El compostelano Pazo do Hórreo, sede del Parlamento de Galicia, se convirtió el pasado martes en escenario de un acontecimiento "insólito". Es, al menos, el adjetivo que mayor consenso genera entre la oposición a la hora de calificar el reproche por parte del presidente de la Cámara autonómica, Miguel Santalices, hacia una de las diputadas de En Marea que se refirió al PP como un partido "condenado por corrupción". El reproche no se quedó en meras palabras, sino que Santalices ordenó retirar aquella expresión y llamó al orden a la parlamentaria. Una escena prácticamente idéntica a la que se repitió el día siguiente. Esta vez fue una intervención del BNG la que suscitó la censura del presidente, quien después reveló la naturaleza del veto: se basaba en un informe encargado al equipo jurídico del Parlamento para determinar qué expresiones están permitidas en torno a la sentencia por la trama Gürtel. Un informe al que ningún grupo ha tenido acceso.
El martes 5 de julio la diputada Carmen Santos era reprobada por Santalices. "Algunas expresiones vertidas por usted atentan contra la dignidad de un grupo, en este caso cuando usted utiliza la expresión condenados por corrupción, porque eso es inexacto. La sentencia habla claramente de partícipe a título lucrativo, no penal. Por lo tanto, le pido que retire esa expresión". Tras la negativa de Santos, el presidente de la Cámara decidió retirar la expresión e hizo una llamada al orden. Al día siguiente, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, declaraba que el PP era el "único partido de Europa condenado por corrupción", a lo que Santalices reaccionó de forma idéntica.
"Yo ya expliqué, creo que con bastante claridad, que aquí me dejo llevar por los informes jurídicos de los letrados, no como en otros parlamentos donde no se tienen en cuenta a los letrados", señaló el conservador. "En este caso tengo un informe que me dice determinadas expresiones que no debo consentir y que debo llamar al orden, entre ellas figura la que usted mencionó, por tanto le pido que la retire, porque sino la tengo que retirar yo y llamarle consecuentemente al orden", reiteraba Santalices.
El informe solicitado por el político del PP, tal y como explicó él mismo en la sesión del miércoles, es "una petición personal que hace el presidente para el manejo de su debate y del control de la sesión parlamentaria". El presidente de la Cámara expresó que su experiencia le permitía intuir "cuál iba a ser esta cuestión, y antes de venir a un pleno donde sabía lo que se iba a suscitar" decidió pedirle "un informe a los letrados, y los letrados lo hacen". Las protestas de la oposición forzaron la convocatoria de una Junta de Portavoces extraordinaria, en la que los grupos exigieron revisar dicho informe, que el presidente rechazó hacer público.
infoLibre ha interpelado al Parlamento de Galicia respecto el contenido del documento, pero fuentes oficiales han reiterado que "no es público" y que "lo pidió él [Santalices] por escrito para preparar la sesión". En este sentido, confirmaron las mismas fuentes, el presidente del Parlamento es el único que puede acceder al documento. Ante la pregunta de cómo se ordena el debate en la Cámara, si el único que conoce el informe es el presidente, la respuesta fue que la responsabilidad recae en los letrados encargados de asesorar a toda persona encargada de presidir el Parlamento, aunque sea de forma circunstancial. Lo cierto es que cualquier diputado tiene derecho a solicitar un informe sobre un tema determinado y el documento resultante no es de carácter público. La polémica surge cuando, como en este caso, se trata de un asunto que afecta directamente a los grupos parlamentarios, a la dinámica de los debates y a los derechos del resto de diputados.
"Mordaza preventiva"
Ninguno de los grupos que ocupan actualmente el Hemiciclo ha tenido acceso al informe. Fuentes del grupo parlamentario del PP confirman a infoLibre que el presidente "ya explicó que el informe es interno para regular los debates en el pleno", de modo que tampoco los conservadores han podido consultar en qué términos se expresa.
Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz del grupo socialista en el Parlamento gallego, explica en conversación con este periódico que los grupos pidieron el informe en la Junta de Portavoces extraordinaria convocada el miércoles. "No fue posible, bajo el pretexto de que se trataba de una solicitud personal", relata Leiceaga. Sin embargo, agrega, "el presidente es un órgano del Parlamento", así que ese informe "debería hacerse público". El socialista califica de "muy extraño que, siendo un instrumento que se utiliza para determinar lo que podemos o no podemos decir, no podamos tener acceso a ese documento. No es admisible".
Leiceaga no descarta reiterar la demanda trasladada el miércoles al presidente, pero reconoce que ya lo hicieron hasta en dos ocasiones y no hubo respuesta. "Esto nos aboca a tener que usar instrumentos mucho más largos y costosos para defender nuestros derechos". En todo caso, el socialista entiende que este episodio se ciñó "a una situación determinada" y confía en que la herramienta "no vuelva a usarse". A pesar de ello, continúa, "como precedente es desastroso".
