La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica (Recuperando), que agrupa a una veintena de colectivos de todo el país, registró este jueves dos iniciativas en el Congreso de los Diputados, con el fin de exigir acciones contra las inmatriculaciones de la Iglesia, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) declarase nula una inmatriculación llevada a cabo por la institución católica.
Jorge García, portavoz de Recuperando, señala en conversación con infoLibre que una de las iniciativas [consultar el documento aquí] parte directamente de la condena al Gobierno. "La repercusión internacional afea al Estado español y a sus tribunales de justicia por no haber tomado cartas en el asunto". García entiende que "si no se dan pasos suficientes, condenas como esta se volverán a repetir". Por ello, considera "oportuno que el poder legislativo tome nota de esta problemática que viene de atrás".
Para el adecuado cumplimiento de los objetivos planteados, la asociación requiere al equipo de Mariano Rajoy que "inicie un procedimiento de estudio de la situación" y, a tal efecto, que el Congreso "proceda a crear la comisión permanente no legislativa, subcomisión o ponencia correspondientes". Finalmente, y a raíz de dicho estudio, urge a la ejecución de las fórmulas necesarias para "poner remedio a esta situación general y ofrecer una reparación o restablecimiento en sus derechos a esa multitud de personas y administraciones afectadas".
El dictamen del TEDH, que fue publicado el 20 de diciembre de 2016, condena al Estado español a indemnizar con 600.000 euros a la Sociedad Anónima Ucieza, empresa que adquirió en 1978 una finca de regadío que incluía un conjunto de bienes de carácter religioso pertenecientes a un antiguo monasterio desamortizado en el siglo XIX. Posteriormente, en 1994, el obispo de Palencia inmatriculó el templo, la sacristía y la sala capitular al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria –derogado en el año 2015–, que le permitía inscribir bienes sin aportar título de dominio escrito y con su única autocertificación.
La plataforma reclama, asimismo, "el derecho a la información que corresponde a toda la ciudadanía", a la hora de determinar el número de inmatriculaciones mediante un listado definitivo de conocimiento público, después de la continua negativa de los diferentes gobiernos, especialmente por parte del PP". García solicita que dicho recuento incluya "todos los bienes inmateriales, ya sean de culto o de dominio público" [consultar la segunda iniciativa aquí].
El Gobierno descarta la anulación de las inmatriculaciones de la Iglesia
Paralelamente al registro de las propuestas, Reparando se reunió durante la mañana del jueves con diversos grupos de la oposición. El PSOE, Unidos Podemos, EH Bildu, PNV, Compromis y ERC "han mostrado su apoyo a los más de 20 colectivos que integran la plataforma". En cuanto a Ciudadanos, la organización remitió una invitación para celebrar un encuentro, "pero no contestó".
En cuanto a las recientes explicaciones sobre las inmatriculaciones por parte de Mariano Rajoy, que en respuesta al senador de Compromís Carles Mulet se declaró al margen del asunto, el portavoz de la asociación considera que "no es nuevo" y que "siempre que se le ha preguntado" ha rebatido con argumentos "espúreos". "El Gobierno del PP dice que no quiere entrar en este tema, pero va a tener que hacerlo porque ha sido condenado por los tribunales internacionales", subraya García.
Finalmente, ha querido insistir en que su petición no viene motivada por "ningún ataque contra las creencias", sino que, por el contrario, busca "defender el patrimonio histórico, artístico y cultural que pertenece a todos los españoles" y acabar de esta forma con "un ordenamiento franquista que cruza de puntillas la Constitución".
La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica (Recuperando), que agrupa a una veintena de colectivos de todo el país, registró este jueves dos iniciativas en el Congreso de los Diputados, con el fin de exigir acciones contra las inmatriculaciones de la Iglesia, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) declarase nula una inmatriculación llevada a cabo por la institución católica.