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La reforma de la ley audiovisual es una iniciativa que el Gobierno asumió como un mero trámite pero en cuyo desarrollo lleva arrastrando los pies tres años y en la que se ha limitado a trasladar una directiva europea. “Esta ley viene con prisas y hace dos años que debió empezarse el trabajo haciendo una reflexión profunda desde el ámbito de la cultura”, sostiene Manuel Chaparro, catedrático de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga.
El texto definitivo del anteproyecto aún no se conoce, sigue en manos del Ministerio de Economía —sin el enfoque cultural ni el de la comunicación, según sus críticos— y acumula tal retraso que Bruselas está a punto de aprobar sanciones que tendrá que pagar el Gobierno de España.
Todo empezó el 14 de noviembre de 2018. Ese día la Unión Europea aprobó su segunda directiva sobre prestación de servicios audiovisuales con el objetivo de coordinar las disposiciones legales de los estados miembros en esta materia. La primera directiva se aprobó en 2010 y entonces el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sí se dio prisa en trasponerla: apenas unos meses después vio la luz la ley audiovisual que todavía rige el sector en España. Ahora, en cambio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se lo ha tomado con calma. Y si se pregunta a expertos del sector, con ningún interés.
De ahí que el anteproyecto de ley, del que se conocen dos borradores pero que aún no ha llegado al Consejo de Ministros, apenas cambie el marco normativo que tanto favorece a los grandes operadores privados, entre los que destaca el duopolio formado por Mediaset y Atresmedia. Juntos controlan más del 80% de la publicidad audiovisual y más de la mitad de la audiencia, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Una concentración que también se da en la radio, con tres grupos que dominan casi toda la oferta —Atresmedia, Prisa y Cope, propiedad de la Iglesia católica— sin que a nadie parezca importarle.
Y en los planes del departamento de Nadia Calviño no está tomar medida alguna al respecto. Más bien al contrario: el borrador de la nueva ley prescinde de la creación del Consejo Audiovisual previsto en la ley vigente pero que nunca vio la luz. Un consejo independiente concebido a imagen y semejanza de los que funcionan en la mayoría de los países de nuestro entorno y que nunca tomó las riendas del sector audiovisual porque, según la mayoría de las opiniones recogidas por infoLibre, es lo último que desean los grandes operadores audiovisuales en España.
Ese enfoque, la ausencia de un Consejo Audiovisual, dejará definitivamente la supervisión del sector en manos de la CNMC y de Economía, que es quien asumirá el papel de regulador, lo que reduce a mínimos la capacidad de vigilar, por ejemplo, los contenidos de los operadores en materia de protección de menores, de respeto a la igualdad o de persecución de los mensajes de odio. Aspectos centrales de la legislación audiovisual en otros países.
“Una reflexión profunda era necesaria”, lamenta Chaparro. “El anteproyecto transpone la directiva europea y no soluciona problemas graves existentes en el audiovisual español, una consecuencia de la ausencia de una Autoridad Audiovisual y de mirar exclusivamente la rentabilidad económica”.
Para colmo, el debate político se ha centrado en otro sitio: la obligación de las plataformas audiovisuales —Netflix, Amazon Prime, HBOMax, Apple+, Disney+ o Filmin— de dedicar parte de su programación a emitir contenidos en las lenguas oficiales de España. Una reivindicación en la que se ha distinguido especialmente Esquerra —hasta el punto de hacer de ella una condición sin qua non para aprobar los Presupuestos de 2022— pero que apoyan socialistas de todos los territorios con lengua propia, desde Cataluña a Euskadi, pasando por Galicia, Illes Balears y la Comunitat Valenciana—, el PNV, EH Bildu, el BNG y hasta el PP gallego. hasta el PP gallego
El borrador de la ley, siguiendo la directiva europea, prevé que las plataformas estén obligadas a reservar un 30% de sus contenidos a obras europeas y fija que la mitad (el 15%) se pongan a disposición del público en castellano o en cualquiera de las lenguas cooficiales. Es ahí de donde nace la desconfianza de quienes defienden la normalización del uso del catalán, el euskera y el gallego: si no se fija un porcentaje específico para estas lenguas, que Esquerra quiere situar en el 7,5%, el peso del español acabará reduciéndolas al mínimo.
