Mape Asesores es una empresa con sede en Pontevedra dedicada a la distribución de productos sanitarios y farmacéuticos y a la asesoría de centros médicos. En los primeros meses de la pandemia fue uno de los actores clave en la importación de China de materiales de primera necesidad como mascarillas o batas de protección para el personal sanitario en un momento de escasez global, precios disparados y competencia entre gobiernos por lograr comprar. También en la llegada a Galicia y otros puntos del Estado de material procedente de donaciones.
La compañía tiene un perfil público discreto a pesar de trabajar para diversos gobiernos –el Estado y autonomías– y también con grandes empresas. Una de sus escasas apariciones como protagonista la concedió en 2022 al Diario de Pontevedra, que en un reportaje explicó cómo Mape se movió en aquellas compras salvajes de ofertas disparatadas y pagos por adelantado. Su presidente, Gumersindo Cachafeiro, relataba entonces cómo China "pagaba cuatro veces el valor original de los productos" y "nos lo vendían después multiplicado por diez". Parte de esos materiales importados se los compró la Xunta mediante contratos de emergencia por importe de, al menos, casi 10 millones de euros.
El nombre de Mape Asesores volvió a la actualidad en los últimos días ligado a las peores semanas del covid, de las que ahora se cumplen cuatro años. Pero por un motivo bien diferente: las revelaciones de elDiario.es sobre el presunto fraude fiscal en la que está inmerso Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP en esa autonomía.
Según estas informaciones, el presunto fraude de González Amador está ligado a su intención de evitar pagar impuestos por las comisiones que cobró como mediador en compras y ventas de material sanitario en aquellos meses para la catalana FCS Select Products, S.L. Una de las compradoras fue Mape Asesores, que adquirió productos a FSC por 42 millones de euros en operaciones que, siempre atendiendo a lo publicado por elDiario.es, le valieron a González Amador comisiones de la empresa catalana por importe de 1,9 millones de euros a través de una firma de su propiedad, Maxwell Cremona S.L.
Las eventuales ilegalidades no alcanzarían a la empresa gallega –que tuvo más proveedores– ni tampoco al hecho de que González Amador actuara de intermediario para FCS cobrando como comisionista. Se centrarían en la ocultación de los ingresos a la Hacienda pública por parte de la pareja de Ayuso lo cual, según avanzó también elDiario.es, ya admitió la Fiscalía.
La propia Mape Asesores reconocía esta semana los contactos con González Amador en declaraciones al periódico El País. "El contacto de este hombre nos vino a través de otro hombre del sector sanitario", resumió Cachafeiro, quien detalla que "las primeras mascarillas comencé a comprarlas el 19 de marzo de 2020", por lo que reduce a "milongas" el relato de la pareja de Ayuso a Hacienda, según el cual sus intermediaciones habían comenzado en enero de aquel año, esto es, antes del estado de alarma y, por lo tanto, antes de que se disparara la demanda de mascarillas o batas en España. Cachafeiro confirma además que hace más de un año que proporcionó a la Agencia Tributaria "todo lo que pedían" sobre estas compras.
Una parte de los suministros de Mape Asesores a la Xunta en aquellos meses figura en las relaciones de contratos de emergencia –modalidad de contratación con trámites reducidos al mínimo, permitida por el Estado a causa de la pandemia– que divulgó la Consellería de Sanidade. Lo hizo de una manera poco ordenada y escasamente sistemática y transparente, por lo que el rastreo es dificultoso y las posibilidades de que este no sea absolutamente exhaustivo, elevadas.
Sí es posible afirmar, en todo caso, que al menos existe una decena de contratos por los que Mape suministró a Sanidade materiales por importe de 9,8 millones de euros en el inicio de la pandemia. El grueso de este montante (unos 8,8 millones) se corresponde con ocho contratos que fueron financiados con fondos FEDER de la UE, según acreditó la Dirección General de Recursos Económicos del Sergas en diciembre de 2020.
