Feijóo abre la puerta a Vox para ensayar su programa xenófobo, antieuropeo y contrario al bilingüismo

El pacto de las dos derechas en la Comunitat Valenciana se ha cerrado, de momento, con el reparto de los sillones. Vox se quedará con la Presidencia de Les Corts, además de una vicepresidencia y un tercio del Govern de la Generalitat, lo que significa que con toda probabilidad se hará cargo de tres consellerías. El PP, con Carlos Mazón en la Presidencia (será el primer jefe de gobierno de la conservadores en la comunidad desde los tiempos de Alberto Fabra, en 2015), se quedará con todo lo demás.

Acordado que van a gobernar juntos, queda ahora negociar el contenido, el programa del nuevo ejecutivo de coalición. Eso implica decidir, por ejemplo, la intensidad con la que piensan aplicar las propuestas compartidas, como la reducción de impuestos en una comunidad con dificultades presupuestarias y una enorme deuda que en 2022 alcanzó los 55.032 millones de euros. O qué iniciativas de la extrema derecha está dispuesto a llevar a la práctica el PP de Alberto Núñez Feijóo a cambio de los votos de los diputados de Vox para hacerse con la presidencia de la Comunitat.

El pacto sellado este martes apenas arroja luz al respecto. Promete “libertad para que todos podamos elegir”, sin concretar qué. Apuesta por el “desarrollo económico, para reducir gasto innecesario e impulsar la economía”, sin explicar cómo piensan estimularlo. Proclama la voluntad de “reforzar la sanidad pública y los servicios sociales”, sin señalar ningún plan. Invoca el deseo de “defender y recuperar” las “señas de identidad” sin indicar si se refieren a las valencianas o a las de España. Y promete “apoyo a las familias, para fomentar la natalidad, seguridad y promoción de las familias (sic)” sin detallar nada.

Vox, en cualquier caso, quiere que sus puntos de vista se visibilicen en una comunidad que no sólo destaca por su tamaño, en población en riqueza, sino que, a diferencia de Castilla y León, tiene un idioma propio. Y para hacer valer su ideario está pensando en áreas concretas de gobierno: Educación, Asuntos Sociales y Agricultura.

El PP se resiste, de momento, a ceder Educación a los ultras, quizá la más delicada de las tres áreas. En Castilla y León, que hasta ahora era la única comunidad en la que la extrema derecha cogobernaba, el presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco, accedió a cederles las consejerías de Industria, Empleo y Comercio, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Cultura, Turismo y Deporte. Allí Vox ha dejado su impronta alentando una rebelión de ganaderos contra las normas europeas que restringen los movimientos de reses para controlar la tuberculosis bovina y ha intentado, de momento sin éxito, poner en marcha mecanismos de presión contra las mujeres que libremente deciden abortar.

Aborto y Unión Europea

Son dos áreas en las que Vox mantiene posiciones extremas que van en contra de lo que sostiene el PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, ha asumido en la práctica que el aborto es un derecho —aunque quiere limitárselo a las mujeres de entre 16 y 18 años obligándolas a ser madres contra su voluntad si así lo decide un juez— y defiende las reglas de Bruselas y el proceso de construcción europea.

El programa de Vox no detalla sus planes, pero sí deja clara una filosofía que, en muchos casos, obligará a los de Feijóo a hilar muy fino para evitar enfrentamientos. Uno de esos puntos es el que afecta al valenciano. Vox, en línea con la derecha mediática, quiere garantizar “que el español sea lengua vehicular en todas las etapas educativas”, en contra del modelo bilingüe que predica el PP y del que Feijóo hace gala. El mismo que aplicó durante años en Galicia y que le valió la acusación de “nacionalista” por parte de Santiago Abascal.

Este miércoles, el periodista Federico Jiménez Losantos planteó a Feijóo si lo que van a hacer en Valencia es dar “libertad de elección de lengua vehicular”. El líder del PP respondió: “Eso es”.

