El día en que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atravesó las puertas de la Asamblea para iniciar su mandato al frente de la región, la líder madrileña de la ultraderecha, Rocío Monasterio, ultimaba su arsenal de exigencias. Los dardos iban dirigidos a objetivos muy concretos, lo que la portavoz parlamentaria calificó como leyes de género. Monasterio recuperaba así los ecos de un viejo fantasma, el de la amenaza a los derechos consolidados del colectivo LGTBI.
La aprobación de la Ley LGTBI este martes en el Consejo de Ministros ha afianzado esta oposición. El Partido Popular no ha descartado un recurso ante el Tribunal Constitucional y Vox ha tildado la norma de "aberración". No es la primera vez que el partido de Santiago Abascal pone en jaque al colectivo, en ocasiones con la connivencia de sus socios conservadores. El ejemplo más paradigmático está en el veto parental en las escuelas, una herramienta que la formación se esfuerza en imponer de manera recurrente en comunidades como Andalucía, Madrid y Murcia, por el momento con éxito sólo en la tercera.
No hace falta ir muy lejos para encontrar otra andanada de la ultraderecha contra los derechos del colectivo: hace ahora tres años, poco antes de que Vox irrumpiera en las instituciones, el partido emitió un comunicado contra el Orgullo LGTBI. Lo recupera el periodista e investigador Miquel Ramos en su informe De los neocón a los neonazis. La derecha radical en el Estado español. La formación cargaba entonces contra la celebración al considerarla una "imposición ideológica".
Tanto el propio Miquel Ramos como la periodista Nuria Alabao enmarcan la cruzada del partido ultra como parte de su "batalla cultural". "Quieren romper esos consensos que creíamos asumidos, los derechos humanos, plantean una enmienda a toda esa normalización", esgrime Ramos. La extrema derecha considera que "no todos los colectivos tienen derecho a tener derechos" y lo hace además negando la existencia de "desigualdades estructurales". Lleva el negacionismo por bandera.
Europa y la alianza internacional
La amenaza de la ultraderecha resuena también en el continente europeo. Los frentes son prácticamente idénticos. Hungría acaba de dar luz verde a un proyecto de ley que prohíbe educar en la diversidad bajo el pretexto de combatir el fomento de la pedofilia. Este mismo martes, el grupo municipal de Vox en Madrid rechazó trasladar su apoyo a la ciudadanía húngara tras la aprobación de la normativa y sólo un día después, Santiago Abascal se puso una vez más al lado del líder húngaro: Viktor Orban ha defendido "a los homosexuales frente al comunismo" y en su país "pueden andar tranquilamente por la calle" debido a la ausencia de "inmigración fundamentalista". En Polonia, el partido ultra en el poder, Ley y Justicia (PiS), ha embestido reiteradamente contra el colectivo: desde el año pasado varias regiones del país han llegado incluso a proclamarse "zonas libres de ideología LGTBI".
A preguntas de este periódico, la organización ILGA Europe resalta un "estancamiento casi completo de los derechos de las personas LGTBI en toda Europa", una situación "muy preocupante en un momento tan crítico". Existe, señalan desde la entidad, un "incremento de la represión, un aumento de las desigualdades socio-económicas y la proliferación de los discursos de odio en toda la región". Polonia y Hungría, alertan, "no son anomalías".
La extrema derecha europea no está sólo en las instituciones, sino que se alimenta también de una constelación de organizaciones afines con gran proyección mediática. En España sus nombres están bien definidos: desde Hazte Oír hasta Abogados Cristianos. Los primeros han anunciado ya una "intensa campaña" para impedir que la Ley LGTBI salga adelante. "Existe una internacional reaccionaria y ultraconservadora" que se encarga de "financiar muchas campañas para llevar reivindicaciones al debate público y a la propia ley", explica Ramos, quien advierte de que "el entramado es tal" que no basta con fijar la mirada en las formaciones políticas y sus representantes.
¿Derechos en riesgo?
Aunque la extrema derecha española se asemeja en sus planteamientos LGTBI a la que se asienta en el Este europeo, Nuria Alabao marca algunas distancias. "La realidad política es distinta. La sociedad húngara, por ejemplo, es mucho más conservadora y es esa base social la que puede apoyar medidas" como el proyecto educativo desplegado por Viktor Orban. Por ese motivo, descarta que se vaya a producir un retroceso real en los derechos ya consolidados en España. "Son conquistas asentadas" y existe un "sentido común mayoritario" que las blinda, estima. Recuerda que hace algo más de quince años, con la aprobación del matrimonio igualitario, sí se produjo una gran respuesta de "movimientos fundamentalistas católicos que se oponían", pero esos mismos grupos "están hoy muy desmovilizados", sostiene.
Miquel Ramos difiere. "Todas las conquistas sociales están en riesgo, el problema es creernos que todo está ganado", arguye. El experto encuentra en la ofensiva húngara y polaca un espejo en el que mirarse. "Lo están consiguiendo en otros países y ya no es sólo la presión de partidos y organizaciones en el poder, sino también la falta de voluntad de quienes hoy en día sí tienen capacidad para blindar estos derechos y no lo están haciendo".
En la misma línea se posiciona Fefa Vila, socióloga y activista."Hay una reacción conservadora brutal" con la educación como "campo de batalla". Y los últimos años han sido un caldo de cultivo hasta dar paso a un "momento de peligro". El riesgo de que la extrema derecha se imponga es real y sus pasos son a veces sigilosos. "No hay que derogar la ley del matrimonio homosexual para generar homofobia", razona la socióloga, "las instituciones son capaces de modular lo que es normal y lo que no" sin necesidad de cambiar las leyes. "Ninguna conquista es para siempre ni para todos", esgrime. Las voces ultra, completa Ramos, son además "muy hábiles a la hora de hacer propaganda" y los medios de comunicación han "promocionado" su discurso, considerando que "es legítimo querer abolir los derechos humanos".
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Pasos hacia atrás
Haber "normalizado" el discurso ultra tiene consecuencias en la vida de las personas. Para Javier Sáez del Álamo, el retroceso en los últimos años es evidente. En parte, dice en conversación con este diario, gracias a que "Ciudadanos y el Partido Popular han introducido a Vox en las instituciones y eso ha permitido normalizar discursos homófobos sin ningún pudor". Con el paso de los años, estima, se ha caminado, con paso sutil pero firme, hacia un "blanqueamiento de la extrema derecha". Sus postulados no sólo son "comunes", sino también, lo que resulta más inquietante, "tolerables".
Consecuencia: la homofobia comenzaría a estar "legitimada" y las cifras así lo sugieren. En su último informe de 2019, el Ministerio del Interior contabiliza 278 delitos de odio motivados por la orientación sexual y la identidad de género. Entre 2013 y 2015 este tipo de delitos experimentaron un descenso progresivo, pero desde 2016 la tendencia se ha invertido. Una de las últimas agresiones tuvo lugar este mismo fin de semana en A Coruña, a las vísperas del Orgullo.
El día en que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atravesó las puertas de la Asamblea para iniciar su mandato al frente de la región, la líder madrileña de la ultraderecha, Rocío Monasterio, ultimaba su arsenal de exigencias. Los dardos iban dirigidos a objetivos muy concretos, lo que la portavoz parlamentaria calificó como leyes de género. Monasterio recuperaba así los ecos de un viejo fantasma, el de la amenaza a los derechos consolidados del colectivo LGTBI.