El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva ocho años incumpliendo la ley que desde 2015 obliga a todos sus integrantes sin excepción a presentar una declaración de bienes al inicio y al cese de su mandato, a entregar cada año copia de la declaración de IRPF y a someterse “al control y gestión de activos financieros de los que sean titulares”.
La extraordinaria paradoja de que el órgano de gobierno del tercer poder del Estado incumpla una ley evoca aquí la máxima atribuida al conde de Romanones: “Haga usted las leyes y déjeme a mí los reglamentos”. Porque aplicar lo establecido respecto a las declaraciones de bienes en la versión de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada en 2015 entrañaba haber dado previamente un paso de apariencia secundaria e introducido dos años antes bajo el mando del ministro del PP Alberto Ruiz Gallardón: a partir de diciembre de 2013, cuando entró en vigor la reforma de la LOPJ, el nuevo Consejo disponía de seis meses para elaborar un nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento. Dado que nunca ha llegado a existir tal normativa interna, lo que incorporó luego la LOPJ en la reforma posterior de 2015 queda en papel mojado. ¿Por qué? Porque de forma expresa se afirma en esa ley que las declaraciones se emitirán con las fórmulas que indique el reglamento.
Pero hay un dato más de gran relieve en la reforma de 2013 y que, tal como publicó infoLibre, explica que un miembro del CGPJ que ejerce también como juez, Gerardo Martínez Tristán, dejara en septiembre de 2020 en suspenso un elevado pago que Hacienda le exige a una sociedad de la que era consejero otro vocal del órgano judicial, su hoy presidente, Vicente Guilarte. Ese dato se resume así: la nueva ley de Gallardón estipulaba que solo los adscritos a la comisión permanente –siete de los 20 vocales más el presidente– se mantenían con dedicación exclusiva: el resto pasaba a gozar de libertad para compaginar su actividad pública con la privada sin necesidad de autorización previa. Ambos, el juez Gerardo Martínez Tristán, y el abogado Vicente Guilarte -desde julio al frente del CGPJ- carecían en septiembre de 2020 de dedicación exclusiva. El primero de ellos sí incorporó la suya en 2015 al ser nombrado miembro de la permanente pero no volvió a actualizarla. De contar el CGPJ con el nuevo reglamento que debía redactarse en seis meses a partir de diciembre de 2013, los dos habrían tenido que entregar al órgano de gobierno no solo sus declaraciones de bienes sino copia de cada declaración anual de IRPF así como someterse al control de sus activos financieros. Y se habría ampliado así el arco de posibilidades de que alguien detectase un potencial conflicto de intereses.
Publicaciones en la comisión sin obligación legal
Aun así, a partir de 2014 y tras la firma de un convenio con Transparencia Internacional, todos los miembros de la comisión permanente han presentado su declaración de bienes por iniciativa de la institución, que las publica en su web sin que la ley de 2015 –insisten las fuentes oficiales que informan de este punto– obligue a ello.
Añade el Consejo que fue el propio órgano el que en 2015 instó al Gobierno a introducir la obligatoriedad de tales declaraciones para todos los vocales. Y completa su relato subrayando que dos miembros del CGPJ que nunca participaron en la comisión permanente –el auténtico núcleo duro del poder, máxime desde la reforma de Gallardón– entregaron sus declaraciones por decisión personal: Ángeles Carmona y el hoy ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ambos propuestos por el PP. En junio de 2018, Marlaska saltó del CGPJ al Gobierno de Pedro Sánchez.
Bastaba la mayoría absoluta para aprobar el reglamento
Desde 2013, los conservadores han ostentado la mayoría absoluta del Consejo, cuya composición quedó repartida así: 10 vocales a propuesta del PP más el presidente, Carlos Lesmes, director general en el Ministerio de Justicia durante los dos Gobiernos de Aznar; siete, a instancias del PSOE; uno de IU, otro del PNV y uno más de CiU. Mayoría absoluta era lo que requería la aprobación de un nuevo Reglamento de Funcionamiento, tal como ha confirmado el CGPJ a preguntas de infoLibre.
Pero los trabajos para el reglamento se iniciaron y nunca “culminaron”, admite el Consejo. Así que, con un mandato que expiraba en diciembre de 2018 y una renovación bloqueada por el PP desde entonces, el reglamento en vigor sigue siendo el de 1986, cuando la política de transparencia sonaba a extravagancias del norte de Europa. Carece por tanto del menor efecto el artículo que en julio de 2015 ya decía lo que sigue: “El Presidente, los Vocales y el Secretario General del Consejo General del Poder Judicial están sujetos al deber de efectuar una declaración de bienes y derechos y al control y gestión de activos financieros de los que sean titulares (…) con las adaptaciones que sean precisas a la organización del Consejo que se establecerán en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del mismo”.
En la web del CGPJ [pincha aquí para acceder al contenido] aparecen las declaraciones de bienes de 14 miembros del CGPJ de la etapa iniciada en 2013. En su gran mayoría nunca han sido actualizadas. Entre las visibles en la web se cuentan las de cuatro que ya no están: Lesmes, que dimitió en octubre de 2022 tras un cuatrienio de bloqueo; Victoria Cinto, ya fallecida; Concha Sáez, que también dimitió en protesta por la situación y animó a los demás miembros del Consejo a hacer lo mismo; y el ya jubilado Rafael Mozo, que sucedió a Lesmes. Del otro jubilado, el juez Rafael Fernández Valverde, no consta declaración. Según el Consejo, la de Vicente Guilarte, presidente desde hace dos meses y medio, se publicará en breve aunque –subrayan de nuevo las fuentes– no existe compromiso legal de difundirlas. Tanto el máximo poder ejecutivo –el Gobierno– como el legislativo –Congreso y Senado– publican las declaraciones de sus integrantes en los respectivos portales de transparencia.
