado" por llegar a acuerdos.