¿Aceptará el PP poner fin al bilingüismo en la educación valenciana y construir un sistema que garantice enseñanza exclusivamente en español a las familias que la soliciten? Mazón prometió en campaña deshacer “el requisito lingüístico” y hacer una la ley de “libertad educativa” que omita la necesidad de conocer el valenciano para enseñar en la Comunitat (un modelo que no se corresponde con el de Feijóo, al menos no con el que el líder del PP venía defendiendo hasta ahora). También propone eliminar el conocimiento de la lengua propia como requisito para optar a plazas públicas, una norma que aplica en todas las comunidades bilingües para garantizar que los ciudadanos son atendidos en la lengua que prefieran.

En este punto la coincidencia con Vox es total, a falta de ver los detalles. Los de Abascal quieren eliminar “el valenciano como requisito en el acceso a plazas de profesorado y personal de la administración”, así como “desalojar a los activistas y asesores lingüísticos de las aulas” y reforzar la inspección educativa. La propuesta parece coincidir con la de Mazón cuando promete suprimir la Oficina de Derechos Lingüísticos, órgano encargado de “garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía” y a la que llama despectivamente la “Oficina de Policía Lingüística”.

La extrema derecha tiene también un programa xenófobo y desea aplicarlo. De ahí su interés en la Consellería de Asuntos Sociales. En primer lugar, quieren establecer “la prioridad nacional en el acceso a ayudas y bonificaciones sociales para paliar los efectos de la crisis económica y la inflación” o, lo que es lo mismo, negándoselas o dificultando su acceso a los extranjeros que vivan en la Comunitat. En segundo lugar, planean reforzar “la colaboración entre las administraciones públicas y las fuerzas de seguridad del Estado para la expulsión de los inmigrantes ilegales”, a los que relacionan con la delincuencia, y perseguir “los llamados ‘pisos patera”. Y, en tercer lugar, se proponen eliminar las ayudas públicas que, según los ultras, “generan un efecto llamada a la inmigración ilegal”.

Leyes amenazadas

Derogar “todas las leyes de género y memoria histórica, así como todas las leyes autonómicas superfluas que suponen duplicidades, como la Ley de vivienda de la Comunidad Valenciana y la Ley de cooperación y desarrollo sostenible”, forma parte también de las prioridades de la extrema derecha valenciana. Así como incorporar lo que llaman “la perspectiva de familia” en la aprobación de “toda norma y en la acción pública de todas las administraciones con capacidad presupuestaria, especialmente en materia de educación, sanidad, vivienda y transporte”. Y cortar cualquier subvención a “partidos, sindicatos, patronales” y a lo que considera y “entidades separatistas”.

Vox propone también medidas que exceden las competencias autonómicas, como “las modificaciones legales necesarias para que los bienes inmuebles ilegalmente ocupados sean recuperados inmediatamente”, y apunta a nuevos desafíos a las normas europeas en materia de agricultura: “Reduciremos radicalmente el entramado burocrático y normativo autonómico que asfixia a nuestra ganadería, pesca y agricultura dificultando su viabilidad y protegeremos a nuestros productores, como los naranjeros, de la entrada ilegal de productos de terceros países”.

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En materia de medio ambiente, el partido de Abascal confirma sus prioridades: mantenimiento de la central nuclear de Cofrentes, cuestionamiento de los paros biológicos en el sector pesquero y negación de la responsabilidad de la agricultura en el deterioro del litoral valenciano y de la Albufera.

Los ultras quieren llevar la rebaja de impuestos al extremo. Por eso proponen no sólo “bajar impuestos drásticamente”, un plan en el que coinciden con el PP, sino “eliminar los tributos propios”, lo que supondría la desaparición del canon de saneamiento, del impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente, el impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos e incineración, coincineración y valorización energética y el impuesto sobre las viviendas vacías.

¿Habrá cierres de organismos , entidades y empresas públicas, como el canal de televisión À Punt? Vox apuesta por ello y promete cerrar los organismos que considera “superfluos” para el sector público. Así como impulsar “el desarrollo del turismo, tanto de costa como de interior, empezando por eliminar cualquier traba burocrática y tasa que afecte a su crecimiento”, lo que apunta a la desregulación de los pisos turísticos.