El Gobierno pretende borrar otro de los vestigios normativos de la dictadura. Tras años de reclamaciones por parte de partidos políticos, historiadores o archiveros, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene ya listo su anteproyecto de Ley de Información Clasificada. A nivel legislativo, es un paso importante. Al fin y al cabo, su aprobación delimitará por vez primera el plazo de tiempo por el que un asunto puede ser considerado secreto de Estado, lo que acaba con el carácter indefinido que hasta ahora le ha otorgado la ley. El problema, sin embargo, es que el movimiento deja alguna laguna destacada. Por el momento, aquellas informaciones hasta ahora clasificadas lo seguirán siendo aunque ya se hayan superado los tiempos de desclasificación establecidos en la nueva norma. Y eso deja en un limbo cuestiones como el terrorismo de Estado, las descolonizaciones o el involucionismo en los primeros compases de la democracia.
La falta de una desclasificación automática de todos aquellos documentos declarados secretos en el más de medio siglo de texto franquista es, según El País, un paso atrás respecto a lo que se fijaba en anteriores borradores de la norma. "Es imposible hacer un trato discriminado a toda esa información. Por tanto optamos por mantenerla tal y como está, salvo que de oficio la autoridad decida desclasificarla o un afectado que tenga interés solicite la autorización (...) En ese caso, sería la autoridad competente del ministerio la que decidirá si desclasificarlo o no", indicó en rueda de prensa el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el departamento que con la aprobación del nuevo texto asumirá las competencias en materia de secretos. Esto supone un problema para historiadores o investigadores, quienes, a priori, no serían "personas directamente afectadas".
No es el único escollo alrededor del anteproyecto. Bolaños también explicó que aquellos que quieran acceder a determinados documentos deberán indicar "su interés" y las "razones que justifican la desclasificación solicitada", así como "identificar pormenorizadamente la información que se solicita". Y esto, de nuevo, es una dificultad. Al fin y al cabo, cuando se habla de secreto lo más lógico es que se desconozca, incluso, la existencia de ese documento. Porque en nuestro país no existe una suerte de índice en el que se especifique qué papeles están guardados bajo llave. "No suele haber en los archivos un catálogo con la documentación que figura como secreta", explica el historiador Pablo Alcántara, que acaba de publicar La secreta de Franco (Espasa, 2022), una completa investigación sobre la Político Social.
Descolonización o atentado contra Carrero Blanco
Por eso mismo resulta imposible saber a ciencia cierta qué es lo que permanece oculto, tener un mapa detallado y completo de aquellos papeles encabezados con un "secreto" o un "reservado" o de aquellas materias sobre las que aún queda luz por arrojar. A pesar de ello, hay cierto consenso en que aún quedan documentos clasificados sobre algunos de los acontecimientos históricos de la dictadura, la Transición o la democracia. Es el caso del accidente nuclear de Palomares (Almería), del que casi todo lo que se ha ido conociendo es a través de lo que ha ido desclasificando Estados Unidos. "Hay carpetas reservadas, por ejemplo, de la descolonización de Marruecos, Guinea o Ifni-Sáhara, la Brigada Político Social, el desarrollo de la Guerra Civil y la actuación de Franco o la lucha contra el terrorismo de toda índole", apuntaba este martes el historiador Joan Esculies en un artículo en La Vanguardia.
En relación con este último punto, uno de los asuntos sobre los que seguramente quede información oculta son los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y la guerra sucia contra ETA. De hecho, una de las pocas veces que el Ejecutivo ha llevado a cabo una desclasificación –ocho veces en los 54 años que lleva en vigor la actual ley– ha sido para poner sobre la mesa del Tribunal Supremo más de una decena de documentos relacionados con el terrorismo de Estado. Y, junto a este, el otro clásico cuando se habla de secretos oficiales: el intento de golpe de Estado del 23-F. Sobre este asunto, el escritor Javier Cercas, autor de Anatomía de un instante, se ha mostrado convencido en una entrevista con El Confidencial de que de aquella operación involucionista "lo esencial ya se conoce" y de que "lo todavía secreto" seguramente sea "irrelevante".
