La revisión de cuatro ayudas concedidas a otras tantas empresas de tres imputados de peso en el caso ERE, que investiga la juez de Sevilla Mercedes Alaya, lleva casi año y medio en barbecho en un proceso administrativo ahora de nuevo paralizado. ¿La causa de la paralización? Que el Consejo Consultivo de Andalucía, encargado de validar cada propuesta de reintegro de ayudas formulada por el Ejecutivo regional, ha superado en dos ocasiones el plazo legal que tiene para pronunciarse. Al superarlo –y esa es la versión del Ejecutivo andaluz- los expedientes entran en estado de "caducidad" y el proceso debe iniciarse de nuevo. Los tres imputados que se benefician del atasco son Juan Francisco Trujillo, el ya célebre chófer del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero; Ángel Rodríguez de la Borbolla, antiguo alcalde de Cazalla (Sevilla) y hermano de un expresidente de la Junta; y José Enrique Rosendo, exedil socialista de un municipio cercano al anterior (El Pedroso) donde todo lo investigado hasta la fecha sitúa el epicentro del caso. Las cuatro ayudas cuya revisión se paraliza ahora, y para las que la primera orden de inspección oficial llegó el 29 de diciembre de 2011, no fueron las únicas que obtuvieron sus empresas. Pero entre las cuatro superan un millón y medio de euros.
La iniciativa de fiscalizar 210 ayudas empresariales, todas otorgadas por Francisco Javier Guerrero como director general de competencias casi ilimitadas a tenor de lo conocido, partió de la propia Junta. La declaración de caducidad dictada el 16 de abril y publicada el 25 de ese mes por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), afecta a otros 51 expedientes además de los reseñados. Es decir, a más de la cuarta parte del total. En julio de 2012 ya se produjo la primera orden de caducidad, aunque no se anunció hasta septiembre y el proceso se reabrió de inmediato.
Según el auto por el que la juez envió a prisión en marzo de 2012 al exdirector general andaluz de Trabajo, Javier Guerrero, dos de esas empresas pertenecían a su chófer, Juan Francisco Trujillo, y recibieron 900.000 euros en total. Se trata de Iniciativas Turísticas Sierra Morena SL y Lógica Estratégica Empresarial SL.
La tercera sociedad, Capital Andaluz Siglo XXI de Desarrollo Económico SL, que recibió un mínimo de 150.000 euros –logró varias ayudas y el importe de aquella cuya investigación se paraliza no está cuantificado- pertenece al potente entramado societario creado, según la juez, por José Enrique Rosendo, exconcejal socialista de El Pedroso. Las empresas de Rosendo se hicieron en total con 13,7 millones de euros públicos gracias a ayudas que, según la juez, fueron otorgadas a dedo.
Orden de beneficiar al grupo El Pedroso
En su declaración judicial, el exdirector general de Empleo, Javier Guerrero, aseguró hace un año que la orden de beneficiar al grupo empresarial de El Pedroso partió del entonces máximo responsable del departamento, José Antonio Viera. El sucesor de Viera al frente de Empleo, Antonio Fernández, salió de prisión bajo fianza de 450.000 euros en agosto de 2012. Viera fue secretario general del PSOE sevillano hasta febrero de 2012 y ocupa ahora un escaño en el Senado,. Mientras mantenga ese puesto, la juez Alaya solo tendrá ante sí dos opciones: o no imputarle o ceder la instrucción al Tribunal Supremo, hipótesis que no se perfila inminente a tenor de su actuación. Buena parte de los observadores andaluces dan por hecho que Alaya no incorpora a Viera a la panoplia de imputados para no perder el caso.
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La cuarta empresa, cuyo entramado societario obtuvo 13,7 millones en conjunto. La cuarta aparece ligada al exalcalde de Cazalla, Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del segundo presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, e ingresó 600.000 euros. Si, finalmente, el trámite culmina en algún momento y el Consejo Consultivo de Andalucía, órgano que vela por la legalidad de las actuaciones del Ejecutivo y que es el que se ha excedido en los plazos, dictamina que las ayudas son nulas, las cuatro empresas, como cualquiera de las sujetas a examen, tendrán que devolver el dinero.
Las cuatro sociedades constan en el listado de 55 de los 210 expedientes de ayudas sujetos a revisión y cuya caducidad –es decir, el cierre de la investigación administrativa- decretó el pasado 16 de abril la Consejería andaluza de Economía. El Gobierno andaluz tiene la potestad de reabrir el procedimiento, como de hecho hizo ya en septiembre de 2012 tras una primera declaración de caducidad.
Hasta la fecha, el Consejo Consultivo ha anulado prácticamente todas las ayudas cuya revocación ha solicitado la Junta, aunque todavía no hay cuantificación del dinero devuelto. Ayer, infoLibre pidió a los portavoces autorizados de la Consejería de Economía el dato de a qué importe global ascienden los 55 expedientes cuya caducidad declaró en abril. No hubo respuesta. Tan solo, el anuncio de su segura reapertura. “Aunque caduquen, una vez se reabran no habrá que partir de cero, dado que buena parte del trabajo está realizado”, afirmó una fuente oficial. Cuál es el plazo que una vez expirado implica la caducidad de la revisión es también un extremo difuso, aunque la Junta asegura que puede llegar a cinco meses y medio si se toma en consideración que el Consejo Consultivo cuenta con una especie de mes de carencia.
La revisión de cuatro ayudas concedidas a otras tantas empresas de tres imputados de peso en el caso ERE, que investiga la juez de Sevilla Mercedes Alaya, lleva casi año y medio en barbecho en un proceso administrativo ahora de nuevo paralizado. ¿La causa de la paralización? Que el Consejo Consultivo de Andalucía, encargado de validar cada propuesta de reintegro de ayudas formulada por el Ejecutivo regional, ha superado en dos ocasiones el plazo legal que tiene para pronunciarse. Al superarlo –y esa es la versión del Ejecutivo andaluz- los expedientes entran en estado de "caducidad" y el proceso debe iniciarse de nuevo. Los tres imputados que se benefician del atasco son Juan Francisco Trujillo, el ya célebre chófer del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero; Ángel Rodríguez de la Borbolla, antiguo alcalde de Cazalla (Sevilla) y hermano de un expresidente de la Junta; y José Enrique Rosendo, exedil socialista de un municipio cercano al anterior (El Pedroso) donde todo lo investigado hasta la fecha sitúa el epicentro del caso. Las cuatro ayudas cuya revisión se paraliza ahora, y para las que la primera orden de inspección oficial llegó el 29 de diciembre de 2011, no fueron las únicas que obtuvieron sus empresas. Pero entre las cuatro superan un millón y medio de euros.