Un informe de la Intervención General del Parlamento de Andalucía ha forzado al nuevo partido de Teresa Rodríguez a dar una explicación justo sobre uno de los temas estrella de la líder andalucista: el uso que hacen los diputados de los recursos públicos. Dicho informe concluye que el grupo de Unidas Podemos, durante la etapa en que se llamaba Adelante Andalucía, destinó indebidamente casi 20.000 euros al alquiler y los gastos de dos pisos en Sevilla para al menos siete de sus diputados, algo que la Intervención considera que no debe hacerse. Esta fiscalización abre la puerta a una posible obligación de devolver este dinero, así como otros 700 euros dedicados a gastos de transporte para una manifestación, por parte del actual grupo de Unidas Podemos, donde ya no están Rodríguez ni sus afines y donde se declaran ajenos a los hechos. El caso enrarece aún más las relaciones en la izquierda andaluza, ya dividida y enfrentada.
Los parlamentarios actualmente no adscritos que se alojaron en los dos pisos pertenecen ahora al proyecto Adelante Andalucía, al margen de Unidas Podemos, según fuentes parlamentarias. En un comunicado, Adelante Andalucía señala: "Los dos pisos compartidos por los ocho diputados [el informe dice siete] se pagaron durante seis meses [de julio a diciembre de 2020] desde las finanzas del grupo parlamentario como gastos del mismo. El Parlamento interpreta ahora que esto no se puede hacer". "En ningún caso –añade Adelante– esto supuso ningún enriquecimiento para ninguno de los diputados, que donan sus dietas y el sobrante de su salario ya que tienen limitación salarial; ni para la organización, que a efectos contables contó con los mismos fondos". Adelante asegura que "la recomendación de cómo hacer la contabilidad de los alquileres se hacía desde la gerencia", que era compartida con Unidas Podemos. Este jueves, Adelante publicó un nuevo comunicado [ver aquí] en el que el partido muestra su voluntad de "poner todos los medios para resolver inmediatamente el reparo de la Intervención". El partido expresa la disposición de sus diputados de "reintegrar el dinero con sus dietas actuales, como han hecho en numerosas ocasiones en los últimos años".
Los dos gastos –las viviendas y la donación a una ONG– podrían quedar fuera de los fines que justificaron la concesión de los fondos al grupo, lo que es "causa de reintegro", según el informe, que recuerda que los diputados ya reciben indemnizaciones para alojamiento. Literalmente: "Los gastos de alquiler de una vivienda para alojamiento de los diputados que forman el grupo (ya se trate de un uso eventual o no de la vivienda) y los gastos de suministro (electricidad, gas) o limpieza, podrían incurrir en supuestos de incompatibilidad". El desglose del gasto en vivienda es el siguiente: 16.185,12 euros en arrendamiento, 2.032,80 en limpieza, 1.069,09 en suministros como gas y electricidad. En total, 19.287,01 euros.
El otro gasto supuestamente indebido, siempre según el informe, es de 700 euros en autobús para acudir a una concentración.
Los argumentos de Adelante
La Mesa del Parlamento de Andalucía, órgano de gobierno de la Cámara, ha debatido este miércoles dicho informe de fiscalización. El grupo de Unidas Podemos, del que ya no forman parte por haber sido expulsados por "transfuguismo" los diputados que se alojaron en las viviendas, puede enfrentarse a la obligación de devolución del dinero, señalan fuentes parlamentarias. La situación es peliaguda. Actualmente el grupo está controlado por Izquierda Unida, enfrentada a Adelante Andalucía. Está por ver qué actitud que adopta ahora la coalición liderada por Toni Valero así como Podemos, con Martina Velarde al frente.
La reacción de Adelante Andalucía, ahora liderada por Teresa Rodríguez, ha sido rápida y ha puesto a Unidas Podemos, concretamente a IU, en el punto de mira. En un comunicado hecho público en las redes sociales, Adelante acusa directamente a Izquierda Unida de realizar la "filtración" con la intención de "hacer daño" mediante una "campaña sucia", de "barro y tierra quemada". "Mal camino hacia la unidad", añaden.
El comunicado señala que "es llamativo que este ataque se dé después de que los diputados" de Adelante "hayan sido siempre tan exigentes en lo referente a los privilegios y al uso del dinero público".
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El partido recuerda que siempre ha defendido la reducción y justificación de las indemnizaciones para alojamiento y las dietas. "Para reducir ese gasto, han alquilado dos casas para ocho diputados, un gasto mucho más reducido que el que se gastan la mayoría de diputados de la Cámara andaluza por noche de hotel cada vez que vienen a Sevilla", añaden en el comunicado.
"Es llamativo que se señale a los diputados que disminuyen gastos compartiendo piso y no a los diputados del resto de grupos que prefieren pasar noches en hoteles". En realidad, el informe no entra en qué es más austero o eficiente, sino que se limita a señalar que no son gastos apropiados para un grupo parlamentario.
Adelante recuerda el sobrante de las dietas de sus diputados ha sido donado a diferentes organizaciones, algo que "no hace ningún otro partido del Parlamento andaluz". Además, recuerdan Rodríguez y los suyos, los 11 diputados de Adelante –expulsados del grupo parlamentario– "propusieron durante la pandemia una reducción de su salario del 60%". Por último, Adelante recalca que los 11 no adscritos no reciben ningún dinero como grupo y que Unidas Podemos "sigue percibiendo la misma subvención de 17 miembros aunque sean sólo seis, gracias al acuerdo llevado a cabo con PP, Ciudadanos, PSOE y Vox".
Un informe de la Intervención General del Parlamento de Andalucía ha forzado al nuevo partido de Teresa Rodríguez a dar una explicación justo sobre uno de los temas estrella de la líder andalucista: el uso que hacen los diputados de los recursos públicos. Dicho informe concluye que el grupo de Unidas Podemos, durante la etapa en que se llamaba Adelante Andalucía, destinó indebidamente casi 20.000 euros al alquiler y los gastos de dos pisos en Sevilla para al menos siete de sus diputados, algo que la Intervención considera que no debe hacerse. Esta fiscalización abre la puerta a una posible obligación de devolver este dinero, así como otros 700 euros dedicados a gastos de transporte para una manifestación, por parte del actual grupo de Unidas Podemos, donde ya no están Rodríguez ni sus afines y donde se declaran ajenos a los hechos. El caso enrarece aún más las relaciones en la izquierda andaluza, ya dividida y enfrentada.