1 de mayo de 2020. El mundo está sumido en la peor pandemia que se recuerda del último siglo. El coronavirus ya ha segado 193.710 vidas. Y las tasas de mortalidad entre los más mayores resultan escalofriantes, llegando a quintuplicar el promedio. Por eso, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, decide poner el foco en ellos: "Ninguna persona, joven o anciana, es prescindible". El discurso se emite en vídeo. Una grabación que el departamento de comunicación de la ONU distribuye junto a un documento en el que se hace hincapié en el impacto que la crisis sanitaria está teniendo en los derechos de la población más envejecida. La pandemia consigue poner en el centro del debate a este colectivo generalmente olvidado por la sociedad. Y abre el melón sobre la necesidad de impulsar mecanismos jurídicos a nivel internacional que permitan blindar sus derechos ante unas discriminaciones que poco a poco se han ido normalizando a nivel social.
Hasta la actualidad, los derechos de este grupo no han sido reconocidos específicamente en forma de tratado o convención en el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, a diferencia de lo que se ha hecho con los de los niños, las mujeres o, más recientemente, las personas con discapacidad. "Los países más desarrollados siempre han defendido que ya existen los mecanismos suficientes para protegerlos", apunta Pilar Rodríguez, exdirectora del Imserso y presidenta de la Fundación Pilares. Pero la pandemia, sin embargo, ha puesto de manifiesto que la realidad es bien distinta. Y así lo hizo constar el pasado mes de marzo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en un documento de trabajo: "El marco internacional de derechos humanos no ha logrado brindar a las personas mayores una protección clara, integral y efectiva de sus derechos humanos".
En aquel informe, el organismo dependiente de Naciones Unidas deslizaba la necesidad de construir una convención internacional específica para este colectivo. Considera que es la forma "más eficaz" de lograr "los cambios necesarios" para corregir las lagunas existentes. Esto es algo en lo que llevan años trabajando tanto desde la Fundación Pilares como desde HelpAge, que dedican sus esfuerzos a proteger a las personas mayores. De hecho, estas dos organizaciones, junto con otras como Cáritas o la ONCE, han remitido esta semana tanto al Congreso de los Diputados como a todos los grupos parlamentarios un manifiesto en el que piden a las diferentes formaciones políticas que se unan "al movimiento" y traten de dar impulso a dicho instrumento jurídico desde la arena política. Lo han hecho coincidiendo con el Día Internacional de las Personas de Edad –es la denominación oficial–, que se celebra este viernes.
Isabel Martínez, presidenta de HelpAge España, considera "fundamental" avanzar en esta dirección. Es cierto que, a nivel internacional, existen otros mecanismos para poner el foco sobre los derechos de la población más envejecida. Por ejemplo, a través de una declaración o una actualización de los Principios de Naciones Unidas sobre las Personas Mayores, promulgados en la década de los noventa. Pero ambos instrumentos presentan limitaciones claras. El primero no es legalmente vinculante, mientras que el segundo simplemente "alienta" a los Estados firmantes a tener en cuenta una serie de recomendaciones en sus políticas. Sin embargo, una convención internacional pondría todo negro sobre blanco. Y sería de obligado cumplimiento. "Pasaría a ser el marco normativo que tendrían que cumplir a rajatabla todos los países que lo ratificasen", sostiene Martínez en conversación con infoLibre.
¿Y en qué se traduciría esto? En primer lugar, forzaría a los Estados a llevar a cabo los cambios legislativos necesarios para garantizar los derechos ahí recogidos. Para explicar esto, la presidenta de HelpAge pone varios ejemplos de lo que han implicado otras convenciones anteriores en el marco normativo español. La de los Derechos del Niño obligó a España, después de varios tirones de orejas del Comité de los Derechos del Niño y del Consejo de Europa, a impulsar una Ley de Jurisdicción Voluntaria que elevaba la edad mínima para casarse de los 14 a los 16 años. La de las Personas con Discapacidad forzó, entre otras muchas cosas, un cambio legislativo en nuestro país para permitir que pudieran ejercer su derecho al voto, algo que hicieron por primera vez en las elecciones generales del 28 de abril de 2019 –doce años después de que España ratificase el texto normativo–.
