Con Vox en la Comunitat Valenciana y en Castilla y León. Sin Vox en Murcia, Aragón e Illes Balears. Gracias a los regionalistas en Cantabria. Haciendo presidente a un nacionalista en Canarias, donde la del PSOE fue la lista más votada y la del PP, la tercera. Y entregando la Alcaldía de Barcelona a Junts, al partido de Carles Puigdemont, con tal de impedir que la consiga el PSOE. Alberto Núñez Feijóo lidera las encuestas en la carrera electoral que conduce a las generales del 23 de julio, pero el inicio de la legislatura en los municipios y en las comunidades que votaron el 28 de mayo está desnudando sus contradicciones.
Que gobierne la lista más votada, pero solo cuando conviene
Feijóo volvió a proponer este jueves, en un acto político en Palma de Mallorca, que gobierne la lista más votada. Es, según el líder del PP, lo más respetuoso con la democracia, aunque contradiga el sistema parlamentario establecido por la Constitución. Y aunque esté en las antípodas de lo que él mismo practica cuando tiene la oportunidad de pactar con otras fuerzas para impedir que la lista más votada se haga con alcaldías o gobiernos autonómicos. Los ejemplos saltan a la vista. En Canarias, los conservadores van a hacer presidente al candidato de Coalición Canaria, a pesar de que la del PSOE fue la lista más votada y la suya, la tercera. El PP extremeño negocia estos días con Vox la mayoría parlamentaria que necesita para hacer presidenta de la Junta a María Guardiola, a pesar de que la candidatura más votada fue la del PSOE. En Castilla-La Mancha, los del Feijóo acaban de rechazar la oferta del presidente de esa comunidad, el socialista Emiliano García-Page, para favorecer que sea alcalde el cabeza de la lista más votada allí donde los pactos hacen posibles otras opciones en la comunidad castellanomanchega.
Los acuerdos en las instituciones, propios del modelo establecido en la Carta Magna, le parecen a Feijóo contrarios a “la limpieza democrática“, pero solo cuando cierran el paso a gobiernos del PP.
Vox es buena compañía, pero no en todas partes
El pacto suscrito por Feijóo con los barones del partido cuando en 2022 entre todos pusieron fin al mandato de Pablo Casado garantizaba autonomía a cada territorio para tomar sus propias decisiones a cambio de un cierre de filas generalizado que le asegurase paz orgánica interna en su camino hacia la Moncloa. La consecuencia de ese acuerdo se está viendo estos días: el PP valenciano se abraza a Vox, siguiendo el ejemplo de Castilla y León, mientras el de la Región de Murcia lo desafía y exige gobernar en solitario aunque no tenga mayoría absoluta. Sus compañeros de Aragón e Illes Balears se debaten entre la primera vía, dar entrada en sus gobiernos a la extrema derecha, y la segunda, desafiar a los socios españoles de Le Pen, Orbán, Bolsonaro y Trump negándoles un acuerdo de coalición. Feijóo justifica todas las estrategias: compartir ejecutivos y desafiar a Vox, una posición y la contraria, al tiempo que abraza la solución cántabra elogiando a Miguel Ángel Revilla porque le va a permitir gobernar en su comunidad sin necesidad de acordar nada con los ultras. Lo que sea por una investidura.
La estabilidad va por barrios; los principios, también
El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, cerró esta semana, con el visto bueno de Feijóo, un pacto para gobernar en coalición con la extrema derecha que asume todas sus demandas de cargos y gran parte del discurso extremista de Vox con el argumento de que así la comunidad tendrá un gobierno “serio, estable, cierto y seguro”. Gobernar solo no era una opción porque, admitió Mazón contradiciendo su propio argumentario, “las posibilidades de tener un gobierno en solitario cuando tienes mayoría absoluta son absolutas y cuando tienes mayoría relativa son relativas”. El líder del PP justificó este razonamiento: su partido pactará con “aquellos que garanticen la estabilidad y eviten a los ciudadanos volver a unas elecciones en el mes de agosto”.
Pero este argumento, que trasladó en una entrevista el miércoles por la mañana, ya no tenía validez ese mismo día por la tarde, cuando se supo que el PP murciano se negaba a acordar nada con Vox y que la extrema derecha amenazaba con no facilitar la investidura de Fernando López Miras y llevar la región a elecciones anticipadas. En este caso, en vez de anteponer la necesidad de “estabilidad” y de evitar una nueva cita con las urnas, Feijóo invocó los principios de su partido: “Nosotros no vamos a actuar bajo amenaza, no vamos a actuar por imposición”. “No vamos a pactar cuando nos amenacen, cuando nos impongan o cuando nos hagan no respetar la Constitución o nuestros principios programáticos”. “Si hay respeto a los compromisos programáticos, si hay respeto a la Constitución y si hay respeto a los ciudadanos, se puede hablar. Pero si no hay nada de esto, no hay ningún partido que nos pueda imponer nada”, advirtió.
