El Pacto contra la Violencia de Género cumple su primer año entre decepciones, algunos logros y muchas promesas

El 28 de septiembre del año 2017 el Congreso aprobaba el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Los medios de comunicación se llenaban de titulares y las organizaciones feministas celebraban la victoria. Un año después, el balance deja una sensación agridulce. Los obstáculos a los que se ha enfrentado el acuerdo no son pocos y los logros no siempre han podido alcanzar un primer plano. Así lo valoran algunas de las principales impulsoras del texto de 214 medidas, dentro y fuera de las instituciones.

Pilar Llop es delegada del Gobierno para la Violencia de Género. En conversación con infoLibre recuerda que el documento es un instrumento políticamente vinculante pero no jurídicamente, "porque muchas de sus medidas requieren un desarrollo legislativo posterior". El acuerdo, subraya, "no es un fin en sí mismo, sino el principio de la puesta en marcha de aquellas medidas que no terminaron de implantarse, o que necesitan refuerzo, pero que ya estaban previstas en la Ley integral de 2004", además de servir para "ampliar el concepto de violencia sobre las mujeres y la necesidad de abordar todas esas violencias de manera integral".

Medidas en marcha y planes de futuro

El Pacto de Estado cumple su primer año de vida pero su puesta en práctica fue tardía. "Cuando realmente se pone en marcha es el 31 de julio, con la Conferencia Sectorial de Igualdad y ya se puede hacer el traspaso de los 120 millones" que el acuerdo destina a las comunidades y ayuntamientos, resalta Llop. Las comunidades "tienen competencia en materia de servicios sociales", de manera que constituyen la "atención última a las víctimas en esa materia" y junto con las entidades locales "son las que están más cerca de las mujeres, sobre todo en zonas rurales".

El Gobierno ha devuelto las competencias a los ayuntamientos y en octubre dispondrán de los fondos, de manera que "será posible poner en marcha proyectos que tengan pendientes y mejorar la atención a las víctimas", añade la delegada.

Llop también recuerda que con el reparto de fondos se han aprobado criterios que el propio pacto contempla, como tener en cuenta la población de mujeres en cada comunidad, las mujeres con discapacidad, aquellas mayores de 65 años o criterios de ruralidad. "Lo que se hace es transversalizar el pacto en el criterio de reparto", señala.

También pone en valor el real decreto ley aprobado el 3 de agosto, que finalmente ha sido tramitado como proposición de ley y que incluye diversas medidas del acuerdo, como la mejora de la asistencia jurídica de las víctimas o la modificación de la patria potestad del maltratador, de manera que los menores no necesiten de su consentimiento expreso para recibir terapia psicológica. Otra situación de emergencia que se ha paliado es el acceso a las ayudas laborales y de la seguridad social sin necesidad de que las víctimas presenten denuncia.

Destaca, entre los pasos andados, la revisión de los delitos sexuales en el Código Penal y el estudio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde una perspectiva de género.

En cuanto a las previsiones de futuro, Llop insiste en que el consenso alcanzado "no puede terminar en la redacción". Actualmente, comenta, el Gobierno está trabajando en medidas relativas a la protección de los menores, que se materializarán en el anteproyecto de ley contra la violencia en la infancia que lleva meses fermentando. En la futura norma se incluirán diversas medidas del pacto, confirma la delegada, tales como la obligación de suspender el régimen de visitas en caso de que el menor haya convivido con la violencia; mejorar la formación específica de todos los operadores; revisar los puntos de encuentro familiar e impulsar el reconocimiento de los niños como víctimas, ya que "en la práctica, cuando se acuerda una orden de protección respecto a la madre, no se extiende a los menores". Para Llop, "el interés superior del menor haría que se extendieran y si no es así podría modificarse el Código Civil y a lo mejor el Código Penal".

El Gobierno prepara también un proyecto de ley contra la trata con fines de explotación sexual. "Cuanto antes se apruebe más tiempo ahorraremos para luchar contra estas redes y proteger a las mujeres", relata la delegada, quien detalla que por el momento están a punto diversas campañas de sensibilización.

Escollos y victorias

La diputada socialista Ángeles Álvarez formó parte de la subcomisión en representación de su grupo. En conversación con infoLibre, hace balance del recorrido. "Tuvimos unos meses de cierta falta de diligencia con el anterior Gobierno", critica. Admite que "la mayor sorpresa fue la llegada de los Presupuestos Generales a la Cámara y ver cómo usaban una triquiñuela para evitar poner los fondos sobre la mesa". El Gobierno quebró lo acordado cuando, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, estableció que los propios ayuntamientos y comunidades debían asumir los 120 millones que les correspondían para la lucha contra la violencia machista.

Tras una serie de protestas organizadas por el movimiento feminista y gracias al freno de la oposición –que cristalizó en una enmienda presentada por el Grupo Socialista–, el Ejecutivo introdujo finalmente los 200 millones pactados, en su totalidad. "Todo eso lo que ha hecho es que se perdieran muchos meses que son importantes y que son vitales", recuerda Álvarez.

La diputada elogia, por otro lado, "la rapidez con la que ha actuado el actual Gobierno". Destaca que en sólo un mes aprobó los presupuestos, fijó la Reunión Sectorial de Igualdad y se elaboraron criterios de reparto de los fondos. "Lo ideal es que se hubiera hecho a principios de año y fue un reclamo del Grupo Socialista desde el minuto uno, que pidió un decreto ley mientras durase la prórroga presupuestaria", relata la parlamentaria, quien considera que eso "habría permitido disponer de fondos desde principios de año".

