Si el Partido Popular no tenía claro que en eso de su pretendida reforma electoral para que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos está solo, este miércoles recibieron una pista más en el pleno de control al Gobierno celebrado en el Congreso de los Diputados. Pasadas las preguntas a los miembros del Ejecutivo, llegó el turno de las mociones. Una de ellas, consecuencia de interpelación urgente, presentada por UPyD con el apoyo de PSOE y CiU, reclamaba al Gobierno que "renuncie" a esta iniciativa a "siete meses" de las elecciones municipales.
La votación tendrá lugar el jueves. Pero, salvo el partido de Gobierno, todos los grupos que subieron a la tribuna del hemiciclo para fijar su posición, reclamaron que la iniciativa se frene para evitar su tinte electoralista. Todos. El PP no buscaba, evidentemente, un guiño de la Izquierda Plural. Ni del PSOE, que está haciendo bandera de su rechazo a esta iniciativa. Menos se esperaba la postura de los nacionalistas de CiU y PNV, a los que fiaba sus apoyos parlamentarios a esta reforma que, como base, propone que los consistorios sean gobernados por el cabeza de la lista que logre el apoyo del 40% de los ciudadanos. Es decir, que el partido que obtuviese este porcentaje de voto, se llevaría una prima o bonus que le otorgaría automáticamente la mayoría absoluta.
En el caso de CiU, que se sumó a la iniciativa de UPyD vía una enmienda transaccional, el diputado Carles Páramo, reclamó al Gobierno que paralice esta iniciativa hasta, al menos, los comicios de mayo de 2015. En el caso de los nacionalistas vascos, el parlamentario Aitor Esteban, mantuvo que, a juicio de su grupo, no estamos "en el momento adecuado" para ello. No obstante, censuró que UPyD, con su iniciativa, reclame al Gobierno que se frene esta cuestión mientras, al mismo tiempo, demanda que se abra un proceso de negociación para la reforma de la ley electoral.
El de este miércoles fue el segundo mazazo que reciben los conservadores en este asunto. El pasado jueves, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, mantuvieron un encuentro con la dirección del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. La reunión comenzó con la reforma de la ley electoral local dentro del paquete de medidas de regeneración democrática. Y terminó con esta iniciativa fuera de la mesa de negociación abierta en la cámara baja. Serán ahora, ahora la dirección del Partido Popular la que mantengan reuniones con el resto de formaciones sobre este asunto. Reuniones partido a partido. Esta cuestión hizo que más de uno, incluso dentro del partido de Gobierno, se plantease que la iniciativa no verá la luz en los próximos meses, como se había asegurado desde algunos sectores de las filas conservadoras.
El encargado de la defensa de la postura del PP, que, salvo cambios de última hora, será la única formación que vote en contra, fue el diputado Juan Carlos Vera. “Los ciudadanos no votamos para que nos gobierne una coalición de perdedores”, señaló después de afear a UPyD esta iniciativa contra la reforma electoral al tiempo que pide que se abra un debate sobre la misma.
Vera recurrió al argumentario del que vienen tirando sus compañeros de partido desde que Mariano Rajoy anunció en un Comité Ejecutivo Nacional su intención de abordar este tema. A saber: que el Gobierno aboga por el “diálogo”. Que nadie está intentando imponer “nada” y que la oposición, y especialmente el PSOE, no pueden sentirse sorprendidos porque no sería la primera vez que se reforma esta ley. “Lleva en el programa electoral del PP desde 2003. Nos sorprende que se nos impida hablar de ello”, dijo.
Además, Vera insistió, como ya había hecho la vicepresidenta del Gobierno la semana pasada en la sesión de control, en que los socialistas ya reformaron la ley electoral en 1983 y en 2006 sin consenso. ¿Se trata de un aviso a navegantes? Más bien de un órdago porque cada día que pasa en el PP cunde la idea de que este tema no saldrá adelante.
El diputado del PP cerró su intervención invitando al resto de grupos a que le trasladen sus propuestas de reforma. Antes había escuchado la petición unánime de todos los portavoces de que esto no se haga sin consenso.
Para Susana Sumelzo (PSOE), la iniciativa del PP responde a las prisas por la cercanía de las elecciones. "Para el Grupo Socialista esta reforma es inaceptable", dijo. Desde la Izquierda Plural, Joan Josep Nuet, advirtió al PP de que "si la gente no les quiere, la gente los van a echar". Y, desde el Grupo Mixto, Alfred Bosch, consideró que "sus intenciones no son ni las más buenas, ni las más bonitas".
La importancia de "las formas" en democracia
El 94% de los más de 8.000 alcaldes españoles procede de la lista más votada
Por su parte, Unión Progreso y Democracia (UPyD), el autor original de esta moción exigió al Gobierno que “renuncie” a cambiar el sistema de elección de alcaldes “a solo siete meses” de las elecciones municipales y autonómicas. “No se puede tratar de modificar las reglas de un partido mientras se está celebrando ese partido. Ningún ciudadano lo entendería”, sostuvo el portavoz adjunto de la formación, Carlos Martínez Gorriarán.
Martínez Gorriarán, que pactó una transaccional a la moción con PSOE y CiU, recordó que el Consejo de Europa el que recomienda “separar al máximo” las reformas de leyes electorales de los propios comicios. “Es algo muy delicado”, dijo al tiempo que sostenía que "las formas", en democracia, son muy importantes.
No es la única petición que el número dos de UPyD trasladó Gobierno. Al margen de respetar las recomendaciones europeas, Martínez Gorriarán demandó que, ante cualquier reforma, el Ejecutivo debería contar, “como mínimo”, con el mismo consenso que obtuvo en su día la fijación del sistema de elección de alcaldes que hoy está vigente.
Si el Partido Popular no tenía claro que en eso de su pretendida reforma electoral para que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos está solo, este miércoles recibieron una pista más en el pleno de control al Gobierno celebrado en el Congreso de los Diputados. Pasadas las preguntas a los miembros del Ejecutivo, llegó el turno de las mociones. Una de ellas, consecuencia de interpelación urgente, presentada por UPyD con el apoyo de PSOE y CiU, reclamaba al Gobierno que "renuncie" a esta iniciativa a "siete meses" de las elecciones municipales.