Vuelve la dedicación exclusiva... pero para el próximo CGPJ
Como ya se ha reflejado antes, la reforma de gran calado de la LOPJ que en 2013 impulsó el ministro Alberto Ruiz Gallardón eliminaba de un plumazo la norma que hasta aquel momento había impedido a cualquier miembro del CGPJ compaginar su cargo en la institución con cualquier otra actividad pública o privada. La norma limitaba la prohibición a los integrantes de la comisión permanente, la única con potestades para suscribir contratos. Pero el resto de los vocales tenía a partir de la reforma libertad plena. Sin tener que dar cuentas de lo que hacían en el ámbito privado ni que solicitar la compatibilidad.
En diciembre de 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez impulsó una nueva reforma de la LOPJ. Entre los cambios constaba el de las incompatibilidades: todos los vocales del nuevo órgano de gobierno de los jueces volverían a tener dedicación exclusiva, lo cual dejaba fuera de juego la opción de que alguno de ellos se sentara un día en la mesa del órgano clave de la judicatura y al siguiente en el estrado de un juicio como abogado de alguna de las partes. O en el consejo de administración de una empresa privada, como hizo el ahora presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, hasta julio de este año, cuando su designación como jefe de la institución le forzó a cesar.
La empresa a la que aparecía asociado Guilarte, es la inmobiliaria Ibervalles, una socimi (sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria) especializada en arrendamientos a gran escala y propiedad de los Isidro, una de las familias más ricas del país.
En septiembre de 2020, Ibervalles logró que la Audiencia Nacional dejara en suspenso el pago a Hacienda de más de 733.000 euros por el impuesto de sociedades de 2007. La cifra, correspondiente a la liquidación del impuesto más la sanción derivada -209.959 euros-, la había fijado el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), incardinado en la estructura del Ministerio de Hacienda. Ibervalles interpuso un recurso ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Pidió como medida cautelar la suspensión del pago y se le concedió. Tres años más tarde, sigue sin haber sentencia.
En septiembre de 2020, Guilarte era vocal sin dedicación exclusiva. Y no había presentado en ningún momento su declaración de bienes. El magistrado que actuó como ponente del auto de la Audiencia Nacional que congeló el pago de tal cantidad es el también vocal del CGPJ y ya citado en esta información, Gerardo Martínez Tristán. Como ha quedado expuesto en párrafos anteriores, ambos aseguran que no tenían ni idea de que el otro estuviera vinculado al caso: en su calidad de juez, por lo que concierne a Martínez Tristán; y como consejero de Ibervalles, en el caso de Guilarte.
El papel del TC y el bloqueo a la renovación
Una vez aprobada en 2013 la reforma de la LOPJ impulsada por Gallardón, el PSOE impugnó ante el Tribunal Constitucional (TC) distintos preceptos de la norma. Uno de ellos, el que autoriza a los vocales ajenos a la comisión permanente a ejercer actividades profesionales privadas. En aquel momento con mayoría conservadora y presidido por Francisco Pérez de los Cobos, cuya afiliación al PP entre al menos 2008 y 2011 afloró durante las investigaciones del caso Gürtel, el TC tumbó el recurso en noviembre de 2016. En su sentencia, el tribunal de garantías resaltó la “independencia” del CGPJ frente al control político.
Un juez del CGPJ congeló una multa de Hacienda a la firma de la que era consejero otro vocal, el hoy presidente
Transcurridos dos años desde aquel fallo del tribunal de garantías y ya con el PSOE en el Gobierno, se puso en marcha la renovación del Consejo, cuyo mandato expiraba en diciembre de 2018. Pero fue entonces cuando tras un acuerdo parlamentario para la elección del nuevo CGPJ, que ahora pasaría a tener mayoría progresista, la difusión del célebre whatsapp de un diputado y antiguo alto cargo de Interior de Rajoy, Ignacio Cosidó, dinamitó el plan. En el mensaje se leía que el PP seguiría “controlando la Sala Segunda desde detrás”. Esto es, controlando la poderosa Sala Penal del Tribunal Supremo. ¿Cómo? Gracias a que el jurista pactado para presidir el CGPJ sería el conservador Manuel Marchena, ya entonces presidente de la Sala Penal y que en cuanto estalló el escándalo del whatsapp se negó a aceptar el puesto.
Nombramientos sí; reglamento, no
Con los antecedentes narrados y en una especie de limbo legal, un CGPJ caducado siguió tomando decisiones bajo el estandarte de la mayoría conservadora: solo en el primer año de bloqueo a la renovación por parte del PP, el órgano de gobierno de la judicatura asignó 57 nombramientos discrecionales de alto nivel. Aunque interrumpió en algunos periodos la tramitación de nuevas designaciones las siguió haciendo hasta que en 2021 los prohibió el Gobierno. Para el proceso de elaboración de un nuevo reglamento interno el reloj se había detenido mucho antes de que en diciembre de 2018 se cumplieran los cinco años de mandato del CGPJ. El Consejo -asegura a preguntas de infoLibre- decidió que tal misión correspondía al nuevo Consejo una vez renovados sus miembros.
Ahora, y tras un recurso del PP y otro de Vox, el TC deberá dictaminar si valida o anula la prohibición dictada por el Gobierno y permite que un Consejo bloqueado desde hace cinco años continúe nombrando a jueces, entre ellos los que ocuparán cargos de altura en el mapa del tercer poder del Estado.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva ocho años incumpliendo la ley que desde 2015 obliga a todos sus integrantes sin excepción a presentar una declaración de bienes al inicio y al cese de su mandato, a entregar cada año copia de la declaración de IRPF y a someterse “al control y gestión de activos financieros de los que sean titulares”.