El máximo órgano fiscalizador del Estado seguirá sin controlar el dinero público que recibe la Iglesia católica. Los votos en contra de PP y UPN y la ausencia de los representantes del PDCat (antigua Covergència) han propiciado que no salieran adelante las dos iniciativas presentadas por el PSOE y Unidos Podemos. Ambas formaciones instaban al Tribunal de Cuentas a encargar una fiscalización específica de los recursos públicos que la institución recibe del Estado a través del 0,7% del IRPF.
Un portavoz del PDCat confirma a infoLibre que ninguno de los dos representantes que la formación tiene en dicha comisión participaron en la votación. El diputado Ferran Bel no acudió porque se encontraba este jueves en Cataluña, mientras que el senador Joan Bagué sí estuvo en la sesión pero se marchó antes de que se iniciaran las votaciones, que se realizan al final. "No hay ningún motivo político", asegura este portavoz.
Las iniciativas contaron con el apoyo de Ciudadanos y el PNV en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, en la votación hubo un empate a 18 votos. El reglamento determina que, en ese caso, se aplica el voto ponderado, que establece los apoyos en función del número de representantes con que cada grupo cuenta en el Pleno de cada cámara. La mayoría absoluta con la que el PP cuenta en el Senado provocó finalmente la derrota de las propuestas, que contaron con 318 votos en contra y 298 a favor.
La asignación tributaria con cargo al impuesto sobre la renta de las personas físicas supuso casi 250 millones de euros según la liquidación de 2012. Este montante sale del bolsillo de todos los contribuyentes, pues se detrae del total de la masa fiscal. Los católicos que marcan la X en la casilla correspondiente de la declaración de la renta aportan a Hacienda el 99,3% de su cuota fiscal, mientras que el resto aporta el 100%.
El PSOE y Unidos Podemos presentaron ambas iniciativas después de que el Tribunal de Cuentas dejara fuera de su programa de fiscalizaciones de 2017 a la institución católica. La decisión provocó la oposición de cinco de los trece miembros con derecho a voto del pleno de ese órgano, que consideraron urgente poner la lupa a la financiación pública de la Iglesia y denunciaron que el órgano fiscalizador da largas injustificadamente al asunto.
La minoría discrepante expresó entonces una posición tajante. Según el voto particular de tres de ellos, al que se adhirió una cuarta consejera, la Iglesia es una institución con cuentas poco claras que se beneficia de una cantidad ingente –pero hasta ahora no cuantificada– de recursos públicos "sin rendir cuentas de su destino". Por ello, reclamaron una "primera aproximación" a los fondos públicos que recibe para evaluar si el sistema de "asignación tributaria" se ajusta a la norma.
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Este jueves, en la comisión parlamentaria, el diputado socialista Antonio Hurtado defendió la necesidad de realizar el "control y la fiscalización del uso de los fondos públicos" para que todo esté perfectamente auditado. Los socialistas indican en su propuesta que los ingresos de la Iglesia por ese motivo suman más de 1.240 millones entre 2010 y 2015.
Por su parte, el portavoz del grupo Unidos Podemos en esta comisión, Segundo González, insistió en que "la Iglesia católica como perceptora de fondos públicos" debe ser transparente. "Los ciudadanos tienen derecho a saber lo que hace con los fondos que salen de su bolsillo a través de la casilla de IRPF", señaló.
Francisco Javier Hernández, portavoz del PP, justificó el no de su grupo en que los acuerdos con la Santa Sede establecen que la Iglesia debe presentar una memoria de la cantidades recibidas de IRPF, pero que en ningún caso se habla de fiscalización. "Somos partidarios de la máxima transparencia en todos los temas, incluso de los fondos que recibe la Iglesia a través del IRPF, pero la transparencia debe materializarse por los cauces de la ley", indicó.
El máximo órgano fiscalizador del Estado seguirá sin controlar el dinero público que recibe la Iglesia católica. Los votos en contra de PP y UPN y la ausencia de los representantes del PDCat (antigua Covergència) han propiciado que no salieran adelante las dos iniciativas presentadas por el PSOE y Unidos Podemos. Ambas formaciones instaban al Tribunal de Cuentas a encargar una fiscalización específica de los recursos públicos que la institución recibe del Estado a través del 0,7% del IRPF.