El argumentario del PP, de Vox y de Ciudadanos es bien conocido. Se viene repitiendo desde el inicio de la legislatura y consiste en afirmar, un día sí y otro también, que el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder. Y eso incluye toda clase de cesiones al independentismo catalán y vasco —los “enemigos de la unidad de España”, apostillan— y a otras formaciones minorarías, como el BNG gallego, Nueva Canarias o Teruel Existe.
Se dice aunque no exista pacto alguno. La semana pasada el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Pedro Sánchez de preferir pactar las medidas contra los efectos de la guerra de Ucrania en la economía española con EH Bildu, a quienes su partido considera herederos de ETA, en vez de con ellos. En realidad la formación abertzale decidió respaldar el real decreto sin introducir ni un solo cambio en su redacción.
Lo cierto es que, si se examinan los acuerdos suscritos por el PSOE al comienzo de la legislatura con otras fuerzas políticas a cambio de la investidura de Pedro Sánchez que puso fin a casi un año de parálisis política fruto de la ausencia de mayorías estables en el Congreso de los Diputados, no hay ni rastro de decisiones contrarias ni a la Constitución ni que supongan privilegios para unos territorios en comparación con otros. Lo mismo puede decirse de los pactos puntuales suscritos por el Gobierno con ocasión de diferentes debates a lo largo de los dos últimos años.
Esquerra, que en estos momentos tiene al Gobierno contra las cuerdas después de saber que el CNI ha espiado a dirigentes independentistas, suscribió en enero de 2020 un acuerdo con el PSOE para la creación de la mesa de diálogo sobre Cataluña, en la que participan el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat.
Ambas formaciones dieron a este foro de diálogo una importancia capital para reconducir el conflicto abierto por el independentismo en 2017 con la proclamación unilateral de la independencia de Cataluña. A pesar de las acusaciones de la derecha, que tacha la mesa de "órgano inconstitucional" y lugar en el que Sánchez negocia la autodeterminación que ansían los partidos independentistas, lo cierto es que sólo se ha reunido en dos ocasiones y no ha alcanzado ningún acuerdo más allá de dar valor al diálogo institucional por encima del enfrentamiento.
¿Qué más se ha anotado Esquerra en lo que va de la legislatura? Una modificación parcial de la ley audiovisual para garantizar apoyo a las lenguas cooficiales en las emisiones de plataformas de streaming —algo tan poco rupturista que mereció el apoyo del PP de Feijóo en Galicia—, o facilitar la tramitación de la futura Ley de Vivienda a cambio de un compromiso de respeto a la competencia autonómica.
Transferencias
El PNV también ha suscrito acuerdos con el Gobierno a cambio de su apoyo en determinadas votaciones. Entre ellas la transferencia al País Vasco de la “gestión íntegra” del Ingreso Mínimo Vital (IMV), algo que el Gobierno se propone extender al resto de las comunidades que lo soliciten. No se trata, en realidad, de un competencia nueva, porque las autonomías gestionan desde hace años las rentas de integración social y otras políticas sociales.
Y un traspaso que ha levantado ampollas en la derecha: las prisiones vascas. Pero no es, en realidad, ninguna cesión: la transferencia está prevista en el Estatuto vasco y llevaba décadas siendo incumplida por gobiernos del PSOE y del PP.
Los nacionalistas vascos también han conseguido modificaciones presupuestarias para concretar avances en la llegada del AVE al País Vasco y aumentar la inversión territorial en esta comunidad y en Navarra. O, por ejemplo, para mejorar la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves, de manera que se pueda percibir hasta que la persona enferma cumpla 23 años, y no hasta los 18 como contempla ahora la Ley General de Seguridad Social.
¿Qué pasa con EH Bildu, el grupo político contra el que la derecha quiere construir un cordón sanitario? Esta formación, en la que además de dirigentes políticos que en el pasado apoyaron a ETA militan políticos procedentes de formaciones que siempre se han mostrado en contra de la organización terrorista desaparecida hace una década, no firmó un pacto de investidura pero sí ha alcanzado algunos acuerdos con el Gobierno o el PSOE a cambio de apoyar determinadas iniciativas. Ninguna, por cierto, relacionada con el traslado de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco —una política que el PSOE aplica siguiendo su propio criterio— ni mucho menos la salida anticipada de antiguos terroristas de las cárceles, como afirman periódicamente los partidos de la derecha y que no ha sucedido.
En su día, por ejemplo, decidieron votar a favor del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 a cambio de hacer permanentes la suspensión de desahucios y el aplazamiento del pago del alquiler a personas vulnerables decretados durante la pandemia, así como de un acuerdo para que el canal ETB 3 —en euskera y de programación infantil— se vea en todo el territorio de Navarra.
EH Bildu también firmó en 2020 un acuerdo con el PSOE que los socialistas rompieron a las pocas horas por el que se comprometían a apoyar una derogación íntegra de la reforma laboral. Cuando la norma se debatió en el Congreso, aplicando un pacto suscrito por los empresarios y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras que no suponía la derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy, los abertzales votaron en contra.
El Gobierno también recurre a acuerdos con otras formaciones minoritarias con implantación territorial cuando quiere demostrar su capacidad de construir mayorías amplias en el Congreso y cuando sus aliados con más escaños —ERC, EH Bildu o el PNV— se resisten a concederle apoyo.
El Gobierno se abona a vivir sobre el alambre: votaciones al límite para salvar la legislatura en el Congreso
El BNG o Teruel Existe, por ejemplo, son dos formaciones que firmaron acuerdos de investidura con el PSOE. Algunos de los compromisos se han llevado a la práctica o se han ido desarrollando a través de los Presupuestos Generales del Estado, pero muchos siguen pendientes. La formación provincial turolense, convertida en punta de lanza de la España Vaciada, ha ido arrancando al Ejecutivo diferentes pactos, desde el mantenimiento de taquillas en estaciones de Renfe, a mejoras ferroviarias e inversiones en su territorio.
Los nacionalistas gallegos firmaron un ambicioso acuerdo de investidura del que una gran parte permanece todavía a la espera de que el Gobierno se decida a darle cumplimiento. En la votación del real decreto de medidas para atajar las consecuencias de la guerra en Ucrania tuvieron oportunidad de pactar con el Gobierno cambios en la tramitación de nuevos proyectos eólicos para garantizar que se ajusten a las exigencias medioambientales. Cada vez que ERC o Bildu se distancian de la mayoría, los votos de formaciones como el BNG, Teruel Existe, el PRC cántabro o Nueva Canarias se revalorizan.
Fuentes del PSOE consultadas por infoLibre subrayan que las negociaciones y los acuerdos alcanzados forman parte de la normalidad en un Congreso en el que es preciso pactar porque nadie tiene mayoría. Lo mismo que sucedía, a otra escala, con el último Gobierno de Mariano Rajoy, que pactaba con Ciudadanos o con el PNV, o lo que también sucedió durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.
El argumentario del PP, de Vox y de Ciudadanos es bien conocido. Se viene repitiendo desde el inicio de la legislatura y consiste en afirmar, un día sí y otro también, que el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder. Y eso incluye toda clase de cesiones al independentismo catalán y vasco —los “enemigos de la unidad de España”, apostillan— y a otras formaciones minorarías, como el BNG gallego, Nueva Canarias o Teruel Existe.