En un informe sobre los medios de comunicación, el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) calcfuló que plataformas como Netflix, Amazon Prime, HBO y Disney destinan apenas entre el 0,1% y el 1,3% a la lengua catalana. Marcos Maceira, el presidente da Mesa pola Normalización, la asociación que vela por la supervivencia del gallego, asegura que de los 25.872 títulos, entre series y películas disponibles en la principales plataformas, prácticamente todos cuentan con versión original subtitulada o doblada al español. En cambio sólo 25 están disponibles en gallego y ninguna cuenta con subtítulos en la lengua propia de Galicia.
Sin restar importancia a este asunto, expertos como Chaparro se quejan de que todo el debate esté centrado en él y que nadie se fije en los “problemas anteriores que se vienen arrastrando y que complican la situación”.
Los cambios del PP
“Lo poco que tenía de buena la ley de 2010 el PP se lo cargó con las modificaciones que hizo. Seguimos sin una autoridad audiovisual independiente, el PP metió sus competencias en el CNMC y las competencias reales vinculantes las sigue teniendo el ministerio. Y esto no cambia” con el proyecto que prepara Economía, a pesar de que la misma directiva que está en el origen de la reforma dice expresamente que los Estados se deben dotar de mecanismos de supervisión y control independientes:
“Los Estados miembros deben asegurarse de que sus autoridades u organismos reguladores nacionales sean jurídicamente distintos del gobierno. Sin embargo, esto no debe impedir a los Estados miembros ejercer la supervisión de conformidad con su Derecho constitucional nacional. Conviene considerar que las autoridades u organismos reguladores nacionales han alcanzado el grado de independencia necesario si tales autoridades u organismos, incluidos los que se constituyen como autoridades u organismos públicos, son funcional y efectivamente independientes de sus respectivos gobiernos y de cualquier otro organismo público o privado. Esto se considera esencial para garantizar la imparcialidad de las decisiones adoptadas por una autoridad u organismo regulador nacional”.
Tampoco cambia, para sorpresa de muchos tratándose de un Gobierno participado por el PSOE y Unidas Podemos, la modificación que introdujo en 2012 el PP para hacer posible la privatización del servicio público que prestan las televisiones autonómicas, que sigue apareciendo en el artículo 71 del último borrador conocido.
“¿De qué sirve que el espacio radioeléctrico sea público si los operadores pueden hacer negocio jurídico [comprar y vender a su antojo sus concesiones] al margen del Estado?”, se pregunta el profesor de la Universidad de Málaga. “Acabaremos como en Italia” se lamenta, “con todas las televisiones privadas en manos de una sola persona y apagando las televisiones públicas”.
No es esta la única cosa que los expertos echan en falta. El tema de la alfabetización audiovisual está “tomado con alfileres” a pesar de ser clave en las directiva europea. No hay interés en tocar los planes de estudios en infantil, bachillerato y en la universidad para que además de habilidades técnicas se fomente el “pensamiento crítico”. Tampoco se resuelve el problema del tercer sector, forzado desde hace décadas a emitir al margen de la ley.
Una “oportunidad perdida” que Chaparro achaca la dificultad para “revertir situaciones” como el dominio de los grandes operadores del espacio radioeléctrico. Algo para lo que sería imprescindible un consejo independiente, insiste, capaz de sacar a concurso las licencias una vez que van venciendo, porque “ningún Gobierno se va a enfrentar a ningún poder mediático”. Sin eso, concluye pesimista, “la ley tiene poco recorrido”. Y será “muy del gusto de la derecha”.
El 3,3% del Valor Añadido Bruto (VAB) generado por la economía en 2018 estuvo relacionado directa o indirectamente con los servicios de telecomunicaciones, mientras que el 1,1% de esta cifra dependía directa e indirectamente de la industria audiovisual. Ese año el 2,3% del empleo generado por la economía española dependió de forma directa o indirecta de los servicios de telecomunicaciones, 474.891 puestos de trabajo. El empleo generado por el sector audiovisual representaba en las mismas fechas el 1% del total de la economía española, según datos recogidos por un informe de las Cámaras de Comercio.
Los productores tampoco parecen a gusto con el proyecto de ley. José Nevado, director general de Productores Audiovisuales (PATE), sostiene que el borrador conocido difícilmente puede satisfacer las necesidades del sector. “Por un lado, la cadena de valor está muy escorada hacia el lado de los proveedores de servicios audiovisuales, donde hasta hace poco las televisiones privadas dominaban las negociaciones y el resto de agentes del sector han tenido que ir sacrificando su posición para garantizar sus beneficios, siendo realmente duros los últimos años en los que la publicidad ha migrado de pantallas”.
