De la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, una guía para hacer un mundo mejor y que abarca desde el cambio climático hasta la pobreza, la infancia y la mujer, se ha escrito y teorizado mucho. En el caso de España, el análisis de organizaciones como el Observatorio de la Sostenibilidad es amplio y detallado, desgranando meta a meta las carencias de un país, en esencia, profundamente insostenible. Que, por ejemplo, no ha abordado aún en serio una transición energética que descarbonice su economía y que cuenta con unos niveles de pobreza, desigualdad, exclusión social y precariedad alarmantes para todo Estado que se dice "desarrollado".
Pero, más allá de señalar las deficiencias, la responsabilidad de la sociedad civil también está en aportar ideas, soluciones y medidas concretas que bajen los ODS de las salas de conferencias a la calle. Es uno de los objetivos principales del nuevo informe que ha presentado este jueves Futuro en Común, una alianza de más de 50 organizaciones de ámbitos como el ecologismo, la cooperación o la lucha contra la pobreza, titulado Una Agenda 2030 transformadora para las personas y el planeta.
"Hay que reivindicar que la Agenda 2030 sea una agenda que nos cambie la vida", reivindica Cristina Monge, representante de Futuro en Común y columnista de infoLibre, que ha presentado el informe en el Jardín Botánico de Madrid. De eso se trata: de hablar de los ODS como una herramienta con potencial transformador y no solo como un mecanismo de análisis. En ese sentido, el documento de Futuro en Común plantea, dentro de la abrumadora amalgama de deberes que plantean los objetivos, cuatro desafíos: pobreza y desigualdad, medio ambiente, violencias y el papel de España en el mundo. Y cada desafío, con sus propuestas, sin descuidar la radiografía.
El primer desafío recibe el nombre de "no dejar a nadie atrás". La pobreza y desigualdad se explica muy bien con cifras. En 2016 España era el cuarto país más desigual de la UE; el 26,6% de los españoles están en riesgo de pobreza y/o exclusión (y un 16,3% de las ocupadas, desacoplándose tener un trabajo y vivir dignamente); y la situación de minorías como la gitana y de sectores poblacionales como el infantil, los niños y niñas, es especialmente grave. Ante el panorama, Futuro en Común propone actuar ya, con un sistema de garantía de ingresos mínimos "configurado como derecho subjetivo", una prestación universal por niño y niña a cargo o una prestación real y mejorada para la dependencia, habida cuenta de que "durante 2017 fallecieron diariamente más de 100 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicio", cifra el análisis.
Javier Pérez es receptor de renta mínima y, además, miembro de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, (EAPN, siglas en inglés). Pérez ha participado en la presentación del informe y, a su juicio, la "realidad" que desvela es "completamente inaceptable", sobre todo en cuanto a la "invisibilización" de la mujer, de la pobreza infantil y de la de etnias como la gitana. "La sociedad ha vuelto la cara a la pobreza durante muchos años. Y la crisis ha hecho volver a poner los ojos sobre ella y entender que cualquier persona puede caer", asegura. Para Pérez, la prioridad debe ser, más allá de unos "ingresos mínimos dignos", reformar de cabo a rabo las políticas de vivienda y del mercado laboral. Para que pagar un alquiler no sea un suplicio y el trabajo sea sinónimo de dignidad. "Hay que abrir de nuevo la sociedad a personas que se han quedado atrás", resume.
El eje de medioambiente, además de insistir en la aprobación urgente de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, pone el foco en la gran olvidada: la biodiversidad. Ya advirtió el ambientalista Luis Miguel Domínguez, en la presentación del informe del Observatorio, que la palabra biodiversidad no aparecía ni una sola vez en el texto de los ODS. Y el desarrollo sostenible, coinciden todos los expertos y también los autores del documento de Futuro en Común, pasa por entender que "somos el planeta que habitamos", que sin un entorno natural y unos ecosistemas sanos el resto del modelo productivo de cualquier civilización se derrumba como un castillo de naipes. Según un informe del Ministerio de Medio Ambiente de 2015, solo el 10% de los hábitats y el 20% de las especies estaban en buen estado de conservación.
Futuro en Común exige un Plan de Emergencia para detener la pérdida de biodiversidad de cara a 2020, año en el que finalizan las llamadas metas de Aichi, lo "equivalente" al Acuerdo de París en esta materia. Quedan algo menos de 900 días para cumplir los objetivos, de ahí la "emergencia" que ya han pedido explícitamente asociaciones como Ecologistas en Acción. "No podemos estar orgullosos de la senda tomada por España en cuestiones de biodiversidad", aseguró el miércoles la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
La red de organizaciones, además, propone un eje global para abordar, desde la óptica de la Agenda 2030, todo tipo de violencias. Desde la de género hasta la trata de seres humanos, pasando por la que sufren los migrantes que llegan a España y que se encuentran con devoluciones en caliente en la frontera y con intolerancia rayada en el racismo; o por la que ejerce ley mordaza, ya que consideran que "no hay democracia posible en vidas con miedo y amenazas". "En España asistimos a una reducción de los espacios cívicos seguros donde la ciudadanía puede expresarse y actuar libremente", afirma el informe.