Al independentismo ni agua, a menos que toque
El PP está a punto de favorecer que Junts, el partido de Carles Puigdemont, la misma formación para la que piden a los socialistas un cordón sanitario porque la corresponsabilizan de la fallida declaración de independencia de Cataluña de 2017, se haga con la Alcaldía de Barcelona. Feijóo se niega a que sus concejales contribuyan a entregar el bastón de mando al candidato socialista, Jaume Collboni, si este no reniega de la representante de Barcelona en Comú, Ada Colau, actual regidora del municipio. Es decir: a partir del sábado Barcelona tendrá un alcalde independentista, pero de derechas, porque el PP lo prefiere a uno del PSOE. Cualquier cosa con tal de impedir a los socialistas anotarse la alcaldía de la capital catalana.
El líder del PP defiende esta decisión a pesar de que su discurso sigue plagado de reproches a Pedro Sánchez por llegar a acuerdos con formaciones independentistas que, según su criterio, deben ser excluidas de cualquier negociación política porque su único objetivo es “destruir España”.
El PSOE está contra la Constitución (a veces)
Feijóo lleva un año acusando al PSOE de haberse convertido en un “partido sanchista” que ya no forma parte del bloque constitucional porque ha llegado a acuerdos en el Congreso con formaciones independentistas catalanas y vascas. En alguna ocasión ha llegado a decir que, si gana las próximas elecciones, el presidente tiene “un plan premeditado para alterar sustancialmente las bases de la convivencia democrática que se plasma en la Constitución de 1978”.
Esa acusación, sin embargo, desaparece como por arte de magia cuando Feijóo quiere que el PSOE haga lo que le interesa. Ya sea que le deje gobernar si es la lista más votada —esta semana está insistiendo en pedir que los socialistas le dejen gobernar en minoría si el PP resulta ser la lista más votada en las elecciones del 23J, pero no obtiene mayoría absoluta—, ya sea que rompa con lo que considera “partidos populistas”, como la Barcelona en Comú de Ada Colau.
Las minorías no deben condicionar, salvo que venga bien
La teoría de Feijóo de que la lista más votada es la que debe gobernar, aunque no disponga de estabilidad para hacerlo porque no tiene socios fiables con los que aprobar presupuestos e impulsar medidas, se apoya en una crítica constante a la influencia, en su opinión desproporcionada, que tienen las minorías en las política española. Según él, no tiene sentido que la mayoría deba llegar a acuerdos con las minorías para aprobar sus proyectos en el Congreso, en una comunidad autónoma o en un ayuntamiento.
Feijóo abre la puerta a Vox para ensayar su programa xenófobo, antieuropeo y contrario al bilingüismo
Pero esa tesis tiene excepciones, de nuevo a la medida de los intereses del PP. Fruto de una de ellas es la oferta que Feijóo planteó de poner sus concejales en el País Vasco, minoritarios en la mayoría de los pocos municipios en los que los conservadores consiguieron representación, al servicio de una única idea: impedir que la opción mayoritaria elegida por los ciudadanos en muchos ayuntamientos, la de EH Bildu, se haga con la alcaldía. Lista más votada sí, pero no si la candidatura con más respaldo en las urnas es la de la izquierda abertzale.
Presidentes ‘fuertes’, no como Sánchez
Feijóo lleva un año denunciando la “debilidad” de Pedro Sánchez porque, en virtud del acuerdo coalición suscrito por el PSOE, no puede destituir a los ministros de Unidas Podemos. No los nombra, así que tampoco puede cesarlos, acusa el líder del PP. Él promete que cuando esté en La Moncloa nombrará y destituirá a quien le dé la gana, igual que sus presidentes autonómicos.
Pero es mentira, como acaba de demostrar Vox en la Comunitat Valenciana y ya pasó en Castilla y León. Es la formación de Abascal la que nombró a sus consejeros en la Junta que preside Alfonso Fernández Mañueco y la que ya está anunciando a los que estarán en el Govern de Carlos Mazón a pesar de que la investidura en esta comunidad ni siquiera tienen fecha de celebración. Que los nombramientos en un ejecutivo de coalición dependen de los partidos no es una rareza del Gobierno de Pedro Sánchez, es la norma en España y en toda Europa.
Con Vox en la Comunitat Valenciana y en Castilla y León. Sin Vox en Murcia, Aragón e Illes Balears. Gracias a los regionalistas en Cantabria. Haciendo presidente a un nacionalista en Canarias, donde la del PSOE fue la lista más votada y la del PP, la tercera. Y entregando la Alcaldía de Barcelona a Junts, al partido de Carles Puigdemont, con tal de impedir que la consiga el PSOE. Alberto Núñez Feijóo lidera las encuestas en la carrera electoral que conduce a las generales del 23 de julio, pero el inicio de la legislatura en los municipios y en las comunidades que votaron el 28 de mayo está desnudando sus contradicciones.