Ir a una residencia solo si ellos quieren
Con la teoría clara, las dos expertas intentan aterrizar en lo concreto las implicaciones que tendría una convención centrada en los mayores. La presidenta de la Fundación Pilares pone el foco, en primer lugar, en el derecho a la independencia y la autonomía. "Hacer constar esto de manera expresa garantizaría que no se lleve obligada o engañada a una persona a una residencia o a vivir con sus hijos, por ejemplo. Esto no se podrá hacer sin su consentimiento expreso. Ellos tienen derecho a decidir sobre su vida", sostiene Rodríguez. En este sentido, la presidenta de HelpAge recalca que "pocos" de los que viven en un centro sociosanitario lo hacen "voluntariamente". Pero cuando se habla de autonomía, ambas ponen también el acento a nivel económico. "Se impediría eso de que los hijos pudiesen administrar el patrimonio de los padres", dicen. Actitudes que cada vez están más normalizadas a nivel social.
Cuando las portavoces de los dos colectivos hablan de residencias, salta también a la palestra la cuestión sanitaria. Sobre todo, después de la primera ola de la pandemia y de todos aquellos protocolos que impedían la derivación de ancianos con coronavirus de los geriátricos a los hospitales, algo que fue especialmente sangrante en comunidades como Madrid o Cataluña y que ha ido desvelando este diario. Y, por supuesto, hablan de las sujeciones físicas. En España, su uso está muy normalizado. En 2018, según datos de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), las sufrían un 39,6% de las personas mayores, frente al 17,1% de Francia, el 16,6% de Italia y el 2,2% de Dinamarca. Una convención internacional podría obligar a los Estados que la ratificasen a prevenir, sancionar o erradicar este tipo de prácticas, como ya se incluyó en su día en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Familiares de residentes protestarán en Fiscalía por la "inacción" ante las muertes de mayores: "Estamos desolados y cansados"
Ni más discriminación ni más analfabetismo
También puede servir para poner fin a algunas discriminaciones por razón de edad totalmente interiorizadas a nivel social. Por ejemplo, la participación en la vida política del país. Por supuesto, las personas mayores tienen derecho al voto. Sin embargo, no todas pueden participar en una Mesa electoral. Los mayores de setenta están fuera. "También son discriminados en algunos casos en el acceso a determinados servicios. Por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado con gimnasios que ponen un límite máximo de edad. Quizá lo hagan con afán proteccionista, pero es una forma de discriminación", dice la presidenta de HelpAge. Y, por supuesto, a nivel laboral. "Esos famosos ERE en los que se despide a los de más de sesenta o esas ofertas de trabajo que se hacen para personas de una determinada edad y que dejan fuera a los mayores", reflexiona Martínez en conversación de este diario.
Pero más allá de modificar las legislaciones nacionales para acabar con estas discriminaciones, un instrumento internacional de estas características también obligaría a los Estados a impulsar políticas públicas centradas en los mayores. Por ejemplo, para garantizar su acceso a la educación. "Es cierto que están las universidades de mayores, pero en el medio rural la cosa es diferente y allí también se les tiene que garantizar el acceso", señalan. O para facilitar su alfabetización digital. En este sentido, Martínez echa en falta en el último Plan Nacional de Competencias Digitales una mayor presencia de los ancianos. Porque al final son ellos los principales perjudicados de la digitalización: "La mayoría de los accesos a bienes y servicios se hacen por medios telemáticos". Cada vez hay menos oficinas bancarias, cada vez más gestiones a nivel sanitario se hacen a través de la red. Y todavía un 40% de los mayores no han accedido nunca a Internet.
1 de mayo de 2020. El mundo está sumido en la peor pandemia que se recuerda del último siglo. El coronavirus ya ha segado 193.710 vidas. Y las tasas de mortalidad entre los más mayores resultan escalofriantes, llegando a quintuplicar el promedio. Por eso, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, decide poner el foco en ellos: "Ninguna persona, joven o anciana, es prescindible". El discurso se emite en vídeo. Una grabación que el departamento de comunicación de la ONU distribuye junto a un documento en el que se hace hincapié en el impacto que la crisis sanitaria está teniendo en los derechos de la población más envejecida. La pandemia consigue poner en el centro del debate a este colectivo generalmente olvidado por la sociedad. Y abre el melón sobre la necesidad de impulsar mecanismos jurídicos a nivel internacional que permitan blindar sus derechos ante unas discriminaciones que poco a poco se han ido normalizando a nivel social.