“Buenos días, le llamo del juzgado, tengo dos órdenes judiciales para notificar. Le adelanto que tiene un grave problema judicial”. Así empezó la llamada en número oculto que recibió Yolanda un día de verano de 2020. “Bloqueamos todas las cuentas bancarias que tenga a su nombre, no se va a poder realizar ningún ingreso ni retirada, si existe hipoteca, alquileres, préstamos o recibos tengo orden judicial para que ningún banco descuente nada. Si está trabajando, contactamos con la empresa para bloquear la nómina”. Así siguió. “Pero a ver, explique… ¿¡de qué es esto!?”, se exclamó la mujer, en situación de vulnerabilidad, con un informe de los servicios sociales que acreditaban su precaria situación económica. “Termino. Piense que esta conversación la estamos grabando y se pondrá en sede judicial”, espetó la supuesta trabajadora de los juzgados.
Dos años y medio después, una jueza ha sentado en el banquillo de los acusados a la falsa trabajadora judicial. En la misma sala, los dos máximos responsables de la empresa DPS Consulting, que era quien realmente estaba detrás de todo ese montaje. Se trata de una compañía de recobro que estaba a sueldo de Endesa para exigir a Yolanda el pago de 2.369 euros. Una ley catalana protegía a esta mujer, pero la eléctrica insistía a través de DPS Consulting, que tramó un plan para amedrentar a esta mujer, en paro y en ese momento con dos menores de edad a cargo.
La empresa de recobro tenía un incentivo extra: quedarse con el 18% de la deuda que consiguiera recuperar, tal y como tenían pactado ambas partes, según cuentan a infoLibre tanto la portavoz de la Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE), Maria Campuzano, como el abogado que defiende a Yolanda, David Aranda.
Los querellantes piden cuatro años y nueve meses de cárcel a la falsa funcionaria judicial y a los dos máximos responsables de DPS Consulting por los delitos de usurpación de funciones públicas, coacciones y realización arbitraria del propio derecho, mientras que la Fiscalía rebaja la pena a dos años, por coacciones.
DPS Consulting fue consciente de lo que hizo desde el primer minuto, mucho antes de la denuncia. “Tienes que hacer autocrítica, nosotros muchas veces te dijimos que había unas palabras y unas expresiones que nunca podías decir, como juzgado y tal”, le dijo Joan Seixas, socio de DPS Consulting, a la trabajadora. “Lo reconozco desde el minuto uno, lo que pasaba es que volví del ERTE [expediente de regulación temporal de empleo], estaba sola […], quiero llegar a todas, cobrar [la deuda]… y la cagué”. Esa fue la conversación que mantuvieron el 3 de agosto de 2020, tras la llamada a Yolanda, según la transcripción de una grabación a la cual ha tenido acceso este diario.
“Tenía ganas de que llegara el juicio para que se demostrara todo”
“La jueza flipaba, era bastante simpático todo”, dice Yolanda, a la vez que se le escapa una carcajada. “Me río, pero es muy chungo”, admite. “Cuando acabó el juicio, las partes contrarias vinieron a pedirme disculpas. La fiscal me felicitó. Salí de ese juicio contentísima”, resume.
El camino no ha sido fácil. “Lo vivía con mucha ansiedad. Continuo en vulnerabilidad, pero estoy más tranquila emocionalmente. Tenía ganas de que llegara el juicio para que se demostrara todo lo que pasó”, cuenta Yolanda a este diario. Y pide una cosa: “Que paren ya de amenazar, de amedrentar. Son depredadores”.
“La compañía nunca fomenta las malas praxis y, si se detectan, se depuran responsabilidades”, alega la eléctrica, que evita pronunciarse sobre este caso, pendiente de sentencia. “Es injustificable la explicación de Endesa”, opina Campuzano. “Era plenamente consciente [de lo que hacía la empresa de recobro] y aún hoy sigue trabajando con ella, no tiene explicación, no se entiende y envía un mensaje muy claro de que estas prácticas las consiente”, denuncia. DPS Consulting, que tiene entre sus máximos clientes a Naturgy y Agbar, además de Endesa, no ha respondido a las preguntas de este medio.
“El juicio fue muy bien, Yolanda se pudo explicar”, relata Aranda. “La empresa había diseñado un guion” para coaccionar a su clienta, cuenta, tras las explicaciones que dio la empresa en sede judicial, donde se mostraron las diferencias entre los máximos responsables de DPS Consulting y la propia empleada: “Hubo discusión entre la empresa y la trabajadora. La compañía intentó presionarla”, argumenta Aranda.
El Defensor del Pueblo catalán pide que paren estas llamadas
El Síndic de Greuges —el Defensor del Pueblo catalán— hace tiempo que pide que este tipo de llamadas cesen. “Las empresas suministradoras no deberían ceder a terceras empresas las gestiones de reclamación de deuda de los consumidores vulnerables”, en opinión del organismo.
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Los activistas denuncian que las empresas de recobro no han parado con estas prácticas. “Continua habiendo acoso a familias vulnerables. Hace poco llevamos un nuevo caso al Síndic, en este caso de la empresa Abinitio, que reclama deudas de Endesa y llama a esta persona de forma insistente, desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, manda correos, SMS…”, explica Campuzano. “Esto genera una angustia brutal, cuando las compañías saben perfectamente que son clientes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que tienen una deuda que no pueden pagar”, concluye la portavoz de la Aliança Contra la Pobresa Energética.
La Generalitat firmó en marzo de 2021 un convenio histórico con Endesa para evitar, entre otras, que la eléctrica reclamara deudas a quienes no podían pagar y tuvieran un informe de vulnerabilidad emitido por los servicios sociales municipales. En este acuerdo se pactó que la eléctrica, que controla el 95% de la distribución en Cataluña y que es también la mayor comercializadora, asumía íntegramente la deuda contraída por 35.500 familias desde 2015 hasta 2018 y la mitad de la de los años 2019, 2020 y posteriores.
Durante la primera comparecencia en una comisión del Parlament, a finales de año, el nuevo conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, anunció el pago del año 2021, que ascendía a 17,9 millones de euros. "No podíamos aceptar que la deuda siguiera persiguiendo a las familias", dijo. En aquel entonces las familias vulnerables ya habían ascendido a las 41.000. Mientras, las llamadas siguen, aseguran los activistas, y este juicio, que puede ser clave, está pendiente de sentencia.
“Buenos días, le llamo del juzgado, tengo dos órdenes judiciales para notificar. Le adelanto que tiene un grave problema judicial”. Así empezó la llamada en número oculto que recibió Yolanda un día de verano de 2020. “Bloqueamos todas las cuentas bancarias que tenga a su nombre, no se va a poder realizar ningún ingreso ni retirada, si existe hipoteca, alquileres, préstamos o recibos tengo orden judicial para que ningún banco descuente nada. Si está trabajando, contactamos con la empresa para bloquear la nómina”. Así siguió. “Pero a ver, explique… ¿¡de qué es esto!?”, se exclamó la mujer, en situación de vulnerabilidad, con un informe de los servicios sociales que acreditaban su precaria situación económica. “Termino. Piense que esta conversación la estamos grabando y se pondrá en sede judicial”, espetó la supuesta trabajadora de los juzgados.