En plena pandemia, la práctica del cobro de cuotas por actividades obligatorias continúa disparada en la escuela concertada, según un informe promovido por Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae). El informe detecta un extendido incumplimiento de la legislación que prohíbe a los concertados "percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones y establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica". La Ley Orgánica del Derecho a la Educación, precisamente la que establece el actual sistema de conciertos, afirma que la educación obligatoria ha de ser gratuita, recalcan los promotores del informe. Y, según el estudio, acaba por no serlo. El informe destapa todo un catálogo de tretas y equívocos interesados para hacer pasar por obligatorio lo que es voluntario y para estrechar los márgenes de los padres para esquivar el pago.
El informe, realizado por la consultora Garlic, utiliza la metodología conocida como mistery shopper, que consiste en hacerse pasar por un cliente interesado, en este caso en matricular a un hijo en el colegio. Eso permite ver cómo funcionan los centros. La muestra abarca 336 concertados, con titularidad de instituciones religiosas, fundaciones, sociedades mercantiles o cooperativas. El propósito del trabajo de campo, realizado entre marzo y junio, era obtener de ellos información sobre “precios y tarifas” para el curso 2020-2021 [ver aquí el informe ejecutivo, de 46 páginas, y aquí el completo, de 75]. infoLibre requirió a la Plataforma Concertados, que se encuentra ahora mismo en plena ejecución de una campaña contra la reforma de la ley educativa, una valoración sobre las graves afirmaciones contenidas en el informe, sin respuesta.
La primera conclusión que señala el informe es “la falta de transparencia y la gran dificultad que tienen las familias para obtener la información”. Esa supuesta opacidad es clave en un modus operandi que acabará presentando –explícita o implícitamente– como obligatorio lo que en realidad es voluntario, según el informe. La práctica habitual es que no se indica con claridad “la cuantía y los conceptos de las cuotas que deben afrontar” a los padres. “Tras varias visitas, llamadas telefónicas y otros sistemas, en un alto porcentaje de los colegio ha resultado imposible recibir información por escrito”, señalan los autores del informe, que detecta que sólo el 45% de los 336 colegios aporta algún tipo de documento sobre precios de las cuotas. Y tan sólo un 22% de los colegios especifica las actividades, conceptos y horarios por los que cobra, en ocasiones sin el membrete del centro. Reinan, según el informe, la opacidad y la confusión.
El 90% de los 336 colegios analizados cobra una “cuota base obligatoria” a las familias, en contra de la legislación vigente que ampara el derecho a la educación obligatoria gratuita, según informe. Este porcentaje se eleva a la totalidad, el 100%, en la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra. La cuota promedio más alta se cobra en Cataluña (255 euros), seguida de la Comunidad de Madrid (110,81) y el País Vasco (97,35), siempre según el informe. En el resto de comunidades la cuota promedio está por debajo de los 60 euros. El informe destaca, en Cataluña, el caso de St Paul's, con una cuota de 950 euros al mes, con todos los servicios unificados en una cuota única.
“Casi la totalidad de los colegios visitados han aplicado alguna subida, siendo el promedio de subida de precios de 1,9 euros al mes. Destaca la subida de 90 euros respecto al curso pasado del colegio St. Paul's”, indica el estudio.
El informe, titulado Estudio de Precios de Colegios Concertados, detecta cómo la “estructura de precios que ofrecen los colegios que cobran cuotas más altas tiende a limitar las posibilidades de las familias de no pagar la cuota”. ¿Cómo? Hay tres vías, según el estudio.
Una) El precio de la cuota está condicionado por los servicios que se contratan, de tal forma que si no se paga, los costes de otros servicios se incrementan hasta llegar a la misma cuantía de la cuota. Po ejemplo, si no se contrata el comedor, el complemento “voluntario” sube su precio.
Dos) La cuota incluye un pack de actividades que, si se contratan por separado, suponen un coste superior al de la cuota conjunta.
Tres) En Cataluña y el País Vasco es usual que, además de las aportaciones mensuales, los colegios apliquen la “obligatoriedad” de un pago único a la entrada del alumno en el colegio, que van de 100 a a los 3.000 euros, en concepto de aportación a la fundación o a la cooperativa, en el caso de las ikastolas.
Cuotas camufladas
Los colegios que cobran una cuota base la enmascaran de diversas formas, según el informe. En algunos casos se presenta como pago por “actividades complementarias”. “Llama la atención –indica el informe– que estas actividades puedan tener la consideración de voluntarias”. ¿Por qué? Porque son de significativa relevancia educativa. Ejemplos: talleres de lectura, juegos con números, psicomotricidad, hábitos y vida sana, inglés. Cabe preguntarse: ¿En qué clase de centro un alumno puede quedarse fuera de una actividad de lectura por no haber pagado? ¿Es eso legítimo en un centro sufragado con fondos públicos? Según el informe, hay también actividades de pintura, competencia digital, canciones en inglés, ortografía, cálculo...
En otras ocasiones la cuota responde a una “aportación o donación”. También se presenta como un compromiso con el “proyecto educativo”.
¿Voluntario u obligatorio?
Lo más delicado es si los pagos son o no voluntarios. Con la ley en la mano, no pueden ser obligatorios. ¿Qué ocurre? Según el informe, la línea se difumina. La mayoría de los centros son poco claros sobre la voluntariedad, detalla el estudio. Elena Cid, directora general de Cicae, recalca en caso de oponerse a pagar, los mecanismos de denuncia son “complicados” para las familias, porque “es difícil enfrentarse a tu propio colegio”.