En cuanto a las actuaciones, Futuro en Común exige, entre otras, la reforma de la Ley contra la Violencia de Género para adaptarla al Convenio de Estambul del Consejo de Europa. Algunas comunidades autónomas ya lo integran, pero la norma estatal no, aunque el Ministerio del Interior ha anunciado que así lo hará. Incluye un abordaje completo e integral de todas las formas de violencia contra la mujer y, de relevancia en polémicas como la sentencia de La Manada y el debate legal posterior, afirma que "el consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona".
Muchas de estas medidas son rápidas, sencillas y poco costosas de aplicar. Y, más allá de su importancia simbólica, pueden cambiar la realidad material de la gente, como la posible derogación de la ley mordaza. Otras, sin embargo, no son tan fáciles, como las relativas a la pobreza, que en muchos casos requieren perspectivas económicas y sociales muy distintas. Monge reconoce la dificultad, pero insiste en la necesidad de "convertir la Agenda en una hoja de ruta" e ir aplicando cambios progresivamente. Para la socióloga, se trata de llegar a ellos "desde una senda de innovación política", que en vez de esperar a que el Gobierno de turno ejecute unilateralmente, asuma la interlocución con la sociedad civil como el modus operandi por defecto.
Optimismo moderado
Hay cierto ambiente de optimismo moderado entre los agentes que trabajan y difunden los ODS con el nuevo Gobierno socialista. El Ejecutivo de Sánchez ha presentado un Plan de Acción de Desarrollo Sostenible, previo paso a una Estrategia Nacional, que a juicio de Monge no guarda, para bien, ningún tipo de parecido con el plan del Gobierno de Rajoy. El Alto Comisionado de los ODS se ha integrado en Presidencia, en vez de en Exteriores, síntoma de que han entendido que la Agenda 2030 es una herramienta de transformación del propio país y no solo un simple mecanismo de ayuda a la cooperación. Y ya se están planteando medidas, en todos los ámbitos y todas las carteras, que van en la línea, considera.
La implementación del plan comenzará el 19 de julio. El Gobierno prevé que el proceso de preparación de la agenda a diez años comenzará en septiembre u octubre y que estará "muy perfilada" a lo largo del segundo semestre de 2019, explica Europa Press. Para implicar a los ciudadanos en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, el Ejecutivo pondrá en marcha de forma progresiva diversas campañas de comunicación.
El Ejecutivo se presenta a su primer "examen" en la materia el día antes de la puesta en marcha del plan, el 18 de julio, ante el Foro Político de Alto Nivel para la Agenda 2030 en la sede Naciones Unidas en Nueva York. Ahí se pondrá de manifiesto lo que analistas y activistas llevan mucho tiempo avisando: queda mucho, mucho por hacer. Falta por ver si las "señales en positivo", según Monge, se trasladan a transformaciones en positivo.Según informa la agencia,
durante la exposición, que tendrá una duración de quince minutos, el ministro de Asuntos Exteriores hará una "interpretación rigurosa" de los logros que ha conseguido España como país desarrollado, así como los compromisos de la población y de políticas públicas en las que hay que seguir trabajando. Así, se contrastarán las fortalezas de España, como el sistema sanitario público, con la necesidad de ir consolidando nuevas políticas de cara a cumplir con los ODS, como avanzar en la lucha contra la pobreza infantil.
Al terminar la presentación, en la que también participarán Ribera y Gallach, habrá un espacio en el que la sociedad civil podrá interpelar las exposiciones de los gobiernos, por lo que cada país se somete a que los ciudadanos puedan desmentir lo que están presentando. El objetivo de este foro, que es anual y voluntario, es tratar de inducir un espacio en el que cada país se retrata, con un único premio de prestigio para aquellos que cumplen las metas de la Agenda 2030.
De la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, una guía para hacer un mundo mejor y que abarca desde el cambio climático hasta la pobreza, la infancia y la mujer, se ha escrito y teorizado mucho. En el caso de España, el análisis de organizaciones como el Observatorio de la Sostenibilidad es amplio y detallado, desgranando meta a meta las carencias de un país, en esencia, profundamente insostenible. Que, por ejemplo, no ha abordado aún en serio una transición energética que descarbonice su economía y que cuenta con unos niveles de pobreza, desigualdad, exclusión social y precariedad alarmantes para todo Estado que se dice "desarrollado".