Los expedientes repasados por Praza.gal muestran que los dos contratos de emergencia del Sergas adjudicados a Mape Asesores por mayor cuantía en aquellos primeros meses del covid-19 se corresponden con máscaras quirúrgicas y batas protectoras por importe de 2,8 y 2,2 millones de euros, respectivamente. Ambos se incluyen en un mismo expediente que pasó por el Consello de la Xunta el 10 de junio de 2020.
También superaron el millón de euros otros dos contratos que el Gobierno gallego tuvo sobre la mesa de su Consello el 8 de abril de aquel 2020. Con un de ellos, Mape Asesores suministró el Sergas de "buzos de protección de un solo uso" de la talla M por 1,3 millones. Otro supuso el suministro de test rápidos de detección del covid en muestras de "sangre/suero/plasma" por 1,04 millones.
Más mascarillas y batas, así como gafas y pantallas de protección, fueron los otros suministros de Mape que constan en los contratos de emergencia de Sanidade por importes que van de los 127.000 a algo más de 800.000 euros. La escasa información divulgada por la Xunta sobre estas contrataciones impide conocer, tanto a través de las relaciones de contratos como de la plataforma oficial de contratación –donde fueron incluidos en 2022–, detalles como las cantidades compradas de cada uno de los productos. También resulta imposible saber, por otra parte, hasta qué punto Mape Asesores tuvo que asumir costes adicionales en sus pagos a FCS para compensar las comisiones del intermediario, una figura que proliferó especialmente en aquellos meses, y si los productos vendidos a la Xunta provenían total o parcialmente de las compras a la empresa catalana.
Proveedor del 20% de las mascarillas y del 40% de las batas, según el Consello de Contas
La información divulgada directamente por la propia Xunta durante la pandemia hace difícil conocer algunos detalles que sí se vislumbran en otro documento, el informe en el que el Consello de Contas –equivalente al Tribunal de Cuentas– fiscalizó los contratos del Sergas ligados al covid-19 en el inicio de la pandemia. Ese trabajo de fiscalización muestra cómo Mape Asesores fue el principal proveedor tanto de mascarillas como de batas de protección, al menos desde lo comienzo de la pandemia y hasta diciembre de 2020.
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Así, por ejemplo, el Consello de Contas registró contratos con Mape Asesores para la compra de mascarillas por importe de 4,5 millones de euros –una cantidad muy semejante a los contratos recopilados por este diario–. La empresa suministró a Sanidade 8,8 millones de mascarillas, casi un 20% del total de las que compró, a un precio medio de 51 céntimos a unidad, lo que implica situarse un poco por encima de la media estatal, indica el Consello de Contas (43 céntimos por mascarilla) pero "entre los cuatro mejores de entre las 14 comunidades autónomas que registraron datos" al respeto.
En lo que respecta a las batas impermeables utilizadas como equipos de protección individual por el personal sanitario, el Sergas compró a Mape Asesores un millón de ellas por contratos que sumaron 2,5 millones de euros, según Contas –Praza.gal detectó expedientes de contratos de emergencia con Mape por este concepto que suman 2,8 millones–. Ese millón de batas fueron casi el 40% de las adquiridas por Sanidade de marzo a diciembre de 2020 con un precio unitario de 2,52 euros, por encima de la media pagada por el propio Sergas (1,84 euros) y en un contexto en el que "el principal proveedor", Mape, "acaparó las compras en el período abril-julio".
Aquí puedes leer el artículo original en gallego.
Mape Asesores es una empresa con sede en Pontevedra dedicada a la distribución de productos sanitarios y farmacéuticos y a la asesoría de centros médicos. En los primeros meses de la pandemia fue uno de los actores clave en la importación de China de materiales de primera necesidad como mascarillas o batas de protección para el personal sanitario en un momento de escasez global, precios disparados y competencia entre gobiernos por lograr comprar. También en la llegada a Galicia y otros puntos del Estado de material procedente de donaciones.