La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en concreto los afectados de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), Credifimo y Central Hipotecaria del Inmigrante (CHI), presentaron este miércoles una denuncia colectiva con 6.000 firmas para instar a la Fiscalía General del Estado a que investigue los productos financieros tóxicos en forma de hipotecas.
"Las prácticas bancarias relacionadas con la burbuja inmobiliaria han causado numerosos perjuicios en la población", denunció Gonzalo Carrasco, abogado de la PAH. Uno de estos daños ha sido la contratación de hipotecas que los consumidores no han podido pagar. “No solo hay que investigar las tarjetas black o las preferentes, sino también las hipotecas”, black denunció.
“Esos productos han provocado medio millón de ejecuciones hipotecarias desde que comenzó la crisis mediante un procedimiento que es ilegal”, aseguró Carrasco. Un total de 500.000 familias “condenadas a la exclusión social y en riesgo de desahucio”, subrayó
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Las 6.000 firmas persiguen, además de la investigación a las hipotecas, visibilizar “la impunidad financiera” y que la Fiscalía se cite con la PAH. La presentación de esta denuncia forma parte de la campaña Juicio y castigode la plataforma, en la que ya se interpusieron denuncias a distintas entidades en 2013 por los mismos motivos. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la Audiencia Nacional rechazaron, en reiteradas ocasiones, iniciar ningún procedimiento.
“La jueza de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional nos dijo que las hipotecas no eran productos financieros y que no podían equipararse, por ejemplo, a las preferentes”, aseguró el abogado de la plataforma.
Carrasco advirtió de la peligrosidad que esta afirmación de la jueza supone para los hipotecados, ya que “da por hecho que los preferentistas son consumidores, pero que los que contrataron una hipoteca no lo son”.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en concreto los afectados de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), Credifimo y Central Hipotecaria del Inmigrante (CHI), presentaron este miércoles una denuncia colectiva con 6.000 firmas para instar a la Fiscalía General del Estado a que investigue los productos financieros tóxicos en forma de hipotecas.