La estrategia de Génova de invisibilizar su dependencia de Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas, al menos hasta después de las elecciones del 23 de julio, para así no dañar la campaña de Alberto Núñez Feijóo, choca frontalmente con el calendario.
Porque la ley obliga a constituir los ayuntamientos y a elegir alcalde el próximo sábado 17 de junio, dentro de poco más de dos semanas. Donde el PP haya conseguido ser la lista más votada en principio no tiene necesidad de pactar, porque la legislación establece que si nadie obtiene mayoría absoluta será alcalde el cabeza de la candidatura que más votos haya obtenido en las elecciones.
Pero si no es así, la única posibilidad que tienen los de Feijóo de hacerse con el bastón de mando en los municipios en los que haya mayoría de fuerzas de la derecha será llegando a acuerdos con otros partidos, incluido Vox allí donde los votos de los concejales ultras sean imprescindibles.
17 de junio
Así que el 17 de junio, en plena precampaña de las generales, los electores sabrán en cuántos municipios de España las políticas del PP habrán quedado condicionadas por acuerdos con el partido de Santiago Abascal. Una formación xenófoba que niega la violencia machista y el cambio climático, que se opone a implementar medidas anticontaminación, que rechaza la asistencia sanitaria universal, cuestiona la autoridad de la Unión Europea y no reconoce los derechos de las personas LGTBi. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), ya sabe lo que es tener que lidiar con Vox en el ámbito local. Y no se lo recomienda a nadie.
En las seis comunidades autónomas en las que el PP necesita a la extrema derecha para hacerse con la presidencia, los de Feijóo ya han confirmado su intención de demorar todo lo posible el procedimiento. Y donde la ley les obliga, como es el caso de la Generalitat Valenciana, a plantear la investidura antes de la fecha de las elecciones generales, Génova ya ha previsto ir a una primer intento fallido sin Vox, que retrase la necesidad de pactar hasta después del 23J.
Las presidencias de parlamentos
No obstante, hay un trámite que obligará a Feijóo a negociar con Abascal antes de las generales. El día en que se constituyan los parlamentos autonómicos, los diputados tendrán que elegir a los miembros de las mesas que gobiernan las cámaras y la única manera que tienen PP y Vox de hacerse con la mayoría estos órganos, claves para controlar los debates y los ritmos legislativos, es poniéndose de acuerdo.
Pero no sólo eso. Los de Vox no sólo aspiran a entrar en los gobiernos autonómicos en coalición con el PP sino que tienen intención de exigir a los de Feijóo la presidencia de los parlamentos. Eso es lo que el partido de Abascal hizo en Castilla y León y ese es el modelo que quiere aplicar al menos en la Generalitat Valenciana, Aragón, Illes Balears, Murcia y Extremadura. El PP cántabro, en cambio, tiene la posibilidad de eludir los pactos con Vox gracias al ofrecimiento del PRC de Emiliano Revilla de facilitar la investidura de la candidata conservadora, María José Sáenz de Buruaga, para evitar así que el extremisimo ultra “contamine” el gobierno de la comunidad, según las expresión utilizada por el todavía presidente de la comunidad.
Sobre el papel, los primeros territorios en los que veremos los pactos PP-Vox serán Extremadura e Illes Balears, cuya normativa institucional prevé la constitución de sus respectivos parlamento en un plazo máximo de quince días después de las elecciones. La fecha exacta la deciden los presidentes salientes, ambos del PSOE, lo que hace suponer que no habrá demoras.
Calendario
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Después será el turno del Parlamento de la Región de Murcia, que se constituirá el 14 de junio, miércoles. Le seguirán las Cortes de Aragón el viernes 23 y el lunes 26, las de la Comunitat Valenciana.
El plazo máximo para investir a un candidato y evitar la repetición de las elecciones varía en cada comunidad. En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, es de dos meses y no empieza a contar hasta que se celebre un intento de investidura, como sucede en el Congreso. En otras, como Aragón, son dos meses a partir de la fecha de constitución de sus Cortes, es decir el 23 de agosto.
En el caso de la Región de Murcia el presidente Fernando López Miras (PP) ya ha rechazado gobernar con Vox, pero los ultras le han respondido que no espere de ellos que le vayan a facilitar tal cosa. Según fuentes de la formación ultra citadas por La Opinión de Murcia, el líder de esta formación en la región, José Ángel Antelo, está dispuesto a llegar hasta el final, aunque eso implique convocar nuevas elecciones. Es la misma estrategia que siguió el que hoy es el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo. La primera línea roja conocida de las que va a plantear Antelo: que el PP dé marcha atrás en sus planes de recuperación del Mar Menor, un objetivo que López Miras había declarado irrenunciable.
La estrategia de Génova de invisibilizar su dependencia de Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas, al menos hasta después de las elecciones del 23 de julio, para así no dañar la campaña de Alberto Núñez Feijóo, choca frontalmente con el calendario.