Los partidos afrontan el 40 aniversario de la Constitución con diferencias insalvables sobre su reforma

El Congreso de los Diputados acoge este jueves la celebración del 40 aniversario de la Constitución Española, un cumpleaños que supera ya en muchos a la mayoría de edad y que dirige el foco a la necesidad de introducir reformas, de adaptar al siglo XXI un texto que nació para hacer la transición de una dictadura a la democracia. En 40 años España ha cambiado con el ingreso en la Unión Europea, la aparición de nuevos partidos, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, el incremento de la corrupción en el seno de los partidos políticos y la crisis territorial...

Si hablamos de la teoría, sobre el papel, ningún partido político niega que la Carta Magna necesite ser adaptada, modernizada. Todos tienen claras las prioridades. Luego, sobre el terreno, las posturas son contrapuestas. No hay una base sólida común de la que partir porque donde unas formaciones ven prioridades, otras ven cesiones a los independentistas. Y donde unas ven urgencias, otras ven elementos accesorios.

Si se tiene en cuenta la postura de los diferentes portavoces parlamentarios que participaron en el debate que dio pie a la aprobación de la Constitución, no hay duda de que estos se sorprenderían a día de hoy de que el texto permanezca casi intacto. El diario de sesiones da cuenta de que el proyecto no se concibió como algo inalterable. 

Manuel Fraga, por ejemplo, que hablaba en nombre de Alianza Popular (AP), el partido en el que tiene origen el PP, dejó claro que su grupo tenía "serios reparos" al texto. "Mantenemos nuestras serias críticas, que convertimos en programa prioritario de reforma constitucional", diría. Antes, con Mariano Rajoy, y ahora, con Pablo Casado, el PP es uno de los partidos que más reservas muestra a la hora de "abrir el melón constitucional".

En un escenario político tan complejo como el actual y, sin perder de vista el desafío independentista catalán, no salen los números. Cualquier modificación requiere del concurso del partido de Casado. La Carta Magna establece que los proyectos de reforma constitucional "deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras". Si lo que se propone es una "revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes".

A continuación, infoLibre repasa los puntos de partida de las principales formaciones políticas, sus prioridades y sus líneas rojas.

PARTIDO POPULAR

Independientemente del líder que se trate, en materia de reforma constitucional, los conservadores viven en un permanente tirar la piedra y esconder la mano. En los años de Gobierno de Mariano Rajoy –la primera legislatura gozaron de mayoría absoluta– el expresidente retaba a los partidos, sobre todo a los independentistas, a lograr sus demandas por la vía de la reforma constitucional. Era una invitación en vano porque esta iba a contar con el voto en contra del PP.

Por un lado, los conservadores no cerraban la puerta al escenario de una reforma constitucional. Por otro, advertían de lo delicado de abrir el debate cuando no existían unos consensos mínimos. Y, de paso, llevaban a las Cortes iniciativas para defender la plena vigencia del texto de 1978.

Después llegó la legislatura sin mayoría absoluta en el Congreso, la que arrancó en 2016. Al PP no le bastaba sólo con sacar adelante la iniciativa en la Cámara Baja y controlar todo el proceso hasta el Senado, donde, como ahora, también disponía de mayoría absoluta. El temor en el equipo de Rajoy era que, una vez aprobada la nueva redacción, una décima parte de los parlamentarios de cualquiera de las Cámaras pidiese que ésta fuese sometida a referéndum para su ratificación.

El PP de Rajoy creía que con el PSOE y Ciudadanos podría llegar a pactar un texto que incluyese, por ejemplo, la reducción de los aforamientos. El problema para el PP lo planteaba el Grupo de Unidos Podemos que, con 67 diputados, podría perfectamente plantear la consulta pública contemplada en el artículo 167 de la Constitución.

   

El temor del PP era, como es ahora, que la campaña para ese referéndum se convirtiese en un plebiscito sobre cuestiones más de fondo como la forma de Estado.

Casado llegó a la presidencia del PP el pasado julio ofreciendo a su partido "un contrato con España" que pasaba por un "fortalecimiento institucional", "por reforzar nuestra Constitución en vez de plantear abrirla en canal".

Se niegan a "morder el anzuelo"

La primera vez que Casado tuvo oportunidad de pronunciarse sobre una reforma de la Carta Magna fue el pasado 17 de septiembre. El presidente del Gobierno había decidido celebrar sus cien días en el Gobierno anunciando la supresión de los aforamientos a los políticos. Pese a que la iniciativa, que recibió luz verde en el Consejo de Ministros del pasado viernes, sólo afectaba a diputados y senadores, en el PP quisieron ver un pago a los "golpistas" catalanes.

