El Gobierno plantea una reserva de hasta 65 años para los altos secretos del Estado

Cincuenta años. Ese es el plazo que ha fijado el Gobierno para desclasificar aquellas informaciones más sensibles para la seguridad del Estado, un periodo que el Gobierno podrá prorrogar quince años más si lo considera pertinente. Así consta en el anteproyecto de ley de información clasificada aprobado este lunes en el Consejo de Ministros, que sustituirá a la vigente ley de secretos oficiales una vez se apruebe en las Cortes Generales, algo que podría demorarse aunque el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, confía en que se cierre este mismo año.

El Ejecutivo delimita por primera vez en su historia un plazo para revelar los secretos de Estado, que hasta ahora tenían carácter indefinido y podían quedar eternamente bajo llave a menos que fueran expresamente desclasificados. Los sucesivos gobiernos que ha tenido España en los 54 años de vigencia de la ley (aprobada en 1968, durante la época franquista) solo han desclasificado información en ocho ocasiones. El ministro de Presidencia ha sido el encargado de dar las explicaciones y su departamento será el guardián de los secretos una vez se apruebe la ley. "No existe la posibilidad de que un documento esté desclasificado de por vida", ha asegurado, una máxima que se aplicará a "todas" las instituciones, incluyendo la Corona.

Sin embargo, Bolaños también ha admitido que aquellas informaciones están clasificadas se quedan, por lo pronto, en una suerte de limbo ante la gran cantidad de documentación: "Es imposible hacer un trato discriminado a toda esa información. Por tanto optamos por mantenerla tal y como está, salvo que de oficio la autoridad decida desclasificarla o un afectado que tenga interés solicite la autorización", ha indicado. "En ese caso, sería la autoridad competente del ministerio la que decidiría si desclasificarlo o no. Tenemos un volumen en España de documentación muy superior al de otros países y no podemos tomar una decisión que afecte a esa ingente cantidad", ha argumentado. "Lo que tenemos que hacer es un tratamiento específico de la desclasificación".

Lo que plantea el Ejecutivo central es pasar de los dos niveles de protección actuales (secreto y reservado) a cuatro (alto secreto, secreto, confidencial y restringido) para tratar de homologar a España con otros países de nuestro entorno.Tal y como ha explicado en rueda de prensa Bolaños, serán cincuenta años, prorrogables a sesenta y cinco, para documentos de alto secreto; cuarenta años, prorrogables a cincuenta, para los secretos; de siete a diez años para aquellos que entran en la categoría de confidenciales y, por último, de cuatro a seis para restringidos.

Bolaños ha presumido en varias ocasiones de que los plazos marcados por el Ejecutivo se adecuan al de otros países europeos y que forman parte de la OTAN. Pero lo cierto es que el tiempo máximo fijado por el Gobierno es mayor al de otras legislaciones como la de Estados Unidos, Alemania o Italia. En Estados Unidos, el plazo para la desclasificación se sitúa en los veinticinco años, aunque puede alargarse o acortarse en función del tipo de documento. En Alemania, el tiempo de protección es de treinta años, aunque en algunos supuestos puede llegar a sesenta, mientras que en Italia la duración de los secretos oficiales es de quince años, extensible a otros quince. Tres décadas también marca la legislación de Reino Unido, aunque es cierto que no se hace de manera automática y las autoridades pertinentes lo pueden extender juzgan que su divulgación pueden perjudicar la imagen del país, la seguridad nacional o las relaciones exteriores.

Los expertos consideran que buena parte de los documentos dejan de tener efectos sobre la política presente una vez superada la barrera de las dos o tres décadas. A pesar de ello, en muchos casos parte de la información que sale a la luz está repleta de tachones en negro en función de la sensibilidad de determinada información. Hasta la fecha la legislación española tampoco preveía el establecimiento de mecanismos por los que los ciudadanos puedan pedir la desclasificación de los secretos, una cuestión que consagran los convenios europeos de transparencia y de garantía en el acceso a la información que España ha rubricado pero a los que no da cumplimiento. Bolaños ha prometido que la ciudadanía sí podrá pedir desclasificar documentos, aunque siempre "preservando la vida de las personas y el interés nacional del país", en sus palabras.

Presidencia asumiría las competencias en materia de secretos

El organismo competente para desclasificar los documentos encuadrados en la categoría de alto secreto será el Consejo de Ministros, como hasta ahora. Sin embargo los de inferior categoría podrán serlo por ministros (como los de Interior, Exteriores, Defensa o Economía), secretarios de Estado (como el de Seguridad o la directora del CNI) y autoridades civiles y militares (jefe de Estado Mayor de la Defensa y jefes de los tres ejércitos), tal y como ha indicado el ministro para la Presidencia.

