El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció en el marco del pacto antiterrorista convocado este miércoles que impulsará una batería de medidas consensuadas con el resto de partidos políticos para crear un registro documental de las personas físicas o jurídicas que hospedan o alquilan vehículos de motor, así como para mejorar el control sobre la distribución de bombonas de butano y otros elementos potencialmente peligrosos, según informó Europa Press.
La intención de Zoido es que "a lo largo del próximo año vean la luz la mayoría" de estas reformas legislativas que están ya "preparadas o en fase de conclusión", lo que implica transposiciones de normativas europeas para mejorar la eficacia en otros aspectos como el control de pasajeros de aviones o "identificar a personas que muestran patrones de conducta compatibles con terroristas".
Al pacto antiterrorista se convocó a los partidos firmantes y a los observadores, que analizaron un informe del director del Centro de Información contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el comisario José Luis Olivera, y del director del Gabinete de Estudios del Ministerio del Interior, coronel Diego Pérez de los Cobos.
El primero informó de unas conclusiones centralizadas por el CITCO en base a la documentación remitida por los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre los atentados de agosto en Cataluña. Zoido se refirió a informaciones que ya se contaron en "noticias escritas", sin entrar en detalles por tratarse de una cuestión que se mantiene bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional.
Sobre el cerebro del atentado, el imán de Ripoll al que contactó el CNI, Zoido dijo que no se habló "nada en absoluto". "El director del CITCO puso en conexión todo lo que había pasado esos días y que no está sujeto al secreto de las diligencias", matizó el ministro.
Zoido anunció que se conformará un grupo de trabajo para las reformas legales basadas en una "muy novedosa" instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, en concreto de Pérez de los Cobos, con recomendaciones "pormenorizadas" para hacer frente a la amenaza yihadista por parte de cuerpos policiales, corporaciones locales o miembros de la seguridad privada.
Ley de seguridad e imanes
El Gobierno también contempla un "reforzamiento" de las medidas de protección contra el terrorismo incluidas en la Ley de Protección Ciudadana, así como distintas medidas relativas a los llamados ministros de culto de las confesiones religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas.
Aunque sin citarlo explícitamente, Zoido se refirió a diferentes cuestiones estudiadas por el CITCO para mejorar la eficacia de la lucha antiterrorista tras el atentado en Cataluña, donde se alquilaron varios furgonetas y se utilizó la casa de Alcanar como laboratorio para fabricar el TATP (o madre de Satán), usando bombonas de butano. Otro de los aspectos más polémicos es si el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, era confidente policial y cómo pudo captar a los jóvenes que perpetraron la acción criminal.
El ministro presentó una propuesta para modificar el Reglamento de la Actividad de Distribución de Gases Licuados del Petróleo para mejorar el control de bombas de butano, así como la necesidad de abordar la nueva Ley General Penitenciaria y "algunas otras reformas para dotar de mayor eficacia a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
Zoido evitó polémicas sobre la invitación de partidos observadores, reclamando el apoyo "sin fisuras" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el proceso de mejora de sus condiciones laborales "para solucionar desequilibrios históricos" porque, según él, "lo merecen por su trabajo diario para anticiparse al terrorismo y evitar atentados".
El ministro aseguró que se ha inspirado en lo que ha llamado "las cuatro P": prevención, protección, persecución y preparación. "Solo debe haber un mensaje claro, único y sin fisuras de que la sociedad española y nuestro Estado de Derecho van a conseguir derrotar al terrorismo", afirmó.
Los partidos aplauden que el pacto sea más "proactivo"
Todos los partidos políticos que participaron este miércoles en la reunión clebraron que el foro sea más "proactivo" a la hora de estudiar las reformas legislativas para mejorar la lucha contra el terrorismo, incluyendo Podemos, la única formación que participó en calidad de observador y que aprovechó para pedir que se eviten vetos para aquellas formaciones que no son firmantes del acuerdo.
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El portavoz de Interior de Podemos, el diputado Rafael Mayoral, aseguró que la polémica de la previa sobre la participación de los partidos no firmantes está "completamente zanjada". "Nos parece interesante ver cómo generar espacios de trabajo que transcienden el pacto y van más a los contenidos", dijo el dirigente, que mantuvo su rechazo a firmar el acuerdo de 2015 por discrepancias sobre su contenido, sobre todo en material penal.
El objetivo principal de Podemos es "generar dinámicas para que otras fuerzas participen", en alusión al PNV, ERC y PDeCAT, que sí asistieron a la reunión del 21 de diciembre, cuatro días después de los atentados en Cataluña. Como ya hicieron este martes, Ciudadanos y Podemos fueron los partidos que mantuvieron mayor discrepancia hacia la figura de los observadores.
"No me parece muy leal, está muy bien y me gusta la foto de la unidad, pero a esa foto hay que acompañarla del compromiso", insistió el portavoz del PP, Rafael Hernando, que no entiende que se mantenga el 'no' a firmar un pacto que permite que se crean, como ha dicho el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, grupos de trabajo para ser más "proactivos" a la hora de plantear reformas legislativas e instrucciones concretas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció en el marco del pacto antiterrorista convocado este miércoles que impulsará una batería de medidas consensuadas con el resto de partidos políticos para crear un registro documental de las personas físicas o jurídicas que hospedan o alquilan vehículos de motor, así como para mejorar el control sobre la distribución de bombonas de butano y otros elementos potencialmente peligrosos, según informó Europa Press.