"No vamos a morder el anzuelo. Que quieren suprimir los aforamientos, nos parece fenomenal: los 250.000. ¿Qué problema hay? [...] En España hay 250.000. Que se quieren quitar, me parece muy bien. Nosotros hemos propuesto en el programa electoral la racionalización de los aforamientos", dijo Casado.

El líder de los conservadores destacó que El PP no está a favor de una reforma constitucional "porque no tenemos mimbres para hacer un mejor cesto". "Porque enfrente no tenemos a Solé Tura, tenemos a Pablo Iglesias; ni tenemos a Miquel Roca, tenemos a Puigdemont o a Torra; ni siquiera tenemos a Peces Barba, tenemos a Pedro Sánchez", añadió.

En el PP se extrañan de que la "urgencia" sea ahora los aforamientos. ¿Qué es entonces lo urgente para el principal partido de la oposición? Casado dio la respuesta en ese mismo acto. En primer lugar, habló de "derogar la disposición adicional cuarta que permite la anexión de Navarra al País Vasco de forma legal y constitucional".

"¿O no es urgente la sucesión a la Corona, o no es urgente cuantificar el título octavo [...] O es que no es urgente, por ejemplo, ampliar lo que es la delimitación de los derechos que el constituyente sólo planteó en el articulado? ¿Por qué es urgente los aforamientos", se preguntó. Y se respondió a sí mismo: "Por Sánchez".

Muchos de los argumentos del PP contra una reforma constitucional se dan de bruces con la realidad. Tras las elecciones andaluzas del pasado domingo, si Juanma Moreno quiere presidir la Junta debe contar con el apoyo del partido de extrema derecha Vox. Uno de los puntos fuertes de la formación liderada por el exmilitante del PP Santiago Abascal es la supresión de las autonomías. Esto requiere de una reforma constitucional completa.

PARTIDO SOCIALISTA

Ahora que está en el Gobierno, el principal problema que tiene el PSOE de Pedro Sánchez para sacar adelante una reforma Constitucional se llama Partido Popular. Con su mayoría absoluta en el Senado, los conservadores tienen la llave que bloquea o desbloquea cualquier avance.

En función de quién observe la propuesta que hacen, o los socialistas van muy lejos para contentar a los independentistas y a Podemos. O se quedan cortos no atreviéndose, por ejemplo, a acabar con los privilegios de la Casa del Rey. Así es como lo perciben, respectivamente, en el Partido Popular y en Podemos.

La primera iniciativa en firme de reforma de los socialistas llegó la semana pasada al Consejo de Ministros: la limitación de los aforamientos. Y la reacción del resto de partidos es un ejemplo perfecto de lo complejo de llegar a acuerdos incluso en cuestiones en las que, a priori, las formaciones no tendrían que tener demasiados problemas. 

Como sugirió el Consejo de Estado, órgano al que se elevó una consulta después de que Sánchez hiciera el anuncio, se pretende modificar los artículos 71.3 y 102.1. Son los que recogen –respectivamente– el aforamiento de los 350 diputados y los 266 senadores y el del presidente del Gobierno y sus ministros. Se trata de incluir en ellos que diputados, senadores y miembros del Gobierno serán juzgados por el Tribunal Supremo únicamente en el caso de "delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo".

 

Esta misma semana, el presidente del Gobierno ha asegurado que es partidario de suprimir la inviolabilidad del rey, algo que, a su juicio, hasta el Felipe VI vería con buenos ojos. Pero también admitió que no iba a presentar iniciativa al respecto puesto que, al requerir una reforma agravada de la Carta Magna, no hay tiempo en esta legislatura. Ni tiempo, ni posibilidad de lograr los apoyos necesarios. Nada más conocerse la noticia, Pablo Casado (PP) ya advirtió de que con su partido no cuenten. Y desde Unidos Podemos le animaron a dar el paso.

También quedará pendiente abordar la cuestión territorial. PP y PSOE han avanzado poco en la comisión parlamentaria impulsada por Pedro Sánchez hace poco más de un año para estudiar el modelo territorial, una especie de regalo del expresidente por el apoyo en Cataluña. La idea era analizar el modelo autonómico como paso previo a la reforma constitucional. Pero no es ningún secreto que los conservadores la intentaron desinflar desde el primer minuto advirtiendo de que no tenían ningún compromiso a la hora de apoyar una eventual reforma.