Tanto el talento como las empresas productoras han sido “forzadas a situaciones que hubieran causado un colapso si no llega a ser por la irrupción de las plataformas”, explica. “Esta irrupción ha dado oxígeno y viabilidad a la industria. Sin embargo, hemos aprendido la lección. Conocemos lo implacables que son las relaciones en estas cadenas de valor tan desequilibradas, y necesitamos una regulación que proteja a la industria. Y esto no es sólo un problema nacional, es europeo. El cambio del mercado del audiovisual de local a global ya no garantiza que los activos se queden en el país o al menos en Europa. Si sufrimos una nueva crisis”, advierte, “desapareceremos como industria”.
En los mínimos de Bruselas
Las exigencias de programación y financiación de obra europea “están en los mínimos que manda Bruselas”, denuncia. Los porcentajes de obligación en materia financiera varían en función del nivel de desarrollo. Por un lado, explica, se encuentran los países de “primer nivel”, como Francia, Italia, Alemania o Suecia, donde se encuentra España, “en los que la obligación media está en un 12%, con Francia a la cabeza con un 25% y nosotros a la cola con un 5%”. Y después el resto de países, donde por ejemplo está Portugal, con un 3%. “Esto refleja que no nos creemos el sector”.
Pero la diferencia, advierte, no está sólo en la cantidad invertida, sino en el tipo de inversión. “En los países más avanzados se garantiza que esa obligación se traduce en la propiedad intelectual de esos contenidos, que es la moneda de cambio, lo que garantiza que las productoras son empresas con proyección y capacidad de capear los periodos de crisis y no una industria frágil con un modelo puro de servicio”.
En el pasado, las obligaciones de inversión “trataban de evitar la concentración de poder en la cadena de valor de las televisiones privadas, que tuvieron acceso al espacio radioeléctrico sin tener que pagar un euro, al contrario que ocurre por ejemplo con los operadores de telecomunicaciones”. El objetivo era garantizar una industria de contenidos que pudiera “garantizar la diversidad, la pluralidad y la cultura europea”.
Ahora, en el nuevo proyecto, se trata de garantizar que en los nuevos proveedores, sobre todo los globales, se sigue garantizando que los ciudadanos tienen acceso a contenidos globales que reflejen la realidad y los temas locales. Las televisiones privadas lo cuestionan porque no se ponen unas cuotas más grandes a las plataformas, pero “la realidad es que ellas no utilizan el espacio radioeléctrico” y que “en la actualidad más que triplican esa inversión sin obligaciones”.
Para Nevado, la clave de la cuestión está en los mecanismos para aplicar las normas a las plataformas extranjeras. ”Los modelos de gestión y explotación de los derechos en el mundo sajón basados en el copyright y la visión europea de los derechos de autor nos lleva a que el encaje no sea tan sencillo”. Un país, explica, pone incentivos con el objetivo de crear empleo, fomentar el crecimiento de la industria y generar valor. “Y en el caso de esta norma nos vamos a quedar en el primer escalón a no ser que el gobierno empiece a confiar en su industria local. Este sector tiene unas reglas muy complicadas y es muy difícil regular”.
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El director general de PATE cree perfectamente viable proteger y promover las lenguas cooficiales en las nuevas plataformas, pero advierte: “Es la forma de hacerlo la que genera el desacuerdo. Si las historias son buenas, las barreras idiomáticas desaparecen, y de eso tenemos muchos ejemplos, Berlin Babylon en alemán, Baron noir en francés, Borgen en danés o últimamente El juego del calamar en coreano”. En ese caso, subraya, “hay que garantizar que lo que existe son las herramientas para crear el camino para que el talento las pueda contar y en eso las productoras son clave”.
Luego, recuerda, están los productos y las historias que tienen un carácter más cultural, que como en otras disciplinas hay que proteger para que existan, “como pasa con la ópera o el ballet clásico. Desde el punto de vista empresarial, si hay que producir en arameo, se hace, no genera ninguna diferencia en la viabilidad empresarial. Ahí no está el desafío. La clave es poder contar con los recursos para contar las historias que el talento quiere contar y que la gente quiere ver. Sin poder separar ambos factores”.
En esto Nevado no se resiste a hacer un símil con el mundo editorial. “Un escritor que tiene una buena historia publica en un gran sello y hay otro tipo de escritores que hacen autoedición y se imprimen y compran sus propios ejemplares. Pero a estos últimos, aunque son autores, no se les puede englobar en la parte de industria. Y no quiero que se me mal interprete y que se piense que estoy diciendo que se deberían explotar en YouTube o algo similar, pero tampoco creo que se tengan que crear productos que sean difíciles de explotar con presupuesto privado”.
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