Igualmente asombrado pero manifiestamente más rotundo se expresa el portavoz de En Marea en el Parlamento de Galicia, Luís Villares. Lo sucedido es "propio de un Estado nacional fascista", donde existía "normativa secreta que no conocías pero que no podías infringir". Villares critica, en conversación telefónica con infoLibre, que la actitud de Santalices es la de "utilizar parcial e interesadamente los servicios jurídicos a su propio antojo", algo que además "no es nuevo", pues el presidente "lleva dirigiendo de forma absolutamente partidista toda la legislatura".
Villares juzga también las formas. El hecho de que los afectados desconozcan qué expresiones exactas están vetadas no sólo tiene escaso poder disuasorio, sino que deja a los diputados "en total indefensión". Como los parlamentarios no saben a qué atenerse, agrega el portavoz, seguirán diciendo lo que piensan del PP y de la sentencia. Además, agrega, si bien el partido no está condenado desde un punto de vista penal, "desde un punto de vista vulgar, en el lenguaje de calle, beneficiarse de los efectos de la corrupción es una práctica corrupta". Villares también critica el doble rasero del PP y del presidente del Parlamento y pone como ejemplo la ola de incendios que vivió Galicia en octubre de 2017. Feijóo "dijo que había terrorismo incendiario para disfrazar su incompetencia" y aunque la Fiscalía aseguró que no existía ninguna trama incendiaria, al líder conservador "le dio igual" y continúo reiterando sus acusaciones. El grupo de En Marea, del mismo modo que el resto de la oposición, insistirá en acceder al informe "hasta conseguirlo".
Los trabajadores de la radio y televisión gallega se rebelan contra Feijóo
Ana Pontón es también tajante al calificar lo acontenido. "Es una situación absolutamente anómala, no recuerdo nada parecido en el Parlamento de Galicia nunca", expresa en declaraciones a este periódico. El hecho de encargar "un informe para aplicar una mordaza preventiva por decir algo como que el PP es el primer partido de Europa condenado por corrupción" atenta contra la "libertad política" de los diputados. "Se pasan todas las líneas rojas de la democracia si en un parlamento no podemos expresar nuestra opinión política", agrega la portavoz nacionalista, quien tilda lo sucedido de "anomalía política".
Pontón señala que en la próxima Junta de Portavoces ordinaria, que se celebrará el martes, reclamarán formalmente el informe una vez más. Si de nuevo el presidente vuelve a negar el acceso al mismo, los nacionalistas estudian otro tipo de actuaciones. "No descartamos ninguna vía", añade la portavoz, quien baraja "recurrir a la Defensora del Pueblo, pedir la apertura de un expediente por falta de transparencia" o, finalmente, "pensar que no existe tal informe, lo cual sería muy grave".
Pontón insiste, asimismo, en que "la figura del informe privado del presidente no existe en el Reglamento de la Cámara y los servicios jurídicos funcionan como servicio de asesoramiento al Parlamento", de modo que los grupos, entiende, "como órganos reconocidos dentro del Reglamento", tienen "derecho a acceder a la misma documentación oficial que el presidente". Se trata de una cuestión "muy grave, inasumible desde el punto de vista democrático" que, por otro lado, "delata la enorme debilidad de Feijóo". Resulta "sorprendente que haya un cambio de gobierno a nivel estatal en base a una sentencia que condena al PP por corrupción, y en Galicia se pretenda amordazar a los grupos por manifestar una opinión que en el Congreso se expresa con normalidad". Esta, dice, "es la carta de presentación de Feijóo".
El compostelano Pazo do Hórreo, sede del Parlamento de Galicia, se convirtió el pasado martes en escenario de un acontecimiento "insólito". Es, al menos, el adjetivo que mayor consenso genera entre la oposición a la hora de calificar el reproche por parte del presidente de la Cámara autonómica, Miguel Santalices, hacia una de las diputadas de En Marea que se refirió al PP como un partido "condenado por corrupción". El reproche no se quedó en meras palabras, sino que Santalices ordenó retirar aquella expresión y llamó al orden a la parlamentaria. Una escena prácticamente idéntica a la que se repitió el día siguiente. Esta vez fue una intervención del BNG la que suscitó la censura del presidente, quien después reveló la naturaleza del veto: se basaba en un informe encargado al equipo jurídico del Parlamento para determinar qué expresiones están permitidas en torno a la sentencia por la trama Gürtel. Un informe al que ningún grupo ha tenido acceso.