La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal obligará a proteger la imagen, el honor y la intimidad de los detenidos en el momento en que se practique su arresto y en los traslados posteriores, con la intención de "asegurar el respeto a sus derechos constitucionales".
La norma incluirá esta nueva previsión después de que el PP haya transaccionado una enmienda presentada por CiU en el Congreso de los Diputados. El grupo catalán iba un paso más allá y exigía a las autoridades públicas "evitar la exposición al público" del arrestado.
El inciso al artículo 520 propuesto por el PP no concreta, sin embargo, qué medidas deben adoptarse en las detenciones y desplazamientos y deja en manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado las prevenciones a adoptar para cumplir la ley y evitar lo que se ha dado en llamar pena de Telediario.
"Respeto a la dignidad"
CiU proponía que los agentes estuvieran obligados a proporcionar "un trato digno y respetuoso con los derechos fundamentales, tanto en el momento de efectuarse la detención como en los traslados a dependencias judiciales, cuarteles o centros de internamiento garantizando en todo momento el respeto a la dignidad de la persona detenida".
Además, pedía preservar la presunción de inocencia y que "durante las diligencias policiales las autoridades públicas eviten la exposición al público del detenido de acuerdo con los principios de proporcionalidad y seguridad". También reclamaba que se "respete la confidencialidad de las comunicaciones entre sospechosos o acusados y sus letrados", evitando "filtrar o difundir datos o imágenes a terceros o a medios de comunicación".
División entre periodistas, sindicatos y asociaciones
Contra esta medida se han pronunciado la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que ha rechazado la enmienda del PP al entender que vulnera el derecho constitucional a la información. "Lo que pretende es ocultar a los ciudadanos las imágenes de hechos de interés general", ha señalado.
"Cuando la policía detiene a alguien, bien por orden de un juez o por la comisión de un delito in fraganti, está defendiendo la seguridad de los ciudadanos, por lo que no se entiende que se pretenda ocultar la toma de imágenes de un hecho que, por afectar a la seguridad de todos, es de interés general", ha explicado la asociación, que ha instado tanto al PP como a CIU para que "recapaciten" y retiren la enmienda.
En esta misma línea, UGT ha mostrado también su rechazo al entender que debe predominar el derecho a la información. "Cuando hay una colisión entre dos derechos fundamentales como el del honor y la intimidad, por un lado, y el de la información por otro, entendemos que debe predominar el derecho colectivo", ha apuntado.
En este sentido, el portavoz estatal de la agrupación de periodistas del sindicato, Mariano Rivero, ha explicado en declaraciones a Europa Press que se guían por el criterio del Tribunal Constitucional, que considera un derecho individual el del honor y colectivo el de la información. "De llevarse a cabo supondría un ataque a la libertad de información", ha añadido.
La pena de Telediario
Por el contrario, la presidenta de la Federación de la Asociación de Periodistas en España (FAPE), Elsa González, ha solicitado tanto a los periodistas "ejercer con ética" la labor informativa, como al Gobierno "facilitar" su trabajo a los medios de comunicación.
"Recientemente hemos visto a personas que después de ser imputadas, han salido limpias del proceso judicial y ya han sufrido esa denominada pena de telediario. En todos los aspectos hay que ser responsables, pero los periodistas deben de cumplir el código deontológico y ser muy cuidadosos para no atentar contra el honor de las personas", ha señalado en declaraciones a Europa Press.
Mientras, el presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), sí entiende necesario "encontrar el equilibrio" cuando se produce esa colisión de derechos. "Lo que hay que determinar es dónde está la relevancia informativa en estos casos y si se hace sensacionalismo o espectacularizar la realidad en lugar de dar información", ha indicado.
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El mal menor
En cualquier caso, Perales ha reconocido que "siempre se preocupa" por cualquier tipo de restricción que se le quiera hacer a los medios a la hora de realizar su labor. "Puestos a elegir el mal menor, yo siempre apostaría por la libertad de los medios para elegir contenidos", ha resaltado.
Por último, el portavoz de la Asociación de Telespectadores y Radioyente (ATR), Mariano González, ha calificado como "tema complicado" esta decisión, ya que "las dos partes tienen sus derechos". "El periodista y la sociedad tienen que saber quiénes son los detenidos y esas personas tienen el derecho a su imagen, que a veces se ve dañada", ha señalado.
La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal obligará a proteger la imagen, el honor y la intimidad de los detenidos en el momento en que se practique su arresto y en los traslados posteriores, con la intención de "asegurar el respeto a sus derechos constitucionales".