Pedro Sánchez está a punto de finalizar su primer verano en la Moncloa. En septiembre, tres meses después de ganar la moción de censura presentada por el PSOE, comienza el nuevo curso político y una nueva temporada para el jefe del Ejecutivo. Durante estos más de 90 días no han faltado los intentos de desmarque de las políticas que llevó a cabo el PP durante los siete años y medio de Gobierno. Sobre todo, en el plano social.
Sirva como ejemplo la pretensión de aumentar el salario mínimo interprofesional, de aumentar los fondos para dependencia o de cumplir con las reivindicaciones que todos los lunes, incluido este último, han sacado a los pensionistas a las calles, principalmente de Bilbao.
La mayoría de movilizaciones sociales que levantaron dolor de cabeza al anterior Gobierno podrían seguir haciéndolo con el de Sánchez. Y es que gran parte de las reivindicaciones de los colectivos sociales continuarán después del verano, según han indicado los afectados a infoLibre.
1. La justicia se prepara para nuevas acciones
Los jueces y fiscales llevan años luchando, pero este pasado mes de mayo fue cuando sus reivindicaciones alcanzaron la mayor repercusión. El día 22 de ese mes, el 65% de los jueces y el 51% de los fiscales abandonaron los juzgados y salieron a las calles a reivindicar lo que llevaban tiempo reclamando: la mejora de la calidad de la justicia en España. Concretamente, sus reivindicaciones pasaban –y, de hecho, pasan– por el refuerzo de la independencia judicial, la modernización de la profesión –la adecuada integración de las nuevas tecnologías en los juzgados, que continúan realizando casi todos los trabajos en papel, según lamentaron– y unas condiciones profesionales dignas –la reforma salarial y la recuperación del régimen de vacaciones y permisos–.
La respuesta del Ministerio de Justicia a estas demandas era, según denunciaron, el silencio. Pero la llegada del PSOE al Gobierno lo cambió. Según cuenta Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, a infoLibre, ya ha habido una primera reunión con la nueva ministra, Dolores Delgado. Su nombramiento les dio esperanzas, puesto que ella misma vivió "en primera persona" las reivindicaciones de sus compañeros de profesión, según explicó el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez.
Pero el cambio, de momento, se ha quedado congelado. De la reunión no salieron acciones, tan solo palabras. “Nos dijeron que se convocaría una mesa de negociación este mes de septiembre y que la fecha estaría puesta antes de agosto. Ese ha sido el primer incumplimiento”, lamenta Prado. Y, como no quieren continuar con esta situación, la solución la ven clara: “Si en septiembre no hay algún gesto real o algo concreto, lo lógico, y lo hemos hablado las asociaciones, es continuar con las reivindicaciones”, señala. “Lo hemos dicho ya muchas veces. Nos da igual que sea el PP o el PSOE. Nadie nos hace caso”, sentencia.
2. Los funcionarios de prisiones se mueven en septiembre
Los sindicatos Acaip, UGT y CCOO convocaron para el pasado 24 de febrero una sonora manifestación en la que los funcionarios de prisiones protestaron contra la desigualdad salarial y la falta de personal que venían sufriendo desde hacía ya un año. Pero esa marcha era, tan sólo, el pistoletazo de salida a su lucha. “Las protestas se van a endurecer”, avisaba José Luis Pascual en aquel momento. Y se endurecieron.
Denunciaban que, ante lo que calificaron como desmantelamiento del sistema penitenciario, no tenían ninguna respuesta por parte de las instituciones. Y eso hizo que, a partir de ese día, se produjeran cada vez más protestas. Y ahora, después de verano, continuarán. Así lo anuncia Acaip en su página web, donde ya han publicado un comunicado bajo el título “Si no hay negociación, habrá movilización”. Llaman, de este modo, a que todos los funcionarios de prisiones acudan a la manifestación que, junto a USO, CCOO y UGT, han convocado en Sevilla el próximo 1 de septiembre.
La convocatoria tiene, dicen, un doble significado: “Rendir un homenaje a todas las compañeras y compañeros que han sido lesionados por las cargas policiales en las diferentes concentraciones [...] y que la Administración visualice con total claridad que vamos a seguir pidiendo lo que en justicia nos corresponde, sirviendo también como punto y seguido para retomar las movilizaciones suspendidas por la llegada del nuevo Gobierno”. La línea a seguir, por tanto, está clara.
3. Los interinos no esperan a final de verano
Ya anunciaron en el mes de mayo lo que ahora confirman: los trabajadores interinos continuarán sus movilizaciones. Empezaron a organizarse en el mes de enero del pasado año, cuando crearon la Plataforma de Interinos para luchar contra el “fraude de ley” que sustenta sus empleos, según explica Jorge Azón, portavoz de la organización y profesor en La Rioja. Pero, ¿qué reclaman exactamente? Poder acceder a un puesto fijo en la Administración a través del concurso de méritos y no mediante un proceso de oposiciones, como se contempla actualmente.