El resultado es que, según el informe, no existe voluntariedad en el pago de la cuota en prácticamente el 90% de los colegios, un total de 299 sobre los 336 analizados. La ausencia de voluntariedad se detecta tanto en la información ofrecida por el centro como en la reacción ante los padres si preguntan, aclara Amparo Nuñez, directora de proyectos de la consultora Garlic. Tan sólo 29 colegios indican “de manera clara” que se trata de una cuota voluntaria. En el caso de Cataluña, no existe voluntariedad en el pago de la cuota en casi el 100% de los centros visitados.
Cataluña y País Vasco son las comunidades en las que la “presión” para el pago es más elevada. En Cataluña –siempre según el informe– algunos colegios indican a los padres que la administración les obliga a poner que la cuota es voluntaria, pero que en la realidad es obligatoria. Aragón y la Comunidad Valenciana son las comunidades en las que más libertad tienen las familias para pagar o no las cuotas.
Las formas de forzar el pago son múltiples. Estos son algunos de los casos encontrados por los autores del informe, haciéndose pasar por padres:
– “No se puede dejar de pagar porque no sólo son servicios y clases fuera del horario escolar, sino que son refuerzos también dentro de horario escolar”.
– “No puede dejar de pagarse porque paga proyectos extras que ofrece el colegio. Paga actividades que se dan dentro de aula”.
– “Las actividades extraescolares de mediodía son obligatorias”.
Evidentemente, salta a la vista la dificultad fáctica de evitar una actividad extraescolar supuestamente voluntaria en el tiempo entre el fin de las clases y el horario de recogida si el niño o niña se queda en el comedor.
Hay un caso en que se indica: “Si no paga el material el niño no tiene material y no puede trabajar”, recoge el informe. En otro caso se vincula el pago a “la calidad y educación extra que da el colegio”. Sin el pago, se dice en otro centro, “el colegio no se mantiene” y tampoco su “extra de calidad”. Y un mensaje más: “En los públicos es gratis, pero en los concertados hay una cuota extra, para proyectos, para una hora extra más”.
Acusación de discriminación
El informe detecta “casos claros de discriminación” en los que “el impago de la cuota implica exclusión del alumno”. Si no se paga la cuota, el alumno no puede asistir a una actividad. Sus compañeros sí, él no. “A nivel nacional supone un 10%, pero es una práctica muy habitual en el 28% de los colegios de la muestra de la Comunidad de Madrid”, señala el informe.
Es quizás la conclusión más grave del informe, que describe de forma explícita las estrategias de exclusión. Lo hace incluyendo casos concretos. En un centro, se indica que el niño que no paga “no se puede quedar a comer y ha de recogerle un adulto, ya que no tendrá vigilancia”. “Se puede no pagar, pero no van a las clases y es una pena porque es lo que diferencia al centro. Si no se paga el cole no puede ofrecer ese nivel de educación. Si no lo paga o entra una hora más tarde o sale antes, depende del día”, se indica desde otro centro. “Es un extra en su educación”, es otro de los mensajes recogidos. La solución que ofrecen algunos de los centros discriminadores si la familia no quiere o no puede pagar la cuota, según el informe, es que los padres asuman el cuidado de los escolares en las horas en las que se organizan actividades a las que se les prohíbe acceder. Otra opción es dejar a los niños en otras salas con o sin atención del profesorado.
El informe también recoge otros discursos de los centros, ya dentro del reconocimiento de la voluntariedad, según los cuales la cuota es “una donación” no obligatoria, pero sí “recomendable”. “Es voluntario, así que los padres deciden, pero es lo que enriquece el proyecto. Al matricular a sus hijos los padres adquieren el compromiso de pagarlo y lo hacen, porque si no, no se sustenta el colegio”, recoge el informe sobre otro centro. La investigación destaca que el 66% de los centros analizados no menciona el carácter no lucrativo de la cuota, aunque la ley recoge como una falta grave, motivo de retirada del concierto, que los colegios concertados generen lucro con la percepción de estos cobros.
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Ceapa y Cicae
María Carmen Morillas, portavoz de Ceapa, explica que dará traslado del informe al Ministerio de Educación, a las consejerías del ramo y a los partidos políticos. “La investigación arroja datos muy graves. La Administración debe arbitrar los mecanismos adecuados para evitar la desprotección de las familias ante estas irregularidades. Es necesario poner en marcha medidas como un protocolo para que puedan denunciar este tipo de abusos de forma anónima y sin comprometer la educación de los menores”, añade Morillas, que vinculó este tipo de prácticas con la segregación escolar, un fenómeno en auge en España [ver aquí y aquí informaciones en profundidad]
La iniciativa de destapar estas irregularidades une a la Ceapa, la mayor confederación de asociaciones de padres y madres de España, con Cicae, una asociación de colegios privados independientes contraria al actual modelo de red dual, en el que el Estado financia dos redes, una pública y otra privada (la concertada). Elena Cid (Cicae) resalta que nueva ley educativa “es una oportunidad para hacer un ejercicio de transparencia y una gestión responsable de los fondos públicos”.
En plena pandemia, la práctica del cobro de cuotas por actividades obligatorias continúa disparada en la escuela concertada, según un informe promovido por Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae). El informe detecta un extendido incumplimiento de la legislación que prohíbe a los concertados "percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones y establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica". La Ley Orgánica del Derecho a la Educación, precisamente la que establece el actual sistema de conciertos, afirma que la educación obligatoria ha de ser gratuita, recalcan los promotores del informe. Y, según el estudio, acaba por no serlo. El informe destapa todo un catálogo de tretas y equívocos interesados para hacer pasar por obligatorio lo que es voluntario y para estrechar los márgenes de los padres para esquivar el pago.