UNIDOS PODEMOS

La formación liderada por Pablo Iglesias no oculta que cualquier propuesta de reforma de la Constitución irá acompañada del referéndum que la propia Carta Magna reserva como opción a un determinado número de parlamentarios.

El punto 3 del artículo 167 de la Constitución refleja que "aprobada la reforma [constitucional] por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras".

Esto fue lo que se recordó desde el partido morado nada más anunciar Pedro Sánchez la reforma para acabar con los aforamientos, algo que reclaman se extienda también a los miembros de la Casa del Rey. En Podemos sólo están dispuestos a aprobar una reforma constitucional si esta va acompañada de un referéndum. Es una prerrogativa que está en su mano al contar con más de 35 diputados en el Congreso.

La formación que lidera Pablo Iglesias es partidaria de que la Constitución se someta a una reforma profunda más allá de esa reforma de los aforamientos que está ahora sobre la mesa. Abogan por otras cuestiones como el blindaje de los derechos sociales, un nuevo acuerdo territorial o acabar con la inviolabilidad del jefe del Estado.

Otra de las demandas clásicas de Podemos es la de la derogación del artículo 135.

 

Hace un año, en el 39 cumpleaños de la Constitución, Rajoy había cedido ante Sánchez dando apoyo a una comisión parlamentaria con el fin de abrir en el Congreso el debate sobre la reforma de la Carta Magna. Era el pago del expresidente al PSOE por el apoyo que había obtenido en el Senado a la aplicación del artículo 155 para Cataluña. Iglesias discrepaba de la creación de este grupo de trabajo. Creía que iba en contra del "diálogo de país" que, a su juicio, debe abordarse para reformar la ley fundamental. Y consideraba, como a día de hoy insiste Podemos, que cualquier reforma tiene que pasar por estos tres ejes: modelo social, territorial y lucha contra la corrupción.

CIUDADANOS

Un día después de que Sánchez anunciara la propuesta para reducir los aforamientos, el pleno del Congreso de los Diputados aprobaba sin ningún voto en contra una moción de Ciudadanos en la que se instaba al Gobierno a cambiar la Constitución en un plazo de tres meses para suprimir los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno, y a los Parlamentos regionales a modificar sus respectivos Estatutos para desaforar también a sus parlamentarios.

El encargado de defender la moción fue el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. En su turno de palabra recurrió a la ironía para señalar que por un momento se había creído que Pedro Sánchez había asumido esta demanda social en el acto con los que celebró sus cien días en el Gobierno, pero que había tardado poco en darse cuenta de que era "un fraude" puesto que sólo persigue quitar el fuero a los cargos públicos para asuntos no relacionados con el ejercicio de sus funciones.

En su programa para las últimas generales, el partido naranja contemplaba esta cuestión en dos puntos, en 282: "Suprimiremos los aforamientos y suplicatorios de diputados y senadores, salvo para delitos relacionados con la actividad política del parlamentario" y el 283: "Suprimiremos los aforamientos y suplicatorios para todos los cargos electos, y estableceremos un régimen de incompatibilidades con verdaderas garantías de control y sanción".

La reforma constitucional figura en tres ocasiones en el bloque que las 350 soluciones para cambiar España a mejor dedica a "Regeneración democrática y lucha contra la corrupción".

Uno de los objetivos de esa modificación de la Carta Magna era la supresión del Senado para ser sustituido por un Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas. "Sus miembros dispondrán de un voto ponderado en función de la población de la respectiva Comunidad", proponían en el partido naranja. Esta idea fue matizada después por otra más asumida por el resto de fuerzas políticas que es la de la transformación en una verdadera Cámara de representación territorial.

 

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Una de las reivindicaciones clásicas del partido naranja es la de una nueva ley electoral "para que el voto de todos los españoles valga lo mismo". "Impulsaremos una reforma constitucional para asegurar un régimen electoral que responda al principio "una persona un voto".

"Garantizaremos un órgano de gobierno del Poder judicial independiente y sin partidismos. Hasta que se proceda a reformar la Constitución, propondremos la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que doce de los vocales integrantes del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos directamente por los Jueces y Magistrados. Una vez se abra el debate constitucional, propondremos fórmulas que garanticen la independencia mediante el nombramiento de un consejo reducido y con poderes limitados", proponían en materia judicial.

Tras la ruptura del pacto entre PP y PSOE para el renovación del Consejo General del Poder Judicial el pasado octubre, Ciudadanos acusó a los conservadores de "plagiar" su propuesta de reforma del órgano de gobierno de los jueces.