La crítica situación de las residencias de mayores, convertidas en la zona cero de la pandemia en España, llega a la mesa del Defensor del Pueblo Andaluz. La Coordinadora Andaluza en Defensa del Sistema Público de Pensiones ha presentado una denuncia ante el Defensor, Jesús Maeztu, basada en la investigación desarrollada por infoLibre, para exigir que "se investiguen todas las residencias" de la comunidad, un total de 1.021, y se realice una "depuración de responsabilidades".
La denuncia, que incluye una queja por la escasez de datos oficiales precisos sobre enfermos y fallecidos en las residencias, está suscrita por más de 200 personas y a la misma se ha adherido también Marea Blanca.
La Coordinadora cita las siguientes informaciones de este periódico, que afectan a algunos de los grupos más relevantes del sector:
– El mapa de la muerte de la multinacional DomusVi: más de 150 mayores fallecidos en ocho de sus residencias [ver aquí].
– 82 Administraciones alimentan con dinero público la expansión de la multinacional de las residencias DomusVi [ver aquí].
–Los dueños de las residencias Vitalia se esconden tras una trama societaria que pasa por Holanda, Luxemburgo y Jersey [ver aquí].
"Las residencias donde se ha registrado mayor incidencia del coronavirus y de fallecimientos son el centro Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache, DomusVi Santa Justa, otra residencia de Lebrija y una de Arahal. La semana pasada, la Junta admitió 24 ancianos muertos a causa del covid-19 en el centro de San Juan de Aznalfarache y 12 en el de Sevilla capital", señalan los denunciantes. Y añaden: "Los sindicatos, los trabajadores y los familiares coinciden en criticar el oscurantismo por parte de la Administración y la falta de claridad en la información que se suministra desde los centros de mayores. Su temor no ha hecho más que avivarse, tras conocer la noticia de otros 21 muertos en el centro de mayores de Cáxar de la Vega, en Cájar, Granada, 11 de ellos por covid-19, y ocho en la residencia de DomusVi en Sevilla".
La Coordinadora reclama una clarificación de los datos exactos de enfermos de coronavirus y fallecidos con el virus en las residencias andaluzas. El pasado 7 de abril, con datos de la Junta facilitados a Europa Press, eran 162 fallecidos, un 30,6% del total en la comunidad.
Iglesias afirma que las residencias han puesto sobre la mesa el "problema de la privatización y la precariedad"
La denuncia, que sugiere estudiar las medidas de gobiernos como el danés, que excluyen a empresas en paraísos fiscales de determinadas ayudas públicas, se apoya en normativa nacional e internacional para sustentar su solicitud de investigación. También hace una consideración de carácter general, al defender la inclusión de las residencias de mayores en el Sistema Nacional de Salud. "La definición de criterios, estándares de calidad, ratios de personal, cartera básica de servicios, indicadores de salud, accesos a estos servicios y objetivos generales han de estar definidos en sus líneas generales desde el Sistema Nacional de Salud", señala la denuncia, presentada por Francisco Tejada, miembro de la Coordinadora.
Los denunciantes instan al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, a "investigar todas las residencias de la comunidad autónoma", al margen de que haya diligencias abiertas en diferentes fiscalías, y "exigir a los organismos competentes la depuración de responsabilidades", si las hay.
"Del mismo modo", añaden los denunciantes, "solicitamos que se dicten las recomendaciones que en derecho procedan para que la situación actual de privatización de los servicios y su gestión, que tan nefastos resultados ha producido, se revierta". La queja también propone al Defensor atender a una representación de la Coordinadora, Marea Blanca e Izquierda Unida –que cuenta con numerosos militantes en la Coordinadora– para exponer todos los detalles.
La crítica situación de las residencias de mayores, convertidas en la zona cero de la pandemia en España, llega a la mesa del Defensor del Pueblo Andaluz. La Coordinadora Andaluza en Defensa del Sistema Público de Pensiones ha presentado una denuncia ante el Defensor, Jesús Maeztu, basada en la investigación desarrollada por infoLibre, para exigir que "se investiguen todas las residencias" de la comunidad, un total de 1.021, y se realice una "depuración de responsabilidades".