“En algunos campos, como en la educación, ha habido oposiciones recientemente y muchas personas se han ido a la calle directamente”, denuncia Azón. Lo que ocurre es que, según detalla, desde que se dieron transferencias a las comunidades, se han sacado muy pocas plazas y las que han salido se han cubierto con trabajadores temporales, que salen mucho más baratos. Según los cálculos realizados por CCOO, hasta el 70% de estos empleados públicos se encuentra en fraude de ley. Es decir, más de 450.000.
Por eso, avisa: “No vamos ni a dejar que llegue septiembre”, anuncia Azón. La primera acción llegará a finales de agosto. Consistirá, según adelanta, en una denuncia a la Inspección de Trabajo. “Es una acto más bien simbólico. Queremos demostrar que está muy bien que el Gobierno diga que quiere luchar contra el fraude en la empresa privada, pero el primer fraude lo hacen ellos”, critica.
4. Las camareras de piso, en pie de guerra
Las camareras de piso, más conocidas como Kellys, tampoco descansan. Ni siquiera en verano. Ni del trabajo ni de la lucha. Según avanza Eulalia Corralero, presidenta de Kellys Unión Catalunya, este sábado 25 de agosto convocaron varias manifestaciones a nivel estatal –como ya lo hicieron en 2017– para denunciar las condiciones abusivas de trabajo que soportan, sobre todo durante este mes. “Ahora ni siquiera disfrutamos de los días de descanso que marca el Estatuto de los Trabajadores. Muchas de nosotras acabamos de baja por la sobrecarga de trabajo y ni siquiera se encuentran trabajadoras para llevar a cabo ese trabajo”, denuncia.
Poco han avanzado desde que el pasado mes de abril se reunieran con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. “El PP ya no puede decir que no conoce nuestra situación”, dijeron a la salida del encuentro. Pero, sin embargo, ni el cambio de Gobierno ha cesado los oídos sordos que, hasta ahora, ha hecho el Ejecutivo con ellas.
“Se convocó la mesa de trabajo que nos prometieron en Moncloa”, afirma Corralero, “pero ahora está todo parado”. El objetivo era llevar a cabo reuniones con representantes sindicales de hostelería y con los responsables de salud laboral pero, en cambio, al preguntarle cómo se han desarrollado la respuesta es clara: “No nos mantienen informadas”. “Se habló del reconocimiento de tres enfermedades, pero todavía no hay nada firmado”, añade a infoLibre. Por eso, su solución ante este silencio es la misma: continuar en la lucha “hasta que se ponga freno a la explotación” que llevan “sufriendo las camareras de pisos desde hace décadas”.
5. Los pensionistas siguen en la calle
Si ha habido un colectivo constante en sus manifestaciones durante lo que llevamos de 2018, ese ha sido el de los pensionistas. Semana a semana, centenares de jubilados han salido a las calles de varias ciudades españolas, especialmente Bilbao, para reclamar unas “pensiones dignas”. La última protesta, sin ir más lejos, tuvo lugar este lunes 20 de agosto en la capital vizcaína. Miles de pensionistas vascos y otros llegados de territorios limítrofes –Álava, Gipuzkoa, Cantabria, Navarra, Asturias o Burgos– volvieron a gritar lo que adelanta que, por el momento, su protesta no cesa: “Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”.
Lo confirma Luki Gómez, portavoz de la Coordinadora de Jubilados, Pensionistas y Viudas de Barakaldo. No van a vaciar las calles hasta que consigan lo que reclaman. “Nuestras reivindicaciones son las mismas: una pensión mínima de 1.080 euros, la revalorización con el IPC y eliminar el factor de sostenibilidad”, aclara a este diario.
Una de las prioridades expresadas por la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, era derogar la reforma que acometió el PP en el año 2013 –una de las reivindicaciones, por cierto, de los pensionistas–, aunque el presidente del Gobierno dejó claro, justo antes de que triunfara la moción de censura que presentó el PSOE contra Mariano Rajoy, que no iban a poder “hacerlo todo”. Pero los jubilados quieren, precisamente, todo lo que piden. “Así no nos vamos a ir a casa, nos vamos a seguir movilizando”, anuncia Gómez.
De momento, la próxima gran concentración que tendrá lugar en Bilbao será el próximo 1 de octubre, coincidiendo con el teórico comienzo de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y del País Vasco.
6. Ryanair volverá a la huelga
Los paros que realizaron los tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair el pasado mes de julio no acabaron con un acuerdo satisfactorio para los trabajadores, pero sí les dio ánimos para continuar. Así lo explica a este diario Antonio Escobar, portavoz del sindicato Sitcpla. “Ahora los TCP no tienen miedo a convocar una huelga y hemos comprobado que juntos podemos cambiar las cosas”, celebra. Porque el acuerdo, todavía, está lejos.