El departamento dirigido por Félix Bolaños es el que asumirá la autoridad para proponer la desclasificación de un documento, una potestad que hasta el momento tiene la ministra de Defensa, Margarita Robles. En Moncloa consideran "lógico" que esta tarea quede en manos de un ministerio "transversal" y de "coordinación interministerial". Tal y como ha comunicado Bolaños, este anteproyecto de ley ha sido revisado por la ministra Robles que dio su visto bueno a las modificaciones que introduce, a pesar de que le resta competencias.

El ministerio de Presidencia pasaría a gestionar la Autoridad Nacional de Seguridad (ANS), el organismo que vela por la protección de la información clasificada. Es el encargado de la protección de dicha información, con competencias de garantía en el cumplimiento de la normativa, de coordinación y soporte de las unidades de cada ministerio y de relación con las autoridades internacionales en la materia.

La norma actual es tan anacrónica que atribuye la potestad de descalificar documentación a la Junta de Jefes del Estado Mayor, que ya ni siquiera existe (desapareció en 2005). Firmada por el entonces vicepresidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, la ley fue ratificada en el Palacio del Pardo por Francisco Franco el 5 de abril de 1968. Y, desde entonces, sólo ha sufrido una ligera reforma durante la Transición. Hasta ahora.

El PSOE apoyó en 2016 la iniciativa planteada por el PNV

La falta de acuerdo y la falta de voluntad política por parte de los gobiernos de PP y PSOE han hecho que en el registro de la Cámara Baja descansen un buen ramillete de iniciativas para modificar esta ley y flexibilizar los plazos para que determinadas materias dejaran de ser secretas. Unas propuestas que no se han admitido o han ido caducando con la convocatoria de nuevas elecciones generales, como sucedió con la proposición que defendió el PNV en 2016.

El Congreso debatió (y votó favorablemente) de la toma en consideración de una iniciativa del grupo jetzale que defendía desclasificar documentos históricos declarados secretos, no pudiendo superar los 25 años para materias calificadas como secretas y los diez años para las reservadas. El PSOE, al igual que Podemos, ERC, la antigua Convergència (CDC) y Compromís, apoyó la iniciativa.

En 2018, una vez en el gobierno, los socialistas incluyeron una disposición transitoria en la que abogaban por prorrogar otros 10 años el secreto de todos aquellos documentos que hubieran sido clasificados hace 25 o más años: "Las materias, documentos, procedimientos y, en general, las informaciones clasificadas que, a la entrada en vigor de esta Ley, hubiesen superado el plazo de 25 años a que se refiere el párrafo segundo del artículo séptimo, mantendrán su carácter por un único periodo adicional e improrrogable de 10 años”, defendían.

¿Y qué sostenía el PP? Sus enmiendas al redactado del PNV establecían plazos más largos para el mantenimiento del secreto sobre los documentos clasificados: hasta 50 años, precisamente lo que plantea ahora el Ejecutivo de Sánchez. Todo parece indicar que el Gobierno pedirá su apoyo dada la reticencia de sus aliados habituales. En la primera legislatura de Rajoy, los conservadores anunciaron que estaban sopesando si era factible llevar a cabo la desclasificación de documentos anunciada en 2008 por quien en esa fecha era ministra de Defensa, la socialista Carme Chacón. Y ya en 2017, la entonces titular de Defensa, María Dolores de Cospedal, echó definitivamente el freno.

Los socios parlamentarios piden reducir los plazos a la mitad

Tras conocerse los plazos que maneja el Ejecutivo, los socios parlamentarios del Ejecutivo han demandado que el plazo se reduzca a al menos 25 años. "Los plazos parecen lejos de los planteados por el Grupo Vasco, llegando incluso a doblarlos, lo que resulta, a priori, decepcionante", lamenta el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.

EH Bildu también considera que el Gobierno “debe rectificar” su propuesta. "De aprobarse la propuesta que pasará hoy por el Consejo de Ministros, casos flagrantes de vulneraciones de derechos ocurridos en Euskal Herria seguirán sin ser aclarados, como los GAL, la práctica sistemática de la tortura o sucesos como los del 3 de Marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz o los San Fermines del 78. Esta decisión perpetuaría la impunidad sobre dichos hechos negando la verdad, la justicia y la reparación que todas las víctimas merecen", lamenta la formación en un comunicado.

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"La propuesta de ley de secretos oficiales del Gobierno es decepcionante y sigue tratando a los españoles como menores de edad”, ha escrito, por su parte, Íñigo Errejón. "Nosotros no creemos que deban pasar más de 10 años para poner en conocimiento público la información reservada, y no más de 25 años para la información secreta", acompañan fuentes de Más País.

El mensaje de Errejón es similar al que ha trasladado el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens. "Ocultar secretos a la ciudadanía durante 50 años o más es tratarla como menor de edad. No es propio de democracias maduras tener miedo a conocer”, ha zanjado.

Bolaños ha asegurado que confía en mejorar la ley durante su tramitación parlamentaria. "Estoy seguro que conseguiremos apoyos mayoritarios y lograremos sacarlo adelante", ha afirmado. Los plazos que manejan en el Ejecutivo es que la ley esté lista a finales de este año o principios del próximo.