Dieciséis meses después de la detención de Pablo González por parte de la policía polaca acusado de ser un espía al servicio de Vladimir Putin, el periodista continúa en prisión preventiva. Tal y como han relatado a infoLibre sus familiares y allegados, se encuentra aislado 23 horas al día, en una celda sin ventanas. Las autoridades polacas acusan a González de cometer un delito de espionaje tipificado en el artículo 130 del Código Penal del país que castiga con penas de uno a diez años de cárcel a quien "esté involucrado en las actividades de inteligencia extranjera contra la República de Polonia".
González es nieto de un niño de Rusia exiliado como consecuencia de la Guerra Civil Española, nació en Moscú en 1982 y fue inscrito con el nombre de Pavel Rubtsov, por lo que cuenta con pasaportes de ambas nacionalidades, una doble nacionalidad que desde Polonia consideran sospechosa. Hasta la fecha de su detención trabajaba como periodista freelance para medios como laSexta, Público o Gara, donde cubría desde hace diez años las relaciones del Kremlin con las antiguas repúblicas soviéticas.
Lejos de involucrarse en el caso, el Gobierno español con José Manuel Albares al frente, se ha limitado a asegurar que "el caso es complejo y los cargos muy graves", por lo que hay que esperar a que se celebre el juicio "lo antes posible", en palabras del ministro de Exteriores. Tampoco se ha querido involucrar el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, que no ha contestado a la carta que, según sus familiares, "se le entregó en mano". "No nos atendió", lamentan.
A la familia de González le duele la inacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha decidido llevar el caso al Parlamento Europeo en una jornada bajo el nombre de Journalism is not a crime! (¡El periodismo no es un crimen!) en la que han denunciado que González está en "el Guantánamo europeo", según Juan Teixeira, amigo cercano del periodista y miembro de #FreePabloGonzález,
Los eurodiputados españoles creen que la UE debería defender a González
La jornada ha estado organizada por tres eurodiputados españoles que pertenecen a los grupos de la Izquierda (GUE/NGL) y Los Verdes (EFA): Miguel Urbán, de Anticapitalistas, Ana Miranda, de BNG y Pernando Barrera, de EHBildu. Urbán ha explicado que ha pedido hasta en dos ocasiones poder visitar al periodista en prisión, pero que solo han recibido el silencio como respuesta. Según concreta a infoLibre, se ha dirigido a la Representación Permanente de España en la Unión Europea (REPER) polaca y a la dirección del centro penitenciario de Radom, donde está encerrado. Asimismo, Urbán también ha asegurado que han preguntado por este caso específico a la Comisión Europea, y tampoco han obtenido respuesta.
A su juicio, es "fundamental" que desde Europa "se ponga el foco en este caso" y seguir el trabajando desde el propio Parlamento, presionando a la actual Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reill, "para que tome partido". El eurodiputado también quiere que aparezca el caso de González en los informes que elabore el organismo europeo sobre la situación del Estado de Derecho en Polonia y "retomar" la intención de visitarla, pero no solo un reducido grupo de europarlamentarios de izquierdas sino también de otros grupos.
Los tres eurodiputados españoles, junto con otros que se han interesado por el caso como Manu Pineda, de Izquierda Unida, e Idoia Villanueva, de Podemos, quieren reunirse este mismo martes con otros colegas del grupo socialdemócrata, liberal y otros no adscritos a ningún grupo político para tratar de tener más fuerza en esa presión a la UE. Defienden que la Unión Europea "no puede permitir que un ciudadano europeo siga detenido en estas condiciones" y que un país miembro como Polonia "siga vulnerando sus derechos fundamentales". Una "injusticia" que quieren hacer patente en esa reunión con otros grupos.
La mujer de González pide que se presione a Polonia para que le dejen visitarlo
Aislado 23 horas al día: Pablo González cumple un año en prisión en Polonia abandonado a su suerte
La mujer del periodista, Oihana Goiriena, ha hecho hincapié en la situación de González, prácticamente incomunicado de su familia y ha recordado que solo ha podido hablar con él en dos ocasiones. Goirena considera que se tiene que presionar a Polonia para que garantice esos "derechos mínimos" al periodista y que implique, al menos, que pueda llamar de manera regular a su familia y tener un juicio "justo y con garantías" lo antes posible.
La periodista Teresa Aranguren lo ha calificado, directamente, como un "atentado frontal contra la libertad de prensa" y ha argumentado que fuera del contexto bélico esa detención "no tiene explicación": "La guerra no es excusa para pérdida de valores fundamentales", ha afirmado. Para Aranguren la gestión del departamento de Albares ha sido "nefasta" y ha afirmado que el Ejecutivo está "más preocupado por defender la fiscalía polaca que a sus ciudadanos".
Por su parte, el también periodista Paco Audije ha lamentado que el caso de González se parece al de Julian Assange y considera que ambos son "casos de castigo a los periodistas". Es más, ha asegurado que el caso de González "es más grave" porque se está prologando el procedimiento jurídico "como castigo": "Se le aplica la pena antes de ser juzgado y de que se emita el más mínimo indicio de su supuesta culpabilidad", ha zanjado.
Dieciséis meses después de la detención de Pablo González por parte de la policía polaca acusado de ser un espía al servicio de Vladimir Putin, el periodista continúa en prisión preventiva. Tal y como han relatado a infoLibre sus familiares y allegados, se encuentra aislado 23 horas al día, en una celda sin ventanas. Las autoridades polacas acusan a González de cometer un delito de espionaje tipificado en el artículo 130 del Código Penal del país que castiga con penas de uno a diez años de cárcel a quien "esté involucrado en las actividades de inteligencia extranjera contra la República de Polonia".