Los ministros de Trabajo de los 27 aprobaron en junio del año pasado la iniciativa hispano-belga de crear un Mecanismo de Alerta Social para corregir desigualdades. Se trata de que indicadores sociales como el nivel de pobreza o económicos como la tasa de desempleo se vigilen al mismo nivel que se vigilan hoy indicadores presupuestarios como el déficit público o la deuda pública. La propuesta fue lanzada el año pasado por la vicepresidenta del Gobierno español Yolanda Díaz y por el viceprimer ministro belga Pierre-Yves Dermagne.
Las cosas de palacio van despacio y ha habido que esperar casi un año a que este jueves el Parlamento Europeo diera su visto bueno, por amplia mayoría, al proyecto de “otorgar a los derechos sociales la misma prioridad que la economía y al medio ambiente”. La votación salió adelante con 401 votos a favor, 139 en contra y 41 abstenciones. Todos los eurodiputados españoles excepto los de Vox votaron a favor. También los del PP, en contradicción con las críticas de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso a las políticas de justicia social.
El origen de la propuesta hispano-belga está en la cumbre social de Oporto de mayo de 2021. Tras aquella cumbre los eurodiputados se comprometieron a dar más importancia a asuntos como el empleo, la formación laboral y la pobreza.
Ahora piden a la Comisión Europea que empiece a actuar en ese aspecto y ponga en marcha lo aprobado por los ministros de Trabajo hace un año “porque para hacer realidad una Europa justa, social e inclusiva los derechos sociales tienen que estar completamente protegidos, salvaguardados y deben tener un lugar central en las políticas europeas”.
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La resolución europarlamentaria asegura que “los aspectos sociales deben ser tratados con la misma urgencia que los económicos y los medioambientales” y que para eso hace falta más inversión en políticas sociales. Exigen a la Comisión Europea que a partir del acuerdo de los ministros de Trabajo y de esta resolución del Parlamento Europeo cree los instrumentos legales necesarios.
El Pilar Social Europeo, semilla de estas políticas a nivel europeo, tiene objetivos en cifras. Pretende que se alcance una tasa de empleo del 78% de la población entre 20 y 64 años, que al menos el 60% de los adultos siga algún tipo de formación cada año y que haya menos de 15 millones de personas en la Unión Europea en riesgo de pobreza o exclusión social. Ahora hay, según los datos de Eurostat, 95 millones de personas en esa situación.
Dermagne y Yolanda Díaz siguen coordinando sus planes para reforzar derechos sociales. Después de la presidencia española del Consejo de la UE en el segundo semestre del año, donde Díaz presidirá las reuniones de ministros de Trabajo y Economía Social, llegará la presidencia belga (también con elecciones generales, las suyas en mayo de 2024), con lo que Dermagne debería recoger el testigo de Díaz en esos asuntos.
Los ministros de Trabajo de los 27 aprobaron en junio del año pasado la iniciativa hispano-belga de crear un Mecanismo de Alerta Social para corregir desigualdades. Se trata de que indicadores sociales como el nivel de pobreza o económicos como la tasa de desempleo se vigilen al mismo nivel que se vigilan hoy indicadores presupuestarios como el déficit público o la deuda pública. La propuesta fue lanzada el año pasado por la vicepresidenta del Gobierno español Yolanda Díaz y por el viceprimer ministro belga Pierre-Yves Dermagne.