“Son tozudos”, añade, porque no quieren ceder ante las reivindicaciones de sus trabajadores. En primer lugar, no quieren acabar con la subrogación, aquella práctica por la que varios trabajadores en un mismo avión están contratados por empresas diferentes; y, en segundo, porque las condiciones de trabajo se rigen por la legislación del país dueño de la empresa, Irlanda, y no por la de la nación donde se ha contratado al empleado.
“Nos separa un mundo muy grande”, lamenta Escobar. Por eso, ya anuncia que el próximo día 5 de septiembre, tras la reunión que mantendrán con la Dirección General de Trabajo –“que acabará sin acuerdo”–, convocarán una huelga la segunda quincena de septiembre, “probablemente a finales de mes”. Pero tampoco descartan otra. El día 20 del mismo mes hay Junta General de accionistas y, según Contreras, podría ser la oportunidad para preparar otro paro. “Todavía no lo hemos decidido”, afirma.
7. Los vecinos murcianos continúan en las vías
Ya son más de 340 los días que los vecinos de Murcia bajan de forma diaria de sus casas para asistir al paso a nivel de Santiago el Mayor para reclamar que la llegada del AVE no se produzca en superficie, sino soterrado. Y lo consiguieron en teoría el pasado 13 de julio, cuando el delegado del Gobierno, Diego Conesa, anunció que la alta velocidad llegaría a la ciudad bajo tierra y lo haría, además, en el segundo semestre de 2020.
Sin embargo, si bien apuntan a que este hecho les ha dejado “un buen sabor de boca”, se niegan a desconvocar las movilizaciones y a moverse del que ha sido escenario de sus protestas durante estos casi 12 meses. Así lo confirma Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento, en conversación con este diario. “Las concentraciones se han mantenido a diario, no hemos querido desconvocarlas por si alguien pensaba que abandonábamos la movilización y la demanda con el cambio de Gobierno”, afirma.
Lo han decidido así porque aún quedan cabos por terminar de atar. Saben que el AVE llegará soterrado y que el paso a nivel del barrio Santiago el Mayor solo permanecerá cerrado el tiempo exclusivamente necesario para realizar allí las obras. Pero, según Contreras, todavía están negociando algo: ¿cómo van a pasar los ciudadanos de un lado a otro de la vía cuando esté cerrado el paso a nivel? “Había una promesa que implicaba autobuses gratuitos para que la gente pudiera pasar de un lado a otro. Ahora tenemos que negociar esto con el Ayuntamiento”, aclara Contreras. Pero de momento, las vías seguirán ocupadas.
8. La justicia gallega, más calmada
Solchaga sostiene que los pensionistas "no tienen razón" porque "ninguno ha pagado lo que recibe"
Si bien a nivel estatal continúa la lucha de los profesionales de la justicia, los jueces y fiscales gallegos prefieren, por ahora, calmar las aguas. Así lo explica a infoLibre Constantino Novoa, portavoz de CCOO en el sector de justicia, quien afirma que no cree que se produzcan nuevas acciones “porque el objetivo principal está cumplido”. Pero les costó llegar a este punto.
El pasado 7 de febrero comenzó la que se convertiría en la huelga más larga que ha tenido lugar en Galicia y en la primera que afectó a la administración de su justicia. Las reuniones entre la Xunta y el comité de huelga –formado por SPJ USO, CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO– eran casi continuas, pero el acuerdo no llegaba. Y no lo hacía, fundamentalmente, por la falta de entendimiento en el plano salarial, precisamente, el único objetivo que los trabajadores no consiguieron con totalidad.
Aun así, como la última oferta realizada por la Xunta ya estaba muy cerca de lo reclamado, los sindicatos decidieron desconvocar el paro. “En eso consiste la negociación”, dijo entonces Novoa. Por tanto, no está todo conseguido, pero los ánimos, por el momento, parecen rechazar nuevas acciones de protesta. “En este momento yo creo que no se barajan nuevas acciones porque el objetivo principal está cumplido. De los cinco puntos, cuatro se cumplieron plenamente”, explica Novoa. Porque, además, las plazas de refuerzo, las sustituciones, las amortizaciones y las bajas por incapacidad temporal ya las tienen aseguradas.
Pedro Sánchez está a punto de finalizar su primer verano en la Moncloa. En septiembre, tres meses después de ganar la moción de censura presentada por el PSOE, comienza el nuevo curso político y una nueva temporada para el jefe del Ejecutivo. Durante estos más de 90 días no han faltado los intentos de desmarque de las políticas que llevó a cabo el PP durante los siete años y medio de Gobierno. Sobre todo, en el plano social.