Las reclamaciones contra los contratos hipotecarios abusivos llegarán el próximo miércoles a la Audiencia Nacional. Ese día, decenas de afectados por la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) –una de las financieras del Santander– en Madrid, Cataluña y Murcia presentarán, con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), una denuncia penal contra los responsables del grupo financiero Santander y el BNP Paribas por un delito de estafa continuada a través de la "comercialización sistemática" de las llamadas hipotecas basura o subprime".
Las familias denunciantes pedirán a la Audiencia Nacional que abra una investigación judicial sobre estos hechos con protección específica a los denunciantes, la reparación del daño causado y la depuración de responsabilidades de quienes diseñaron y ordenaron la puesta en práctica del sistema de comercialización de productos tóxicos, entre los que destacan Emilio Botín, Patricia Botín y Alfredo Sáenz.
Según explicó Rafael Mayoral, abogado de la PAH, la parte tiene indicios de que ambos bancos otorgaron préstamos hipotecarios en condiciones que "hacían previsible el impago de un elevado número de ellos sin avisar a los clientes del riesgo de la operación". Según este letrado, el objetivo de la "comercialización temeraria del riesgo" es el ánimo de lucro y la conversión de estos créditos en títulos para ser vendidos, una práctiva que se conoce como titulización. "Las entidades logran sacar así tales hipotecas de los balances internos para conseguir nueva financiación con la que continuar el negocio de préstamo hipotecario", amplía la PAH en un comunicado.
Según la PAH, estas entidades concedieron a través de UCI préstamos a jóvenes, población inmigrante y personas que tenían la intención de cambiar de domicilio y que tenían escasa solvencia económica.
Así, los indicios de estafa en la concesión de estos préstamos aparece, según los demandantes, al provocar "endeudamientos durante décadas con falta de información y engaño acerca del riesgo contraido". "Los préstamos incluyen además condiciones declaradas abusivas por los tribunales, un abuso que se multiplica en los casos de renegociación de deuda en los que UCI impone condiciones usurarias como la capitalización de intereses durante el periodo de duración de los acuerdos".
Red de sociedades
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Según la PAH, la venta de estos productos hipotecarios se realizaba a través de una compleja red de sociedades mercantiles y profesionales del ámbito inmobiliario, como la tasadora asociada a UCI, Valtecnic, y de la asesoría financiera, que cumplían los planes de UCI de colocación de hipotecas tóxicas.
El volumen de cotización de los fondos de UCI entre los años 1999 a 2009 asciende a 14.365,8 millones de euros, con un total de 133.701 hipotecas y 22.831 préstamos personales no hipotecarios. Entre un 11 y 15% de las hipotecas concedidas lo fueron sobre viviendas de protección oficial, y por encima del 30% a jóvenes menores de 39 años.
La parte denunciante considera que estos hechospodrían ser constitutivos de los delitos de estafa continuada (artículos 282 y 282 bis del vigente Código Penal) por medio de una red de mercantiles siguiendo un plan preconcebido de comercialización de productos financieros tóxicos en perjuicio de los deudores y del orden socioeconómico.
Las reclamaciones contra los contratos hipotecarios abusivos llegarán el próximo miércoles a la Audiencia Nacional. Ese día, decenas de afectados por la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) –una de las financieras del Santander– en Madrid, Cataluña y Murcia presentarán, con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), una denuncia penal contra los responsables del grupo financiero Santander y el BNP Paribas por un delito de estafa continuada a través de la "comercialización sistemática" de las llamadas hipotecas basura o subprime".