Alcántara, además, pone el foco en otros asuntos. Está "seguro" de que aún queda "información secreta" sobre el atentado contra el almirante llamado a ser sucesor del dictador, Luis Carrero Blanco, o el atentado de ETA en 1974 contra la Cafetería Rolando, una explosión en la que el régimen trató de involucrar al PCE. Del mismo modo, considera que todavía puede haber documentos ocultos relativos a la "matanza de Ferrol" o el asesinato de Pedro Patiño, albañil militante del PCE y CCOO que murió de un disparo de la Guardia Civil en Madrid durante la huelga del sector de la construcción de septiembre de 1971. "O las relaciones de la BPS –Brigada Político Social– con la PIDE –Policia Internacional e de Defesa do Estado– durante la revolución de los claveles", completa el historiador.
Negociación de rescates, compra de armas o programas militares
También se ha ido conociendo en los últimos años que existe información cubierta por la Ley de Secretos Oficiales a medida que los investigadores se iban chocando con este muro. Es lo que les ocurrió en 2012 a Álvaro Jimena y Carlos Sanz cuando solicitaron acceso a los informes sobre las relaciones de España con China, Japón y Filipinas de 1975 a 1982 o las hispano-alemanas entre 1970 y 1982.
El Gobierno plantea una reserva de hasta 65 años para los altos secretos del Estado
La petición les fue denegada en virtud de un acuerdo –también oculto– del Consejo de Ministros de octubre de 2010, en el que se otorgaba clasificación de secreto a "cuestiones que afecten a la soberanía, independencia e integridad territorial de España", negociaciones sobre secuestros o la actuación de grupos terroristas y delincuencia organizada. Del mismo modo, se fijaba como reservado, entre otras cuestiones, las "gestiones de apoyo en las licitaciones de empresas españolas en el exterior".
Detalles que, en contadísimas ocasiones, también ha facilitado el propio Gobierno. Sucedió en febrero de 1988, cuando el entonces ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, facilitaba por escrito a dos diputados del Grupo Parlamentario Coalición Popular una relación de temas clasificados como secretos o reservados desde 1978. En aquella lista se recogían varios expedientes sobre "compra de material militar", "instalaciones militares" o "telecomunicaciones" –no se daban más detalles–, así como "actas" de la Comisión Interministerial de Exportación de Armas.
Además, se ponían sobre la mesa aquellos temas "objeto de clasificación" por la Junta de Jefes de Estado Mayor de la Defensa, un órgano que ya ni siquiera existe. En este listado se incluían, entre otros muchos, los programas de guerra electrónica, el programa bomba aire-combustible, el proyecto de investigación del sistema de bombas guiadas por láser, la organización y funcionamiento del Servicio de Información del Ejército de Tierra o todo lo relacionado con el Palacio de Marivent, la residencia de verano de los reyes.
El Gobierno pretende borrar otro de los vestigios normativos de la dictadura. Tras años de reclamaciones por parte de partidos políticos, historiadores o archiveros, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene ya listo su anteproyecto de Ley de Información Clasificada. A nivel legislativo, es un paso importante. Al fin y al cabo, su aprobación delimitará por vez primera el plazo de tiempo por el que un asunto puede ser considerado secreto de Estado, lo que acaba con el carácter indefinido que hasta ahora le ha otorgado la ley. El problema, sin embargo, es que el movimiento deja alguna laguna destacada. Por el momento, aquellas informaciones hasta ahora clasificadas lo seguirán siendo aunque ya se hayan superado los tiempos de desclasificación establecidos en la nueva norma. Y eso deja en un limbo cuestiones como el terrorismo de Estado, las descolonizaciones o el involucionismo en los primeros compases de la democracia.