Carmen Dueñas, portavoz de Igualdad de los conservadores, reconoce una "sensación agridulce" al echar la vista atrás. "A pesar de ser conscientes de que aquello no era una solución inmediata, nacía con mucha ilusión y ganas de aportar soluciones a medio y largo plazo sobre este grave problema", explica en declaraciones a este diario. Sin embargo, el paso de los días y la evolución de la violencia hace inevitable cierta "sensación de tristeza".

En todo caso, la diputada estima que hubo un antes y un después desde la aprobación del acuerdo y recuerda que no constituye "una solución de un día para otro". Por este motivo, Dueñas llama a alejarse de "discrepancias políticas y unificar el mensaje". "Hagamos beligerancia y activismo contra la violencia", reclama, sin dejar de lado los desencuentros que han existido en este último año. Aunque "hay cuestiones que entendemos que no tienen la forma o el procedimiento adecuado, como el real decreto ley o la enmienda de estabilidad presupuestaria respecto a la formación de jueces", el PartidoPopular "seguirá trabajando desde el consenso y el respeto", asevera.

Ciudadanos, por su parte, centra su discurso en censurar a Unidos Podemos, por su abstención, y al PSOE por las medidas tomadas tras su llegada al Gobierno. Fuentes de la formación naranja señalan, a preguntas de este periódico, que el pacto "ha sido una de las prioridades de la primera mitad de legislatura, y finalmente se pudo culminar hace un año con la ratificación, de la que por cierto se cayó algún grupo que a menudo pretende hacer ruido con un tema tan serio".

El partido promete estar "vigilante respecto al cumplimiento de las medidas y la ejecución del presupuesto correspondiente, para que no quede en declaraciones y buenas palabras y haya una mejora real". Sin embargo, matiza, "hay señales negativas de la seriedad con la que el Gobierno afronta este tema", y menciona también la enmienda de estabilidad presupuestaria como "una maniobra inconstitucional y tramposa, rompiendo el consenso, para evitar el veto del Senado a la nueva senda de déficit".

Decepción

La opinión de las expertas en igualdad, que han sido preludio e impulso del pacto a través de sus constantes movilizaciones, no oculta un matiz amargo, en gran medida por los evidentes desencuentros a nivel político. "Todo el mundo comparte que el pacto es un acuerdo de mínimos para seguir avanzando en materia de políticas públicas y en ese sentido constituye un ejercicio muy necesario, tanto por el debate que propició en su momento como por la hoja de ruta que eso representa". Habla Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres. En su opinión, esa primera valoración sobre el significado del pacto no ha variado con el tiempo.

Soleto admite, no obstante, su decepción un año después. "Estoy un poco decepcionada y sorprendida con que esté costando tanto trabajo garantizar la efectividad de las medidas", sostiene. La experta distingue dos fases en este último año, que coinciden con los dos gobiernos. "La actitud durante la primera fase fue equivocar la estrategia sobre qué significaban esas medidas", de manera que "se abandonó la senda de la efectividad inmediata", narra. En la segunda parte priman los desacuerdos parlamentarios. "El consenso del pacto respecto a esa necesidad efectiva debería reflejarse mucho más en cuáles son los instrumentos que se acomodan a su efectiva ejecución", añade Soleto.

Como espectadora y parte interesada dice sentir sorpresa por "esa falta de convalidación del real decreto", así como los "discursos políticos en torno a ello" y otras cuestiones como "el techo de gasto en la medida de formación de los jueces". En ese sentido, "lamentablemente el balance es negativo". La efectividad de las medidas, agrega, ha fallado "en parte por la falta de diligencia del Gobierno de Mariano Rajoy y en parte porque a los grupos políticos que llegaron al acuerdo les cuesta mantener ese consenso cuando salen de la zona de confort de la subcomisión", lo cual "contraviene el principio de transversalidad", denuncia.

Soleto llama a pisar el acelerador y a mantener el consenso que un primer momento demostraron los grupos parlamentarios. De lo contrario, sentencia, "dentro de cinco años volveremos a evaluar la inefectividad de las medidas pactadas".

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A conclusiones similares llega Sofía Castañón, secretaria de Feminismos de Unidos Podemos y miembro de la subcomisión. "No se han cumplido las expectativas, sino nuestros temores", reconoce. La diputada asturiana recuerda que su formación ya advirtió de las deficiencias del pacto, esencialmente por no recoger las demandas del movimiento feminista. Sin embargo, Castañón subraya la importancia de no lastrar el proceso porque, coincide, "son los mínimos para empezar a trabajar".

"El nuevo Gobierno, en el tiempo que ha tenido, sí ha tomado decisiones pero no hay una superación del marco de la Ley integral 2004", que limita la violencia de género al ámbito de pareja o expareja. Las políticas públicas, agrega, "rara vez van más allá", lo que evidencia la existencia de "víctimas de primera y segunda en cuanto a cobertura".

La solución, sostiene, no reside únicamente en que las medidas del pacto se pongan a funcionar, sino en que el Gobierno "demuestre ser feminista". Para ello es fundamental "comprender que hay que superar ese marco". El Ejecutivo, dice, "puede ir más allá del pacto para realmente garantizar una ciudadanía que no sea de segunda". Apela, en este contexto, a una participación activa del movimiento feminista a través de comparecencias en la comisión de seguimiento del pacto, que hasta el momento sólo se ha reunido una vez. Únicamente de esta manera se podrá "garantizar que las políticas que se llevan a cabo están atravesadas por una mirada feminista, motor de transformación para poder hablar de justicia social".